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Julio Hernández López

Es una fotografía inusual: Andrés Manuel López Obrador flanqueado por gobernadores priistas en un salón de Palacio Nacional. Es decir, por los concesionarios estatales de la parte tricolor de lo que antes era llamado “la mafia del poder”. Eran once: más a la derecha (seis) que a la izquierda (cinco) del político tabasqueño, en una exhibición pública del pragmatismo que debe regir las acciones de un presidente de la República.

El encuentro mostró el estado de postración que por política de supervivencia mantiene el partido que durante siete décadas (con tres denominaciones distintas) mantuvo el poder de una manera implacable, arrinconando e ignorando a sus opositores y dosificando migajas plurinominales para mantener una apariencia de “democracia”.

Hoy, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantiene en un estado de virtual sedación política. Oficialmente tiene una tercera parte de los gobiernos estatales, pero en los hechos no cuenta con peso político real, atenazado como está por el hiperactivismo del presidente de la República, por el afianzamiento de las bases electorales obradoristas incentivadas con el asistencialismo electoralmente preliminar, por los contrapesos conocidos como “superdelegados” y por la terrible sanción social contra esas décadas de dominio priista caracterizado por la corrupción institucionalizada, la prepotencia de la clase política tricolor y el agudizamiento de la desigualdad socioeconómica en el país.

Para confirmar el estado político fantasmal del PRI basta preguntarse qué hace su presunto máximo dirigente, Alejandro Moreno, usuario del diminutivo Alito (que los observadores cambiaron desde meses atrás por el de AMLitO), gobernador con licencia de Campeche, propietario en la capital de esta entidad de una mansión de inexplicable financiamiento y aplicado contribuyente a la fluidez del obradorismo mediante la práctica de un prolongado acto de desaparición voluntaria de los escenarios de lucha cuando menos retórica.

No hay dirigente del PRI o, cuando menos, no lo hay en los campos de batalla. Y en las cámaras legislativas federales hibernan los pocos personajes que se salvaron de la enorme poda electoral de 2018: por ahí deambulan Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu o René Juárez, por mencionar algunos nombres, haciendo como que algo hacen. José Antonio Meade Kuribreña, el más reciente candidato presidencial a nombre del PRI, aunque no es militante de este partido, sobrelleva con su mejor ánimo la derrota electoral (¿pactada, echado al ruedo justamente para ser cornado?): su mayor logro político luego del fracaso en urnas fue que el ganador, AMLO, le diera palmaditas políticas en la espalda dolida y le regalara un certificado de buena conducta ciudadana.

Cruzando un desierto amplísimo, mucho más grande que los cruzados cuando Vicente Fox y Felipe Calderón se quedaron con Los Pinos, el PRI hace caravanas constantes ante el poder obradorista. Ayer, los gobernadores de Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas visitaron Palacio Nacional para anunciar que se suman a los convenios federales relacionados con el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi), a diferencia de los mandatarios estatales panistas que aún se resisten o buscan otras fórmulas de adhesión.

En ese escenario de allanamiento priista ante el poder presidencial moreno, los grandes personajes priistas se mantienen a salvo, virtualmente intocables: Carlos Salinas de Gortari se mantiene a la distancia, acechante, en espera de momentos propicios para intentar algún golpe político; Enrique Peña Nieto disfruta de las mieles de la amnistía política decida personalmente por López Obrador e incluso se llegó ayer al punto del elogio, por parte de un segmento de usuarios de redes sociales, a la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¡Hasta mañana!  

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.