En cómodas mensualidades, ex auditor y cómplices regresarán lo robado a la ASE

María Elena Yrízar Arias

La titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, el 20 de octubre de 2017, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra del ex auditor superior del Estado José de Jesús Martínez Loredo y otros ex funcionarios de esa dependencia: Manuel Abraham Reinhardt Guerrero, ex coordinador de Auditorías Especiales; Fernando José Barrera Guillén, ex auxiliar técnico contable de la Coordinación de Auditorías Especiales; Gloria Raquel Rivera, ex coordinadora de Administración, Finanzas y Servicios; Abraham Payán Torrescano, ex contralor de la ASE y Ricardo Rodríguez de Luna, ex subcoordinador del Departamento de Recursos Materiales. También fue denunciado y un proveedor fantasma de nombre Francisco Benjamín Lozano Canseco, amigo del entonces auxiliar técnico contable de la Coordinación de Auditorías Especiales, Fernando José Barrera Guillén –hermano del entonces diputado local Manuel Barrera Guillén– por el desvío de 600 mil pesos, en la compra de insumos que supuestamente se habrían utilizado para una fiesta navideña de este organismo, que supuestamente se celebró el 20 de diciembre de 2016, pero se sabe que nunca se realizó el festejo, ahora conocido como “fantasma”.

La Fiscalía General del Estado dio trámite a las indagatorias en la carpeta de investigación que se abrió con motivo de la referida denuncia y habiéndolos encontrado como probables responsables, los vinculó a proceso, ejerciendo la acción penal correspondiente por la institución de Justicia y luego de tres años y dos meses de los hechos denunciados, trascendió este martes que en el Centro Integral de Justicia Penal de la capital potosina se llevó a cabo una audiencia legal, en donde al ex auditor superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, y los coacusados Fernando Barrera Guillén, Abraham Payán y Benjamín Lozano Canseco, este último señalado como el proveedor de la cena navideña, se les encontró responsables de desviar recursos por un monto de 600 mil pesos, en la “fiesta fantasma” de 2016, quienes deben resarcir el daño causado a la dependencia, devolviendo el dinero sustraído de manera ilegal de la Auditoría Superior del Estado.

El planteamiento fue que restituyan el dinero obtenido ilegalmente con una aportación inicial de 350 mil pesos y el resto en abonos –del tipo como sucede con las deudas a Elektra o Coopel, pero sin los mismos intereses– lo cual fue aceptado por la jueza de Control del Poder Judicial, Dora Irma Carrizales Gallegos, quien exhortó a los procesados a reincorporar el dinero sustraído y los conminó a reponer el monto usurpado, más actualización, por lo que deberán regresar a la Auditoría Superior del Estado cuatro pagos por la cantidad de 74 mil 334.58 pesos cada uno, para recuperar un total de 721 mil 654 pesos con 58 centavos.

Ese mismo martes, los indiciados hicieron un primer pago de 350 mil pesos en efectivo a una cuenta de la ASE en Banorte. Estos individuos se libraron de la cárcel al aceptarles que devuelvan lo sustraído en cómodos abonos mensuales. Habiéndoseles señalado la cantidad de 121 mil 654 pesos con 58 centavos del concepto de “actualizaciones” a la suerte principal de 600 mil pesos sustraídos.

Del resultado de este asunto se deduce que Jesús Martínez Loredo y sus cómplices fueron hallados culpables de desvío de recursos. Bueno, todos sabemos que habían robado ese dinero y que no se celebró ningún festejo navideño en la dependencia en invierno de 2016, entonces, no resulta insólito ni sorprendente el resultado de este asunto tan vergonzoso, no. Lo que es vergonzoso es que no hayan pagado de inmediato el dinero robado y, por otro lado, nos queda la pregunta: ¿y el combate a la corrupción tan anunciado, dónde está?

Ayer, los integrantes de Ciudadanos Observando expresaron su parecer en este asunto de inconformidad total con los resultados; ellos piensan que el mensaje que se lanza a la sociedad es de impunidad, mientras el fiscal Federico Garza Herrera dijo ayer que esa dependencia no encubre a ex servidores públicos.

El combate a la corrupción es una asignatura pendiente del gobierno del estado de San Luis Potosí. En este caso, pareciera que los delincuentes le están haciendo el favor al gobierno de regresar lo robado. Pues, que a toda madre para los corruptos.

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