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Está Gabino Morales, el superdelegado, en la cuerda floja

María Elena Yrízar Arias

El diputado federal Ricardo del Sol Estrada interpuso en octubre pasado ante la Secretaría de la Función Pública, una denuncia penal en contra del coordinador estatal del Programas Federales de Desarrollo en el estado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, donde los señalamientos son por actos de corrupción y quejas que se han escuchado de la población sobre su desempeño por el presunto manejo irregular de programas sociales.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública Federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, reveló el jueves 24 de octubre del año pasado, que existen 12 denuncias en contra de diez de los delegados estatales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por posible desvío de dinero público. Advirtió la funcionaria que no hay intocables ni perseguidos y las indagatorias se trabajan por al menos 12 denuncias presentadas en contra de los representantes de la Federación en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, aunque podrían surgir más acusaciones que deberán atender si es preciso. “Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a los Órganos Internos de Control; las más importantes han sido asumidas por mí y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”. El comentario de Sandoval Ballesteros fue realizado en el marco del señalamiento de que el gobierno de López Obrador ha emprendido acciones para combatir la corrupción dentro de su misma administración.

Como era de esperarse, los medios de comunicación locales dieron a conocer esta importante noticia, ya que sobre este funcionario público pesan sospechas por desvío de dinero público y acusaciones por violencia de género, lo que se lee en SinEmbargo.mx de fecha 4 noviembre 2019.

Si bien Gabino Morales, el miércoles 13 de noviembre de 2019, indicó que “no hay ninguna investigación, de lo que he sido notificado es de requerimientos de algún nombre de algún servidor público, su horario laboral, mi currículum, cosas que hemos atendido en tiempo y forma”. En esa fecha, al entrevistarlo al respecto la periodista Mayra Tristán de El Sol de San Luis, negó que exista una denuncia como tal en su contra. Pero reconoció que el Órgano de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública, ya le ha hecho requerimientos de información. También fue cuestionado respecto a las denuncias en su contra, sobre todo en la Huasteca, a lo que respondió que todos tienen derecho a manifestar sus quejas, “si algo pueden comprobar, lo demás mientras no se compruebe nada son chismes, es dimes y diretes, y ahí no voy a entrar”.

La acusación que enfrenta el delegado Gabino Morales es por desvío de recursos, sin embargo, la prensa local atribuye el inicio de las sospechas –de dicho desvío de dinero– a la fiesta que organizó con motivo de celebrar 30 años, según se lee en nota de Martín Rodríguez, del periódico Pulso del 5 de abril de 2019, donde designa al evento como la megafiesta, que se realizó en un lugar conocido como La Antigua Mansión, ubicado en el número 105 de la carretera a Zacatecas. Lugar al que llegaron diversos funcionarios de varios niveles y poderes del Estado, la mayoría de los alcaldes de distintos partidos, diputados, altos funcionarios como el secretario general de Gobierno, diputados de diversos partidos políticos, políticos ligados a la izquierda y al PRI y funcionarios de medios de comunicación, más colados y barberos que abundan en esas reuniones. Hubo alrededor mil invitados.

Antier se supo en la columna de Ángel Castillo Torres, publicado por la Agencia Quadratín, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró culpable a Gabino Morales de violar diversos dispositivos de ley que prohíben utilizar los programas sociales del gobierno federal con fines de proselitismo y promoción personal. Que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación razonaron en su sentencia que Gabino Morales y otros 14 superdelegados en complicidad con 21 subdelegados, tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Concluyeron además que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Pero resulta que en Tamazunchale y en muchos otros municipios de la república los jóvenes activistas conocidos como Servidores de la Nación llegaban a las casas de los beneficiarios a entregar los apoyos vestidos con chalecos que promocionaban la imagen del presidente de la república y del gobierno de la Cuarta Transformación y les decían que esos apoyos se los enviaba AMLO y Morena. Que no se les fuera a olvidar esto a la hora de votar en futuras elecciones.

La situación que está viviendo Gabino Morales lo tiene ubicado en la cuerda floja, pues la tiene complicada, porque él mismo sostuvo el 13 de noviembre pasado que no había ninguna investigación en su contra, lo que se demuestra con la resolución que se ha dictado en su contra, que mintió. En esa misma fecha argumentó que “si algo pueden comprobar, lo demás mientras no se compruebe nada son chismes, es dimes y diretes, y ahí no voy a entrar”. Pues parece que sus palabras fueron anuladas por la resolución, porque una sentencia judicial se basa en hechos probados y allí no hay lugar para chismes, ni dimes ni diretes, como lo afirmó el ahora responsable de una conducta contraria a la ley.

En otro aspecto sobre este caso, no hay que dejar de lado lo que advirtió la secretaria de la Función Pública en su comparecencia a la Cámara de Diputados cuando advirtió que “una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”.

Pues en este caso, habrá que ver hasta dónde llega el alcance de esa sentencia en contra de Gabino Morales y, por otro lado, habrá también que estar atentos a la sanción que dictará la autoridad del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública. Aquí se va a ver si es verdad que se combatirá la corrupción como prioridad gubernamental del presidente AMLO. Estaremos pendientes.

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