Entre la norma y la práctica

Renata Terrazas

La transparencia y el acceso a la información forman parte de cualquier discurso político en la actualidad; ya sea en campañas, giras internacionales, informes o entrevistas de políticos de cualquier ideología política.

El tema de la apertura gubernamental y las bondades de dar a conocer información sobre el quehacer político para el fortalecimiento de la vida democrática son ya incuestionables valores que discursivamente se defienden en cualquier arena pública.

Sin embargo, como todo en política, el tema tiene diferentes aristas y el discurso se distancia de la acción así como las leyes de su implementación. Estamos celebrando las últimas modificaciones legales en materia de transparencia al tiempo que seguimos enfrentando prácticas de instituciones que insisten en no entregar la información en tiempo y forma.

Los retos comúnmente identificados para la garantía del derecho de acceso a la información han sido la reserva de información y la declaratoria de inexistencia. En 2015, al menos 7,242 solicitudes de información fueron respondidas con la declaratoria de inexistencia. De ese universo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue la dependencia que más solicitudes respondió de esta forma, con un total de 1,192; seguida por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios con 1,078 y la Secretaría de la Función Pública con 572.

Si bien la Ley General de Transparencia (LGTAI) atiende la inexistencia de información al desarrollar la obligación constitucional que tienen todas y todos los funcionarios de documentar todo acto que derive de sus facultades, funciones y responsabilidades, aún nos enfrentaremos a recurrentes respuestas que declaran que información solicitada no se generó.

El segundo grande reto es la reserva de información, en 2015 al menos 3,531 solicitudes fueron reservadas totalmente, en donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reservó 510 solicitudes, seguido del Servicio de Administración Tributaria con 488 y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 317.

Por otro lado, el universo de información reservada parcialmente correspondió a 1,828 solicitudes en donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) contó con 343 solicitudes, seguida de la Secretaría de la Función Pública con 156 y la Comisión Federal de Electricidad con 155.

Igual que la declaratoria de inexistencia, la reserva está regulada y ésta debe realizarse bajo la aplicación de una prueba de daño en donde se pruebe el riesgo real de difundir la información. Sin embargo, el abuso de esta causal y la falta de fundamentación en la prueba de daño sigue siento una constante.

Si analizamos a cada una de las dependencias mencionadas para determinar cuál es el porcentaje de información que no es entregada por las causales mencionadas nos damos cuenta que para la Semarnat la causal de reserva parcial representa 8.6% de sus respuestas; para el IMSS la negativa por reserva total es de 5.9% y para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la inexistencia correspondió a 63.4% (cabe mencionar que el porcentaje total de entrega de información para esta dependencia es de casi 10%).

Si bien en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las cifras en sí mismas son alarmantes, lo común es que los números den poca cuenta de la gravedad del problema, ya que más allá del número de solicitudes en donde niegan la información por alguna causal o declaran la inexistencia de la misma, el problema radica en el tipo de información que están negando. En este sentido las instituciones vinculadas con la seguridad pública y la seguridad nacional así como las que se relacionan con industrias extractivas y desarrollo de megaproyectos, son las dependencias reinas en reservar información relevante para entender la toma de decisiones sobre acciones que vulneran derechos.

Analizar dependencias de manera individual resulta también un ejercicio interesante, ya que podemos observar el patrón de respuestas y con ello medir qué tan transparentes y opacas están siendo, por ejemplo, la Secretaría de Energía durante 2015 entregó información en menos de la mitad de las solicitudes, siendo la causa mayor de falta de entrega de información la declaratoria de inexistencia, la cual correspondió a 28.7% del total de respuestas.

Estas cifras, por sí mismas, dan cuenta del largo camino que debemos avanzar para asegurar que las leyes de avanzada en materia de transparencia se implementen de manera adecuada. No podemos permitir que información relevante se siga ocultando bajo malas prácticas e interpretaciones a modo de la ley.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación