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Julio Hernández López
En términos políticos, el Informe de Resultados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no es favorable para la administración que encabezó Marcelo Ebrard Casaubon, actual secretario de Relaciones Exteriores y una de las dos cartas presidenciables más exhibidas.
El colapso en un tramo de la Línea 12 del Metro, con saldo de 26 personas muertas, se debió “fundamentalmente” a errores de construcción (es decir, cometidos durante el lapso marcelista capitalino), por lo cual “ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias que de origen están en el diseño”.
Estos señalamientos específicos fueron pronunciados no por la fiscal, Ernestina Godoy, sino por el vocero Ulises Lara, en una conferencia de prensa que cuidó no mencionar nombres de empresas, funcionarios o técnicos susceptibles de ser responsabilizados de estos hechos. Sabido es que el Grupo Carso, de Carlos Slim, ha negociado en Palacio Nacional términos de reparación material, y la fiscalía, que forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum, aunque teóricamente sea autónoma, tampoco mencionó al exjefe capitalino o a algún exservidor público en particular.
El tono del Informe de Resultados pareciera propicio para privilegiar entendimientos que pongan a salvo a personajes de élite y aterricen responsabilidades penales en inferiores niveles políticos y empresariales. Pero, en la no por temprana menos áspera lucha por la sucesión 2024, los papeles de la Fiscalía pro Claudia podrían tener efectos futuros. A menos que la hasta ahora consentida haya propiciado o permitido un golpe “técnico” y judicial no autorizado por la superioridad.
No ayuda a la regeneración del oficio diplomático que sus principales plazas sean ocupadas en función de maniobras o pagos de tipo político o partidista. Aun cuando es entendible que una franja reducida de esos nombramientos pudieran obedecer a juiciosos y aceptables cálculos o equilibrios netamente políticos, durante los periodos de dominio del priismo y el panismo se criticó que el servicio exterior mexicano fuera invadido por políticos destripados, disfrazadamente exiliados o abiertamente premiados por servicios al gobernante federal en turno.
Ahora, el presidente de la República ha utilizado abiertamente varias plazas estratégicas para instalar a personal desplazado de otros cargos de su propio gabinete (Esteban Moctezuma Barragán fue separado de Educación Pública para instalarlo en Washington, Blanca Jiménez dejó Conagua y se fue a París; Josefa González Blanco Ortiz Mena salió de Semarnat por un problema aéreo y ahora despacha en Londres), o a personas cercanas a su afecto o a exgobernadores que han dado paso a triunfos electorales de Morena (Quirino Ordaz, sinaloense, propuesto para ir a Madrid).
Ayer, en su conferencia matutina de prensa, el azote de lo hecho por corruptos del pasado, en sus versiones priistas, panistas y perredistas, emitió un certificado de buena conducta a algunos de ellos y anunció: “en unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas y consulados exgobernadores y dirigentes de distintos partidos y ciudadanos sin partido”.
El adelanto sucedió cuando le preguntaron si iba a incorporar a su equipo de trabajo a mandatarios como el panista yucateco Mauricio Vila o el peñista llegado a Quintana Roo como “opositor” al PRI, Carlos Joaquín González: “van a participar exgobernadores en nuestro gobierno”, respondió.
Sin especificar un futuro destino, elogió al priista guerrerense Héctor Astudillo. También se ha especulado sobre la posibilidad de que la priista sonorense Claudia Pavlovich consiga algún puesto diplomático. Las designaciones de exgobernadores tienen como contexto no haber presentado resistencia real a las candidaturas morenistas al relevo y, en un contexto mayor, forman parte del ya nada disfrazado entendimiento de Palacio Nacional con priistas para la aprobación de reformas como la eléctrica y otros proyectos importantes del segundo trienio andresino. ¡Hasta el próximo lunes!
