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Brilla la opacidad de México en #Río2016

Renata Terrazas*

Es complicado escapar a la vorágine de los juegos olímpicos, aún cuando al tiempo que estos suceden en México continuamos enfrentando los efectos de un régimen que acentúa la desigualdad mediante la criminalización de la pobreza y la pretensión de disminuirla con cifras amañadas al tiempo que perpetua los esquemas políticos para favorecer la acumulación de capital desde la comisión de actos de corrupción.

Y es que la propia participación de México en las olimpiadas no ha podido escapar del lastre que arrastramos y que parece estar alojado en el corazón mismo de nuestros sistemas político, económico y social. La participación de nuestros atletas se ha visto eclipsada por los escándalos de corrupción del propio titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y de las relaciones clientelares que parecen asomarse entre la comisión y las federaciones deportivas.

Porque ha quedado claro que la corrupción en México permea cada aspecto de nuestras vidas, y el deporte no es la excepción. En cada espacio donde se ejercen recursos públicos se abre la posibilidad de manejarlos con total discrecionalidad, a favor de unos pocos, para la perpetua recreación y permanencia de cuotas de poder.

El resultado, en este caso, es evidente: un pobre desempeño de la delegación mexicana en los juegos olímpicos que no puede recaer exclusivamente en los atletas los cuales, como se ha demostrado, han llegado aun a pesar del propio gobierno.

Al parecer se le pedirá al titular de la Conade, Alfredo Castillo, comparecer ante el Congreso dado el deficiente desempeño de nuestros atletas. Como es sabido, las comparecencias forman parte de un mecanismo pobremente diseñado de rendición de cuentas desde el cual los legisladores pueden llamar a titulares del Ejecutivo para que respondan a cuestionamientos sobre su desempeño y toma de decisiones.

La pobreza de este mecanismo se debe a su diseño y a la implementación del mismo. Llamar a comparecer es más un juego político en donde parece que se pone atención sobre una problemática, pero que termina siendo un espectáculo donde nada sucede más allá de un intercambio de comentarios o preguntas que suelen ser nota periodística al día siguiente.

¿Podría ser un mecanismo más eficiente? Sin duda, y un ejemplo lo dan los regímenes parlamentarios en donde el mecanismo puede derivar en la remoción de los titulares de dependencias. Para el caso mexicano, en la medida que no existan sanciones que acompañen al mecanismo, éste queda a medias, sin lograr una verdadera rendición de cuentas.

El Legislativo tiene otra facultad que podrá llevar a cabo: auditar el ejercicio de los recursos públicos desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al parecer hay intenciones de que así suceda, lo que eventualmente podría derivar en el establecimiento de sanciones derivadas del mal uso del mismo.

Como sabemos, el problema al cual nos enfrentamos es la aplicación de los mecanismos señalados, más allá de su diseño y alcances legales. Es decir, al día de hoy, el seguimiento de casos de corrupción o procedimientos para fincar responsabilidades entre altos funcionarios, sigue siendo un acuerdo entre élites políticas donde sólo son castigados aquellos que caen de la gracia de las cúpulas.

A Castillo lo precede un caso de corrupción de gran envergadura que el propio presidente del Ejecutivo Federal dejó pasar, para beneficio de los suyos. El caso de la niña Paulette sigue sin resolverse, a los ojos de una sociedad cada vez más descontenta y atenta de la realidad del país.

Porque la realidad es que no podemos escapar de la vorágine de los juegos olímpicos, pero menos hemos podido escapar del lastre de la corrupción e impunidad que empañan los aspectos más nobles de nuestra sociedad.

Para el caso de su desempeño al frente de la Conade, Castillo deberá responder sobre un exorbitante ejercicio de recursos en comunicación social frente a un disminuido presupuesto para apoyar a nuestros atletas. Sin embargo, cabe recordar que el primer acto de corrupción de un funcionario es ocupar un cargo para el que no está preparado.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación