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Congreso: otra decepción

Decisión respecto al fuero va para largo
A Barrera Guillén, sugerencia incompleta

“No esperaba nada de ustedes y aun así lograron decepcionarme”, dice una conocida e hilarante imagen de esas que circulan en Internet bajo el nombre de “memes”. La frase resume correctamente lo ocurrido ayer en el salón Manuel Gómez Morín de la sede del Congreso del Estado en el que se reunieron diputados de las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación para discutir y postergar la eliminación del fuero.

A la cita llegaron puntuales tanto los legisladores como grupos de ciudadanos, representantes de empresarios y comerciantes. Durante la sesión casi todos los representantes populares hicieron uso de la voz para externar su supuesto compromiso con las demandas de la ciudadanía. Era evidente que a muchos de ellos les urgía parecer distintos; limpios o menos sucios, según de dónde se mire.

El único en desacuerdo con discutir la eliminación del fuero fue el diputado del Partido del Trabajo, José Belmares Herrera. En repetidas ocasiones levantó la mano para intentar convencer a sus compañeros de que era “muy apresurado” pronunciarse sobre ese asunto. El público presente comentó que la negativa de Belmares no era gratuita; sino motivada por el temor a ser sometido a varios procedimientos penales por apropiarse de terrenos detrás del Parque Tangamanga II.

Como sólo estuvo a consideración la iniciativa presentada por Óscar Vera, los integrantes de las comisiones aprobaron adicionar modificaciones al dictamen para turnarlo a la Comisión de Gobernación para que ésta la analice en conjunto con el resto de iniciativas que han sido entregadas al Congreso local. Será este día cuando se resuelva cuál será el destino del fuero de los tres poderes del Estado.

Entre la ciudadanía prevalece la desconfianza por los rumores que existen en torno a que los legisladores le respetarían el fuero al gobernador. Todo es posible si proviene de esta Legislatura; sin embargo, no parece que vaya a ser el caso. Si excluyeran el fuero del Ejecutivo de la propuesta para eliminar ese privilegio terminarían de hundir su barca electoral y arrastrarían a Juan Manuel Carreras López a un conflicto mediático en el que parece que no tiene interés de involucrarse.

Si esta mañana las cosas salen como las esperan los ciudadanos deberán esperar sentados para festejar su nueva victoria. El coordinador de los priístas en el Congreso, Fernando Chávez Méndez, ya adelantó que tardarán, si bien les va, un mes para oficializar la reforma constitucional contra el fuero.

Si logran ponerse de acuerdo este día, la próxima semana podría incluirse en la gaceta parlamentaria y someterlo a votación en el Pleno del Congreso. Si ahí lo aprueban, tendrá que ser enviado a los cabildos de los 58 municipios para que resuelvan en sentido afirmativo o negativo. Suponiendo que hay consenso favorable en los ayuntamientos, se regresaría al Congreso para su publicación en el Periódico Oficial.

Mientras esperan a que ese milagro suceda, Manuel Barrera Guillén continuará evadiendo a sus detractores y a los medios de comunicación, pues líderes empresariales y activistas anunciaron que continuarán exigiendo la salida del diputado, por presuntamente formar parte de la llamada “ecuación corrupta”. A ese reclamo, aunque en tono de sugerencia, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, consideró que Barrera Guillén debe pedir licencia mientras las autoridades investigan y determinan si participó o no en la red de corrupción.

El sacerdote le puso de ejemplo al diputado que cuando se presentan denuncias en contra de curas, la Iglesia los separa temporalmente. Algunos hasta aprovechan la separación de sus funciones para darse a la fuga y gozar de la impunidad, pudo haber comentado Priego Rivera para darle más confianza a Barrera, pero no lo hizo.

En lo que Barrera Guillén decide si se va a disfrutar de los millones que ha acumulado al brincar de puesto en puesto desde hace 15 años, el Congreso del Estado pidió a la Auditoría Superior de la Federación que le recomiende un despacho privado que pueda revisar los cuestionados trabajos de la Auditoría Superior del Estado.

Lo correcto, para garantizar un mínimo de credibilidad, sería que la propia Auditoría Superior de la Federación se encargara de analizar las cuentas públicas que hoy están en duda por el escándalo de corrupción en lugar de gastar recursos en la contratación de un grupo particular.

(Redacción: Jaime Nava)