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Batres declina “penalizar” conflicto

  • Prefiere litigar en Morena
  • “Chuchineros”, como en PRD
  • Imprecisiones de Sánchez Cordero 

Julio Hernández López

Ayer, Martí Batres Guadarrama partidizó aún más lo que en un principio pudo haber parecido un problema democrático de espectro más amplio: desplazado de la presidencia de la mesa directiva del Senado por un grupo que tiene como cabeza a Ricardo Monreal, Batres prefirió llevar su queja ante la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia del partido Morena, en lugar de presentarla ante instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde sus alegatos podrían haber sido analizados sin la carga grupal o facciosa que de manera natural implica la vida interna de cualquier partido.

Las sonoras acusaciones de Batres incluyeron la acusación de que algunos de quienes votaron en su contra habían recibido “cañonazos” (en el sentido de entrega de dinero a cambio del sufragio, según suele utilizarse dicho sustantivo en la jerga política mexicana). Sin embargo, quien ha ocupado todas las franjas de los asientos legislativos y ha presidido su propio partido, Morena, se negó a avanzar en el camino que habría parecido casi obligado: “No me interesa penalizar el tema. Cada quien conoce las historias y cada quien en su momento contará su historia, eso lo dejo ya al ejercicio de cada uno de los compañeros y compañeras. Lo que me haya comentado tampoco estoy yo autorizado para reproducirlo, entonces ya cada quien tendrá que decir cuál es su experiencia”.

El conflicto interno en el Senado ha sido colocado, de esta manera, en el terreno de las convulsiones de tipo futurista en Morena, donde pelean Yeidckol Polevnsky contra el citado Monreal y, en un tono aún ligeramente menor, con Mario Delgado y Bertha Luján. Polevnsky se bate contra quienes buscan influir en la redacción de la convocatoria a elegir dirigente, en noviembre próximo, en la organización de esos comicios y en la definición del número de votantes que podrían participar.

A muy temprana hora, con un presidente de la República que enfrenta embates cada vez más fuertes de sus opositores, los cuales siguen siendo minoría evidente pero cada vez se enervan más y se preparan para subir de tono sus ataques, el partido Morena vive situaciones que hacen recordar los “chuchineros” clásicos del Partido de la Revolución Democrática, con grupos y corrientes en confrontación escandalosa por cargos y posicionamientos, aunque los discursos, incluyendo el del propio López Obrador, digan y propongan lo contrario.

La imprecisión declarativa de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, propició ayer que corriera una primera versión periodística en la que aparecía el gobierno federal en condición de presunto negociador con el crimen organizado para alcanzar acuerdos de paz. En realidad, la senadora y notaria, con licencia en ambos casos, había dicho durante una alocución en el marco de una reunión de la Alianza para el Gobierno Abierto que  quería compartir a la audiencia “que hemos estado en zonas de Guerrero, Tamaulipas y La Huacana, en Michoacán, tratando y conviviendo para poder avanzar en la pacificación del país que entre otras cuestiones, que es muy importante; ya estos grupos que al final del día se han estado combatiendo unos a otros, y han estado cometiéndose los homicidios de un grupo contra los otros. Pues ya no quieren más muerte, ya quieren avanzar hacia la paz y no quieren ya estar en esta situación que en este momento se encuentran”.

Luego de ese discurso, Sánchez Cordero declaró en breve entrevista, en la cual se le preguntó específicamente si se estaba negociando con grupos del crimen organizado, por ejemplo en Guerrero: “No. Estamos dialogando, ahorita. Estamos dialogando con muchos grupos, y nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia. Ellos quieren deponer las armas y caminar hacia la paz”. Más tarde, la oficina de prensa de Gobernación emitió un comunicado para precisar que la secretaria no se había referido a entendimientos con grupos dedicados al tráfico de drogas y a otros crímenes.

La corrección oficial a las imprecisiones de la secretaria Sánchez Cordero se expresó en un comunicado de prensa que señala: “La Secretaría de Gobernación informa que las supuestas expresiones de su Titular, Olga Sánchez Cordero, en relación a una supuesta intención de diálogo del Gobierno Federal con  bandas del crimen organizado, son falsas, producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la secretaria de Gobernación, en las que expresó la voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de autodefensa, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país, el desarme de esas organizaciones y de quienes las integran, para beneficio de sus comunidades y municipios. El Gobierno Federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado”.

Las protestas de mujeres en días recientes en la Ciudad de México han puesto de manifiesto un ánimo sumamente agresivo contra movilizaciones y acciones de quienes sistemáticamente han sufrido acoso, abuso, lesiones e incluso la muerte en un esquema de indolencia gubernamental generalizada y de impunidad para los agresores. Más que en vidrios rotos, paredes pintadas, mobiliario destrozado y diamantina arrojadiza, lo que está en el fondo es una injusticia institucionalizada que ahora está siendo denunciada enérgicamente, incluso con discutibles expresiones de violencia, en busca de atención y soluciones verdaderas.

Y, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) asegura que Carlos Ahumada no ha cubierto los adeudos fiscales con México por los cuales se pidió su extradición de Argentina (pedido que se mantiene, según la citada fiscalía), ¡hasta mañana! 

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.