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El debate de la reforma eléctrica está entre más neoliberalismo versus el freno a éste

Arturo Huerta González

Los defensores de la privatización y extranjerización de los sectores estratégicos, mantienen los mismos argumentos trillados de que ello se traducirá en menores precios y mayor crecimiento, siendo que la realidad no lo ha constatado. En el caso de la industria eléctrica, está lo acontecido con los precios de electricidad en Texas en diciembre pasado, como lo que está pasando en España, donde la electricidad es privada.

Bajo los argumentos de estar en contra del monopolio de la electricidad del gobierno, impulsan los monopolios a favor del sector privado, lo que acentúa la desigualdad del ingreso y de la riqueza en el país y frena el crecimiento económico, por los altos precios con que trabajan. La reforma de Peña Nieto ha llevado a que el sector privado controle el 60% de la electricidad en el país, a costa de limitar y subordinar a la CFE a los intereses de las empresas privadas, que han obtenido crecientes ganancias en dicho sector. La reforma del actual gobierno no pretende tener el monopolio de la industria eléctrica, sino solo contempla tener el 54% de dicho sector, así como regular el desarrollo del mismo, y que dicho control no esté en manos de las empresas privadas, las cuales buscan el lucro, a costa de descapitalizar a la CFE.

Las políticas neoliberales han impulsado más mercado y menos Estado, y han llevado a la economía a tener décadas de bajo crecimiento, alto desempleo y subempleo, miseria y fuerte presencia del capital internacional en todos los sectores de la economía, con la consecuente mayor desigualdad del ingreso. Hemos caído en crisis económicas recurrentes y con la crisis del 2020, aún no hemos recuperado los niveles de la actividad económica del 2018. En vez de que el debate en el Congreso, como en los partidos políticos, en los grupos empresariales y sindicales, esté en torno a la necesidad de cambiar las políticas económicas causantes de los problemas que enfrentamos, la oposición sigue defendiendo el modelo neoliberal de mayor privatización y extranjerización y de más neoliberalismo y desregulación de la economía.

La oposición neoliberal argumenta que la CFE no tiene capacidad de satisfacer la demanda de electricidad del país y de avanzar en las energías limpias. Hay que señalar que la CFE, actualmente tiene 191 centrales de generación de energía, pero sólo opera el 55% promedio de su capacidad, de estas 69 son energías limpias. Están operando por debajo de su capacidad, porque la reforma neoliberal de Peña Nieto da preferencia en el abasto a las empresas privadas, por lo que la reforma actual quiere reordenar dicho abasto para que la CFE no siga siendo desplazada por el sector privado y aproveche la capacidad instalada para satisfacer el mercado y mejorar su capacidad.

Bajo el argumento de que “seguirá consumiéndose energía sucia y contaminante a precios mayores que el resto de los competidores y que no se cumplirá con los acuerdos internacionales”, la oposición trata de justificar su rechazo a la reforma energética del gobierno. Ello no tiene sustento alguno, pues se cumplirá con la reducción de la energía fósil y con los acuerdos internacionales y el precio de la electricidad no rebasará a la inflación. Tampoco se cancelarán los contratos existentes con empresas privadas para la producción de energía renovable. Solo se revisarán y modificarán los contratos que han resultado dañinos a la CFE, y no se indemnizará a las empresas cuyos contratos sean cancelados por ser leoninos que han descapitalizado a la CFE. La empresa estatal seguiría comprando electricidad de las empresas privadas bajo el nuevo régimen, las cuales solo podrán vender a la CFE y no directamente al sector privado.

Es falso que la reforma eléctrica vaya a inhibir a la inversión privada como señalan los neoliberales. Hay que señalar que lo que ha inhibido la inversión pública y privada, han sido las políticas predominantes de más mercado y menos Estado, y las políticas macroeconómicas de ‘estabilidad’, que deben ser cambiadas, ya que se ha perdido el manejo soberano de la política económica para hacer frente a la crisis.

No podemos seguir con las políticas neoliberales que han favorecido al gran capital y al sector financiero, y que han frenado el crecimiento económico y la generación de empleo. En muchos países se están dejando de lado las políticas de austeridad fiscal, de privatizaciones de los sectores estratégicos. Se está regulando el movimiento de mercancías y capitales y el sector financiero y en cambio en México, no hay cambio de rumbo y la oposición quiere mayor privatización de los sectores estratégicos.

El debate nacional debe enfocarse en las reformas estructurales y en la política económica a instrumentar, para impulsar el desarrollo productivo y el empleo, para alcanzar una dinámica sostenida, más equitativa y menos vulnerable del exterior.

El Estado debe ser el rector de la actividad económica para alcanzar los propósitos nacionales de empleo, desarrollo tecnológico, productivo y bienestar a la población.

ahuerta@unam.mx
Profesor del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1975