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Rogelio Hernández López
Colegas. Ustedes juzguen. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó, el jueves 10 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, su Recomendación general 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México. Allí asienta que se han acentuado los ataques a periodistas y medios a pesar de las otras dos recomendaciones generales que hizo a todas las instancias de gobierno en 2009 y 2013. O sea, que la mayoría de los funcionarios aludidos por ella se hacen los indiferentes. No le hacen caso. Ese es un desdén tan grande a la CNDH y a los derechos humanos que da miedo.
Ahora contextualicen un poco más. El fenómeno tiene dimensiones mayores. El 3 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo masivo su informe sobre México y aseguró que “atraviesa una crisis de derechos humanos”, entre otras razones porque la respuesta del Estado sigue marcada por “deficiencias en su implementación y niveles críticos de impunidad”. Y la respuesta directa de la cancillería, de Gobernación y de la PGR fue decir que la CIDH usa metodologías y estándares de medición incorrectos y por eso sus premisas y diagnósticos son incorrectos.
¿Cómo se le llama a eso? No es sólo menosprecio a esa instancia internacional; el desdeño más trascendente es a las y los mexicanos que reclaman otras políticas públicas de protección a los derechos humanos y que reaccionaron denunciando la actitud agresiva del gobierno federal mexicano contra la CIDH y su informe.
Se pondrá peor
Más, observen estos datos todavía inéditos en la prensa nacional. Para fines de este mes estaba programada la visita oficial del relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michael Forst.
Pero los representantes del gobierno federal de México en la ONU le notificaron que debía suspender ese viaje “por problemas de agenda”. No obstante, diputados federales del PRD y un grupo muy numeroso de organizaciones civiles le invitaron a una visita no oficial para los primeros días de mayo y cuando esté aquí recopilará las visiones de las ONG, pero no los datos y visiones de funcionarios de gobierno “por problemas de agenda”.
Viene pues otra confrontación internacional del gobierno de Peña Nieto con instancias internacionales a las que pertenece. Y ya no será solamente contra la CIDH de la OEA, sino ahora con la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU.
Crecen más los miedos. Pero hay más.
La SIP respalda a la CIDH
La CIDH no se quedó callada ante la resistencia del gobierno mexicano. El 9 de marzo difundió en su portal web oficial la “Situación del derecho a la libertad de expresión en México: conclusiones y recomendaciones realizadas por la CIDH y su Relatoría Especial”. En realidad este es un segmento del informe general que el gobierno federal mexicano menospreció antes.
Este informe particular fue respaldado también por organizaciones defensoras de periodistas y de la libertad de expresión. La más notable de ellas, por su peso e influencia, fue de la Sociedad Intermericana de Prensa que está compuesta por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental, con sede en Miami, Estados Unidos.
Los presidentes de las comisiones de la SIP Contra la Impunidad y de Libertad de Prensa e Información son Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente y director general de El Universal de México y Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay.
Ellos, en un comunicado oficial avalaron el resultado del informe de la CIDH, las conclusiones y recomendaciones que hace al Estado de México para superar “el clima de violencia e impunidad (contra la libertad de expresión y agresiones a periodistas), temas prioritarios que nuestra institución viene trabajando desde hace más de dos décadas”.
Y citan el informe de la CIDH que se respalda con datos de la CNDH. “107 asesinatos de periodistas en el país en los últimos 15 años. Los estados con mayor número de crímenes fueron Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca…
“Las víctimas de la violencia fueron principalmente periodistas –refiere la SIP– que denunciaron o informaron sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados”.
El documento también registró otras formas de agresión tales como desapariciones (20 según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la última década), amenazas, secuestros, agresiones y ataques físicos y cibernéticos contra instalaciones de medios.
Al cierre de esta columna los funcionarios federales responsables no habían respondido a los informes de agravios a periodistas de la CIDH y la CNDH. gual y sigue el menosprecio mostrado. De veras, no encontré otro adjetivo ni verbo, que decir horrendo desdén, para describir esa actitud política del gobierno federal para evadir sus compromisos internacionales de respeto a los derechos humanos, confrontando y agrediendo también públicamente a las instancias de la ONU y de la OEA. ¿Cómo podemo creerle?
