Larga fila
19 febrero, 2015
Presentó Alejandro Zapata el juicio de inconformidad
19 febrero, 2015
Juan Ramiro Robledo Ruiz *
L a reforma energética comenzó aquí de facto, con la autorización legal de los contratos de usos múltiples que burlaron los principios constitucionales del aprovechamiento exclusivo de la nación sobre la riqueza petrolera y el gas.
Igual se llevó las políticas públicas al extremo de facilitar legalmente las concesiones en la minería, entregando a la explotación de empresas extranjeras extensas zonas del territorio nacional, en muchos caso permitiendo el uso de tecnologías depredadores del medio ambiente, como en el caso de muestro Cerro de San Pedro.
En esta gestión presidencial se acentuó la política meramente extractiva de petróleo y se abdicó la decisión de desarrollar la industria petroquímica, en concilio con los intereses de la grandes petroleras extranjeras.
El gobierno de Calderón Hinojosa fue una gestión con fuerte sentido partidista en todas sus decisiones y acciones, coherente siempre con su ideología liberal, pro empresarial, introdujo el iusnaturalismo en los principios dogmáticos de la Constitución, intentó cambios profundos en materia de energía y terminó de modificar las leyes de seguridad social, emplazando a las nuevas generaciones de trabajadores a ahorrar solas para su propio futuro, a más de aumentar descomunalmente la deuda pública.
Para terminar su gestión promovió la reforma laboral, la cual aplaudió el entrante Peña Nieto, que facilitó el despido y abarató las condiciones de trabajo, de inspiración francamente patronal.
Pero el actual gobierno en el país ha ahondado la dirección neoliberal de la gestión del Estado. El acuerdo político inicial con las fuerzas partidistas determinantes permitió cambios radicales en materia de educación, telecomunicaciones (aún pendientes en su cumplimiento) y en los asuntos fiscales, en cuyo terreno intentó conseguir el ideal neoliberal de imponer al consumo toda la carga fiscal y desgravar el ingreso.
Y la joya de la corona de la globalidad, que es la privatización del aprovechamiento de la riqueza petrolera y de la energía eléctrica, está ya en el nuevo texto de la Carta Magna, rompiendo un principio fundamental del Estado mexicano que alteró la tradición jurídica del nacionalismo protegido por las normas constitucionales. Más de una decena de nuevas leyes enmarcan ahora la libre competencia de la economía privada sobre el petróleo y la electricidad.
Era la última reforma de las llamadas estructurales que faltaba a la derecha empresarial, con cuyo pretexto se justificaba el rezago y el bajo crecimiento de la economía mexicana. Hoy la crisis local y mundial ha retrasado su puesta en práctica de este cambio definitorio, después de que la Suprema Corte negara el sentido y alcance lógico de la consulta popular, que se quedó así ciertamente impracticable, ante el argumento de que el tema energético impacta las finanzas nacionales.
En tres décadas se ha culminado el desmantelamiento del Estado social que concebía la Constitución original y se ha dado un claro y abrupto vuelco hacia el Estado del “dejar hacer y dejar pasar”.
El individualismo, la filosofía liberal y el libre mercado no pueden corregir las deformaciones en la distribución de la riqueza que provoca el modelo capitalista, en un país de profundas desigualdades sociales y económicas que demuestran tangiblemente la impertinencia del mismo. Los cambios económicos han generado una política estatal distinta y un esquema de leyes de derecho público hasta hace poco inimaginables.
Si a este modelo económico inviable agregamos la disfuncionalidad del sistema de gobierno presidencialista, es claro ver que ambos empujan a México por un camino fallido.
El legado para la siguiente generación de mexicanos que va a experimentar la equivocación histórica de estas reformas regresiva, la dejará obligada a intentar su reivindicación futura. Sólo un gobierno con un sesgo ideológico distinto podrá alejar la amenaza de un estallido social.
* Profesor de Derecho Administrativo de la UASLP.
