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Derechos humanos y reformas

Guillermo Luévano Bustamante

El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México. La modificación normativa implicó el reconocimiento formal de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del sistema jurídico en el país. Aunque algunas personas en el campo profesional del derecho ya recurrían a esa interpretación desde unos años antes, especialmente en la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos, no fue sino hasta 2011 que expresamente se incorporó esa innovación constitucional.

La materialización de esa reforma se ha topado con resistencias jurídicas y políticas entre las autoridades mexicanas. En San Luis Potosí, y en general en México, es frecuente encontrar aún que los tres poderes se oponen a la aplicación del control difuso de la constitucionalidad, a la convencionalidad, y a los criterios de derechos humanos, como el principio pro persona y sus, incluso previas, acepciones: pro víctima, pro libertatis, pro reo, pro operario, favor debilis, etcétera.

Por ejemplo, en San Luis Potosí, el Poder Legislativo se resiste a adecuar la legislación local a las pautas constitucionales y convencionales internacionales en tema de matrimonio igualitario, de reasignación de identidad por concordancia sexo-genérica y en otros muchos asuntos. El Poder Ejecutivo local no se atreve a inaplicar leyes inconstitucionales o violatorias de derechos. Pero también el Poder Judicial sigue optando por actuaciones formalistas de la tradición positivista antes que aventurarse a explorar caminos de interpretación ampliada favorable a las víctimas, a las personas vulneradas, a los pueblos y comunidades afectadas por los megaproyectos, por mencionar algunas posibilidades.

Es incluso frecuente que los poderes públicos, especialmente en el ámbito local, desestimen el lenguaje de derechos humanos en aras de una supuesta actuación de estricto derecho. A muchas personas funcionarias les son ajenas las nociones como litigio estratégico, ponderación de derechos, interpretación conforme. Es más frecuente de su parte que se trivialice este bagaje menospreciando su potencial. En no pocas ocasiones el funcionariado asume que los derechos humanos son una moda pasajera. En más de una ocasión he escuchado en oficinas públicas que “las víctimas abusan de los derechos humanos”.

Es también frecuente la inversión ideológica de la idea de derechos humanos. Esto es, una reapropiación por parte de agentes de las elites políticas o de la burguesía, que se asumen como garantes de los derechos y que en realidad procuran la preservación de sus intereses privados o privilegios y con un discurso legalista oprimen derechos y libertades de amplios grupos poblaciones, de la clase trabajadora, de los indígenas, de los grupos subalternos.

Una persona auxiliar de un tribunal omiso en cuanto a la observancia de los términos procesales me previno una vez para que limitara los alegatos verbales que yo formulaba a favor de una víctima de violación a derechos humanos. El argumento de la autoridad en su actuación judicial se justificaba en la autoasumida obligación de preservar el estricto derecho. Aunque el tribunal era laboral y su conducción debía ser como tribunal de conciencia, doctrinalmente como protector de clase y no de estricto derecho.

Cuesta aún concretar estrategias integrales de defensa de derechos humanos, pese a la existencia de la reforma constitucional, más por resistencias políticas, por cierto desprecio jurídico a la interpretación protectora de parte del personal judicial, por la trivialización de los derechos humanos, por su incomprensión como herramienta de lucha, de defensa, de salvaguarda, de resistencia. Pero eso han de ser los derechos humanos: un instrumento para la emancipación, un mecanismo de control de los poderes arbitrarios, políticos, pero también de los económicos. De otro modo no servirán de mucho y serían una simulación más en el modelo de las democracias liberales, una mera elaboración discursiva y ornamental en el constitucionalismo moderno.

@guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.