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Federico Anaya Gallardo
La semana pasada, querida lectora, hilamos sobre la aguda crítica de Pedro Mellado Rodríguez contra los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Vimos cómo un mecanismo que supuestamente despolitizaría las designaciones ha sido capturado por las élites de los partidos políticos en el Senado. Lo que poca gente recuerda es que todos y cada uno de los actuales magistrados pasaron por una terna aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pese a que las y los ministros de nuestro máximo tribunal controlan la formación de las ternas para nombrar magistrados en las salas regionales y superior del TEPJF, sólo tres de los siete magistrados de la sala superior designados en 2016 provenían de la carrera judicial: Felipe Fuentes Barrera (n.1961), Indalfer Infante Gonzáles (n.1964) y Felipe de la Mata Pizaña (n.1972). Las dos mujeres de este tribunal, Janine Otálora Malassis (n.1958) y Mónica Aralí Soto Fregoso (n.1970) provenían de la burocracia electoral: Otálora del propio TEPJF (aunque había sido secretaria en el poder judicial) y Soto de la estructura territorial del IFE. Los otros dos magistrados designados en 2016 no tenían antecedentes ni judiciales ni electorales. Reyes Rodríguez Mondragón (n.1974) y José Luis Vargas Valdez (n.1972) hicieron ambos carrera en el poder ejecutivo con temporadas ocasionales en el IFE.
Veamos con más detalle sus biografías.
El magistrado Fuentes Barrera (n.1961) empezó su carrera judicial en 1991, cuando tenía treinta años y antes de la reforma judicial de Zedillo. Fungió como secretario en los circuitos judiciales de Veracruz, Jalisco y el Distrito Federal. Para 1997 era secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ganó el cargo de juez de distrito por oposición en 1998, y sirvió en juzgados de Tabasco y el Distrito Federal. En 2000, otra vez mediante concurso, llegó a ser magistrado de circuito. Fue ratificado en 2006 (ganando su definitividad). Llegaría a ser presidente de tribunal colegiado en materia administrativa. En los tres sexenios de la alternancia (Fox, Calderón y Peña) este magistrado hizo buenas migas con el poder ejecutivo. En 2014, cuando murió el ministro Sergio Valls Hernández, el presidente Peña Nieto lo incluyó en la terna para nombrar a su reemplazo. Aparte de Fuentes Barrera, conformaban la terna Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Medina-Mora Icaza (quien ganó la designación). Dos años más tarde, la Corte le incluyó en una las siete ternas para renovar el TEPJF. Proceso señaló su liga con el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes. (Liga 1.)
El magistrado Infante Gonzáles (n.1964) es un abogado guerrerense que inició carrera judicial antes de la reforma zedillista de 1996, elevándose de actuario judicial en un distrito en su estado natal a secretario de estudio y cuenta en la primera sala de la Suprema Corte. Entre 1996 y 2006, mediante concursos de oposición ganó plaza como Juez de Distrito primero y luego como Magistrado de Circuito, obteniendo su definitividad. En 2007 entró al Consejo de la Judicatura Federal, adonde presidió la comisión de carrera judicial. Allí estaba cuando la Suprema Corte lo incluyó en una las ternas para magistrado electoral de la sala superior del TEPJF.
Contrario a los dos anteriores, el magistrado De la Mata Pizaña (n.1972) inició su carrera judicial en el propio tribunal electoral. En 1997 fue secretario auxiliar de secretario proyectista en una sala regional del recién fundado TEPJF y trece años después (2011) ya era coordinador de asesores de la sala superior. Entre 2013 y 2014 fue secretario general de acuerdos de esa sala superior. Es en este tiempo en que se ligó al magistrado electoral Alejandro Luna Ramos (hermano de Margarita, ministra de la Corte). En 2014, la Corte le propuso y el Senado lo nombró magistrado en la sala regional especializada del tribunal. Dos años más tarde, en 2016, fue electo para nueve años como parte del tercer TEPJF.
La magistrada Otálora Malassis (n.1958) se incorporó al poder judicial federal luego de la gran reforma de Zedillo de 1996 y durante una década fue secretaria técnica de ponencia. No avanzó a juzgado de distrito ni a magistratura de circuito; sino que se incorporó como secretaria instructora en la ponencia del magistrado electoral Manuel González Oropeza –miembro del segundo TEPJF formado luego del fraude electoral de 2006. Cabe señalar que González Oropeza formaba parte del polo progresista de ese tribunal y que fue quien propuso anular por segunda ocasión las elecciones de gobernador en Colima (2015). Sin embargo, hay que aclarar que González Oropeza (hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) ha estado ligado por muchos años al priísmo del Estado de México. Mellado nos reportó este año que Otálora fue cuota del PRD (Alejandra Barrales) y del PAN (Luisa María Calderón).
La magistrada Soto Fregoso (n.1970) hizo una larga carrera (trece años, de 1994 a 2007) en el Instituto Federal Electoral (IFE) en Baja California Sur, Jalisco y Campeche. En 2007 ingresó como magistrada al tribunal electoral estadual de Baja California Sur –designada por una legislatura estadual dominada por el PRD. Seis años más tarde, en 2013, la SCJN la propuso y el Senado la nombró magistrada electoral en la sala regional del TEPJF en Guadalajara. En 2016 la Corte y el Senado la nombraron magistrada de la sala superior. Mellado nos reportó que Soto fue cuota del PRI (Gamboa Patrón).
El magistrado Vargas Valdez (n.1972) inició su carrera pública en 1996, a los 24 años, como asesor del consejero electoral Juan Molinar Horcasitas en el “IFE bueno”. Molinar se decantaría luego a derechas y sería el director general del IMSS bajo el presidente Calderón cuando la tragedia de la Guardería ABC. Vargas, egresado del ITAM, y quien empezó su carrera en el campo panista, regresó al “IFE malo” como asesor del consejero presidente Luis Carlos Ugalde Ramírez en 2005-2006 y luego pasó al TEPJF como secretario instructor en la sala superior en 2006-2007. (Liga 2.) Vargas no había cambiado de campo: recordemos que el “mal IFE” se inclinó por el panista Calderón. Como premio a su lealtad, Vargas pasó la primera mitad de la segunda administración presidencial panista en el CISEN (2007-2010) que dirigía Guillermo Valdés Castellanos. Y, en 2010, del CISEN pasó a ser el titular de la FEPADE en la PGR –que entonces era un nombramiento presidencial. Estando allí ocurrió su caída en el camino a Damasco, pues en 2011 Vargas se negó a apoyar a la candidata panista al gobierno de Michoacán (Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa) y en 2012 abandonó la Administración Pública federal. (Liga 3.) De 2012 a 2016, Vargas litigó a favor de los candidatos priístas en Sonora y Colima. Sus nuevos amos le premiaron y en 2016 apareció en una de las ternas para magistrado electoral en la sala superior del TEPJF.
Finalmente, el magistrado Rodríguez Mondragón (n.1974), nunca tuvo carrera judicial ni se especializó en materia electoral. Abogado por el ITAM, inició muy joven su carrera administrativa en la secretaría de Reforma Agraria de Arturo Warman (Administración Zedillo). Luego fue asesor del oficial mayor de la secretaría de Gobernación. Casi todo el sexenio de Fox se refugió en la academia (en el CIDE), hasta que en 2005 lo contratan como asesor en comunicación social de la Presidencia de la República. De allí pasó al IFE, adonde colaboró con el consejero Benito Nacif Hernández entre 2008 y 2011 –año en que retorna a la Presidencia de la República como asesor del secretario particular de Calderón, Roberto Gil Zuarth. Como Gil Zuarth se volvió senador en 2012, Rodríguez Mondragón pasó a la cámara alta y allí, en 2013, fue nombrado magistrado electoral en la sala regional de Monterrey. Tres años más tarde, el mismo Senado lo hizo magistrado de la sala superior para el periodo de 2016-2025.
¿Qué nos dicen estos esbozos biográficos?
Primero, que aunque la carrera judicial no es indispensable, sí pesa. A los tres magistrados electorales que antes fueron magistrados de circuito en el Poder Judicial Federal (Fuentes, Infante y De la Mata), podríamos agregar a Otálora –quien estaba como secretaria en la Suprema Corte antes de irse al equipo de González Oropeza. Eso elevaría a cuatro los magistrados electorales con carrera judicial.
Segundo, por encima de la carrera judicial, importan los contactos personales. Las biografías de los cuatro magistrados electorales con carrera judicial así nos lo muestran.
Mellado nos reportó que Fuentes era apoyado por el consejero jurídico de Peña Nieto (Castillejos). La confirmación de esto es que, antes de ser designado magistrado electoral, Fuentes fue parte de una terna para designar ministro de la Suprema Corte –que es formada por la Presidencia. Que Peña incluyese a Fuentes en su terna de 2014 y que Fuentes apareciese en la terna de la Suprema Corte en 2016 nos indica cierto nivel de coordinación entre la última Presidencia priísta y el máximo tribunal.
Igualmente, podemos sospechar que la década de Infante en la comisión de carrera judicial del Consejo de la Judicatura pesó más que su vocación o compromiso en materia electoral. Lo mismo podemos suponer de la liga entre De la Mata y los hermanos Luna Ramos (él magistrado electoral y presidente del TEPJF; ella ministra de la Suprema Corte). En el mismo sentido, Otálora debería su nombramiento a la influencia de González Oropeza –del mismo modo que este debió el suyo al apoyo del priísmo mexiquense.
Tercero, los senadores están atentos al desempeño previo de las y los candidatos a magistrados electorales. El caso de Soto es probablemente la mejor muestra de ello. Originalmente se trataba de una profesional electoral formada en el IFE, pero en 2007 logró su primer cargo como juzgadora electoral gracias al apoyo de la tercera legislatura dominada por la izquierda de Baja California Sur. Soto estuvo en el tribunal sudbajacalifornio en las elecciones estaduales intermedias de 2008 –cuando el PRD ganó por cuarta ocasión la Legislatura– pero también en la elección de gobernador de 2011 –cuando el PAN se llevó el poder ejecutivo y la mayoría del congreso. En esa legislatura el PRD se desbarrancó a tercer lugar, pues la segunda fuerza parlamentaria fue el PRI. Es probable que en 2013, cuando la Suprema Corte propuso a Soto para magistrada electoral regional, el PRI y el PAN hayan visto con buenos ojos los resultados de la segunda alternancia sudbajacalifornia. Tal vez por lo mismo es que el senador priísta Gamboa la consideró una buena opción en 2016.
Las carreras de Vargas Valdez (CISEN calderonista, defensor de priístas en el Peñato) y de Rodríguez Mondragón (asesor del panista Gil Zuarth) nos muestran más claramente cómo es que deben hacerse méritos políticos en un sistema pluralista dominado por élites. Estos dos casos también nos muestran lo vulnerable que es el mecanismo de designación. ¡¿Cómo se le ocurrió a las y los ministros de la Suprema Corte incluir a este par en sus ternas de 2016?! Recuerda, lectora que Vargas y Rodríguez han sido el centro de dos tormentas institucionales graves en el tribunal. A Vargas la prensa lo recuerda como el “magistrado billetes” por serias acusaciones de corrupción en su contra, que llevaron a la mayoría de sus colegas a decidir su destitución como presidente del TEPJF en 2021. A Rodríguez lo acaban de sacar de la presidencia del tribunal sus pares –acusado de permitir que despachos privados se inmiscuyan en la resolución de casos.
¿Ahora entiendes, lectora, por qué López Obrador propuso que cambiáramos el mecanismo de designación? Una elección popular, a partir de sesenta candidatos propuestos de modo transparente por el Congreso, la Corte y la Presidencia, no puede ser peor que lo que acabamos de comentar. ¿Por qué las élites se oponen a esto? Porque no quieren perder el control oscuro que ejercen hoy en día en las designaciones de los magistrados electorales.
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