Ecocidios: Tajamar y San Luis Potosí

Óscar G. Chávez

Parece ser que la sentencia pronunciada en lo privado, hace poco tiempo por Enrique Márquez Jaramillo: no hay gobernante, por culto que sea, al que le interese la cultura, es certera y se cumple al dictado, y consideremos que quien lo dice es un personaje que ha sabido vivir de cultivar y asesorar en la materia a personajes de primer nivel en la política; agrego a éste otro aspecto como lo es la protección ecológica.

El pasado fin de semana al amparo de la obscuridad –por las horas de la madrugada en que ocurrió, y por el corte eléctrico del que fue objeto la zona por orden gubernamental–, comenzó el arrase del manglar de Tajamar en Cancún.

El manglar de Tajamar viene a sumarse a una serie de destrucciones que han efectuado diversos consorcios de inversionistas en las costas mexicanas del Caribe, del Golfo y del Pacífico. La mayoría de las ocasiones gozando de la protección e impunidad que les otorga el estado mexicano.

Si partimos de que cualquier espacio natural propio de un entorno geográfico obedece a una función por lo cual no es gratuita su presencia en el lugar, observaremos que la voraz devastación de los manglares a lo largo de la historia y concretamente del siglo XX es la que ha ocasionado que las embestidas de los huracanes sobre las costas sean cada vez más poderosas. Así, al tiempo que sirven de barrera natural aérea, funcionan también como tajamares que impiden una erosión en las costas, debido a las crecidas de las mareas.

Estos espacios ubicados en las costas en las confluencias de los ríos y el mar, al tiempo que regulan las salinidades marinas, forman ecosistemas muy particulares que permiten la convivencia de diversas especies animales y vegetales propias de esos espacios; mismas que en esta ocasión fueron arrasadas y asesinadas por trascabos y camiones materialistas respaldados por la fuerza pública que por mandato estatal y municipal daban apoyo a los caprichos de inversionistas ecocidas.

El caso de Tajamar, aunque ha sido difundido y condenado en una gran cantidad de medios informativos, pasa a voluntad desapercibido para la sociedad civil y las autoridades encargadas de dar cumplimiento a la salvaguarda del medio ambiente. La misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se ha mostrado omisa ante las repetidas solicitudes de asociaciones ambientalistas de rescatar la fauna sobreviviente en el lugar.

Recordemos que la suspensión provisional se había otorgado a partir de la resolución del Tribunal Colegiado del vigésimo séptimo circuito al amparar a un grupo de 113 niños que mediante la vía de los derechos humanos, solicitaban el respeto y la garantía a gozar de un medio ambiente digno. En el mismo sentido, el director general de Fonatur, Héctor Gómez Barraza, determinó que los menores amparados deberían depositar una fianza cercana a los 20 millones de pesos, para garantizar la seguridad de los inversionistas.

El funcionario al afirmar categóricamente que los estudios de impacto ambiental determinaron que el desmonte del manglar no genera ningún daño ecológico, pareciera que lleva a los habitantes de Cancún y a los mexicanos en general al nivel de imbéciles, tal pareciera que él mismo no supiera que este tipo de estudios, y muchos otros, se realizan al contentillo de la entidad que los solicita. Lo cierto es que si una comisión ambientalista de arbitraje realizara un dictamen, éste sería opuesto en totalidad a lo expuesto por Fonatur.

Dado que ya no es posible saber de qué forma operan las leyes mexicanas, escribo en hipotético, sin embargo considero que Fonatur, no es una entidad que tenga autoridad para fijar una fianza encaminada a garantizar la seguridad de un tercero. Puede sí, promover un juicio contra los menores amparados, sin embargo considero que en materia de Derechos Humanos, una fianza y un juicio de este tipo resultan improcedentes.

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Mientras agoniza la poca fauna del ya inexistente manglar de Tajamar, allá en la lejanía de la península de Yucatán, en la zona dorada de San Luis Potosí, mina inagotable de lotificaciones para Carlos López Medina, se comete también –al margen de los que ya se han cometido cientos de veces, ante la colusión de funcionarios estatales y municipales– otro ecocidio.

Una de las unidades habitacionales de aquella zona, carece de conexión al sistema de drenaje de la ciudad, por lo que los desechos de los moradores de ese espacio, son vertidos directamente a alguno de los arroyuelos que conforman las pocas cañadas existentes en el oriente de la ciudad.

El año pasado en repetidas ocasiones uno de los diarios de circulación local evidenció la contaminación generada por la ausencia de servicios e incluso presentó imágenes de tortugas, peces y pequeñas aves muertas en torno a las descargas residuales de aquella colonia. Eran los tiempos de desencanto del defenestrado alcalde Mario García Valdez, quien por supuesto a más de ni siquiera responder sobre el asunto, jamás tomó cartas en el asunto, a pesar de que eso ocurre en las cercanías de su domicilio.

Ahora las autoridades municipales, efectúan supervisiones y declaran que buscarán deslindar responsabilidades, pero lo cierto es que difícilmente actuarán contra el califa de las Lomas; su poder ha sido demostrado en diversas ocasiones, la más reciente cuando le dejó en claro al alcalde de la capital, que no pagaría un solo peso de los adeudos de contribuciones.

Cierto es que al gran lotificador del poniente, nada de lo que ocurra en San Luis Potosí le preocupa, y al igual que la canadiense minera San Javier sólo vio en Cerro de San Pedro un centro de explotación minera, una vez que concluyó los procesos de extracción perdió todo interés en el secular mineral, él sólo ve en las ya devastadas sierras de San Luis el principal origen de su fortuna, éstas nunca se llegarán a agotar, ya que en el momento que las que hasta hoy permanecen intactas, sean lotificadas y cubiertas de concreto, verá la manera de habilitar nuevos espacios para sus subsecuentes negocios.

Desafortunadamente al tiempo que goza de la impunidad otorgada por las autoridades, tiene a su favor el doblegamiento de los ejidatarios propietarios de los antiguos derechos de esos suelos y desde luego, de la indiferencia de la ciudadanía potosina, a la que al parecer no le importa acabar en un infierno de concreto y ver a sus hijos o nietos sumergidos entre sus propios desechos.