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Contundente rechazo a restructurar la deuda estatal

María Elena Yrízar Arias

Comprendemos que vivimos tiempos difíciles en varios sentidos, hay pandemia del Covid-19 que desafortunadamente ha aumentado los contagios, también sigue creciendo el desempleo y hasta el temblor de anteayer provocó una grieta en el suelo, de aproximadamente 60 metros de longitud, en el municipio de Cárdenas, SLP, e igualmente se percibido el temblor en Rioverde, Ciudad Fernández, Rayón y demás pueblo de la Zona Media, al mismo tiempo que se sintió en otras partes del país. Lo que desde luego se suma a las preocupaciones que nos embargan en estos tiempos difíciles. Así como los ciudadanos vivimos tiempos complicados, asimismo lo viven los gobiernos.

Concretamente en San Luis Potosí, el mismo gobernador del estado también tiene sus altibajos como nosotros. El 29 de agosto de 2019 el Gobierno señalo que San Luis Potosí tiene una deuda bancaria de 3 mil 994 millones de pesos, lo anterior gracias al ejercicio de una administración responsable de los compromisos públicos adquiridos y heredados. Durante el cuarto año de gobierno de la administración de Juan Manuel Carreras, aseguró haber cumplido puntualmente con el pago del servicio de la deuda pública, por un monto de 523.2 millones de pesos y finalizo afirmando que la reducción acumulada del saldo de la deuda bancaria, durante esta administración, asciende a 663 millones de pesos, esto representa 14.2 por ciento menos de lo que se recibió de la administración de Fernando Toranzo, misma que ascendía a cuatro mil 657 millones de pesos. Estando así las cosas, la deuda potosina es mayúscula.

El 11 de mayo pasado, Carreras López solicitó a diputados de la Coordinación Política del Congreso del Estado, la autorización para un préstamo por 700 millones de pesos, con el que enfrentarían la pandemia del Covid-19 y se apoyaría la reactivación económica. De acuerdo con el mandatario estatal, 50 por ciento del financiamiento se pagaría anticipadamente con el dinero que se obtenga de la venta del terreno adquirido inicialmente para la instalación de Ford. En esa ocasión, Carreras López explicó que, al enajenar el terreno, en las mejores condiciones para el estado, no sólo se cubrirá la mitad del costo del crédito, sino también permitirá mantener la capacidad de atención a la contingencia sanitaria.

El partido Morena en el estado, por conducto de su dirigente Sergio Serrano Soriano, anunció que se opone al planteamiento del gobernador del estado, para solicitar un crédito por 700 millones de pesos y “endeudar aún más al estado”, con motivo de la contingencia sanitaria por el Covid-19. Serrano hizo un llamado al gobierno del estado a “no caer en la tentación de recurrir al endeudamiento y por el contrario se apliquen medidas de austeridad aún más estrictas”. Añadió que si es necesario que se enajenen bienes estatales que se haga “y se haga con la mayor transparencia para evitar especulaciones sobre quiénes serían los beneficiarios”, pero prioritariamente deben de reforzar las políticas de austeridad, incluso reducir los sueldos de la alta burocracia hasta en un 25 por ciento, concluyó.

Entonces, me referiré a lo que parece ser la más grande de sus preocupaciones del gobernador del estado, que es el dinero para resolver problemas inmediatos como pudiera ser el combate a la pandemia del Covid-19, al menos eso argumenta él. Pero las cosas no le han salido como las había planificado. Resulta que el 18 de mayo pasado, Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, presentó por escrito la solicitud de que el Congreso estatal lo autorice a restructurar la deuda pública del estado. En esa ocasión, afirmó el funcionario que se busca la autorización para que el pasivo bancario sea modificado en sus plazos de pago. Este año se espera un 9.3 de caída en el PIB, lo que obliga a realizar acciones inmediatas para mejorar las finanzas, según el funcionario lo anterior permitirá aplazar el pago de la deuda pública bancaria hasta por 18 años.

Como era de esperarse, hubo varias reacciones y opiniones al respecto. Generalmente en contra de la petición. Anteayer leímos una entrevista a la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Partido Acción Nacional, señaló que está en contra de la restructuración de la deuda pública que solicitó el Ejecutivo del estado, según ella “se trata de una simulación, porque restructurar la deuda es igual a alargarla e incrementar su costo y en el caso de la propuesta del gobierno local se está proponiendo que paguen las administraciones que vienen, lo cual indiscutiblemente es todavía más delicado, por eso insisto en que no debemos apoyar una propuesta bajo estas condiciones”. Asimismo, expuso que para enfrentar la crisis económica a consecuencia de la pandemia, lo más correcto es dejar de hacer obra pública que no es prioritaria y gastar parte de los 51 mil millones de pesos que fueron presupuestados por el Gobierno del Estado para el presente ejercicio fiscal, porque definitivamente autorizar la restructuración de la deuda en estos momentos no es posible.

Ayer mismo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados local rechazó contundentemente la propuesta del Gobierno del Estado en el sentido de restructurar la deuda pública presentada por el secretario de Finanzas del Estado, por 5 votos en contra y dos a favor de los priístas Laura Patricia Silva Celis y Mauricio Ramirez Konishi. El argumento para desechar la propuesta fue que el Gobierno del Estado tiene otras opciones de financiamiento de las que puede echar mano, antes de pasar la factura a otras administraciones. Otro argumento fue que no hay claridad en cuanto al destino del dinero que se dejará de pagar a los acreedores. Los diputados que votaron en contra fueron Edgardo Hernández Contreras, María del Consuelo Carmona Salas, Ricardo Villarreal, Jose Antonio Zapata Meraz y Marite Hernández Correa. El trámite legal es que de la anterior comisión, pasará a la de Hacienda del mismo Congreso, donde es muy probable que también corra la misma suerte de ser rechazada y no prospere la petición gubernamental.

Por cierto, el jefe del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, dio la indicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico de no ser avales de préstamos de los estados. Entonces, sobre esta idea de vender bienes inmuebles que tiene el gobierno, no es una idea descabellada. Me parece que es una propuesta inteligente. Ya que el gobierno tienen bienes para que remedie sus males. No le queda de otra.

mariaelenayrizararias@gmail.com