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El detalle de la “causa grave”

  • ¿Por qué no precisa el ministro M-M?
  • Vulgarización y discrecionalidad
  • Taxis, aplicaciones: regulación

Julio Hernández López

De entrada, Ricardo Monreal Ávila está cometiendo una vulgarización de la tarea senatorial, dado que pretende dar por formalmente válida la tramitación de un asunto de alta importancia institucional como si se tratara de una plática cafetera entre conocidos: de manera indirecta, a través de un amigo común, se hizo enterar de la indisposición del aún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina-Mora, para explicar las “causas graves” por las cuales debería proceder su renuncia a tan delicado cargo judicial, conforme al artículo 98 de la Constitución mexicana vigente.

Según lo declarado por el doctor en derecho Monreal Ávila a periodistas, Medina-Mora puede darse el lujo de no acatar la Constitución y el mismo Monreal, virtual jefe del Senado, puede concederse la licencia de aceptar que el mencionado ministro ni siquiera se digne atenderlo personalmente: “Yo lo busque por medio de otra persona. La respuesta suya fue a través de un amigo. No me ha contestado de manera directa; yo no he hablado con él, ha sido a través de interpósita persona confiable. Nosotros queríamos expresarle qué hay disposición del Senado por si él tenía un interés de comunicar algo” (https://bit.ly/2ATg1R8 , nota de El Universal).

De ser el legislativo un poder que se respetara, debería conminar formalmente al mencionado Medina-Mora, a través de la cámara de senadores, para que suministre la información exacta de la razón por la cual pretende dejar la Corte. Igualmente, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debió negarse a aceptar la renuncia en tanto no se precisara la multicitada “causa grave” que la Constitución en vigor establece como la única razón para que proceda una renuncia de ese tipo.

No es un asunto de discrecionalidad ni de “buenas formas” políticas. La Constitución establece una forma de protección para el ejercicio de la función judicial. No se trata de defender en el caso específico al ministro Medina-Mora, cuyas calificaciones profesionales y políticas son altamente deficitarias, rondando la delictividad según las informaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda y de la propia Presidencia de la República.

Por el contrario: sólo precisando las “causas graves” de su salida del foro se podrá avanzar en la búsqueda de justicia plena, ejemplar. No corresponde al presidente de la República, ni al coordinador del Senado ni al propio ministro Medina-Mora eludir las tajantes especificaciones constitucionales. De otra manera, se puede abrir la puerta a maniobras políticas para destituir de facto a ministros de la Corte o a negociaciones subterráneas que provean impunidad a un presunto delincuente a cambio de dejar el cargo sin hacer mayor ruido, mandando a amigos a dar respuestas indirectas a un tema que los poderes que postulan un cambio político histórico deberían procesar con la mayor formalidad republicana y el mayor cuidado de las formas que son fondo.

Es probable que, con su paro de ayer, el gremio de los taxistas haya agravado la percepción negativa que predomina respecto al cumplimiento de ese servicio concesionado de transporte. Justamente debido al descuidado y con frecuencia agresivo servicio que han prestado en ese rubro es que un considerable segmento de la clientela ha optado por la mejoría en lo inmediato que han significado las aplicaciones de internet que contactan a usuarios con conductores de automóviles organizados por firmas extranjeras (Uber, Didi, Cabify, las más conocidas).

Sin embargo, el propio espacio de esas aplicaciones merecería decisiones fuertes de los gobiernos federal y estatales: ese tipo de servicio ha decaído de manera acelerada, en medio de una voracidad de las empresas con sede en otros países, que se desligan de cualquier incidente, por grave que sea, y someten a sus “socios” a jornadas extenuantes para alcanzar las cuotas de ingreso que justifiquen la inversión en ese “negocio entre particulares” que debe ser regulado a fondo. ¡Hasta mañana!  

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.