Impuestos y política

Los impuestos, aunque no nos gusten, son muy importantes para que cualquier comunidad obtenga mejores servicios y bienes públicos. Y eventualmente pueda acceder a mejores oportunidades y calidad de vida. Esto es así porque en teoría, las arcas de recaudación de cualquier gobierno, se destinan a proporcionar servicios a la población; a generar infraestructura para promover la inversión y el crecimiento económico, y también, para a través de políticas públicas resolver problemas que afectan a la comunidad, e inciden en el desarrollo de la sociedad. Incluso, con el dinero de los impuestos se pueden delinear políticas de redistribución que incidan en el combate a la pobreza, y así conseguir un terreno mejor nivelado; para que las personas que conforman una sociedad, se desarrollen y vivan más años, con mejor educación y salud, en pocas palabras para que se alcance una mejor calidad de vida.

Ahora bien, la política real, sí, esa que hacen los políticos profesionales en sus partidos y en las instituciones de gobierno; parece que no se lleva bien cuando al momento de gobernar, requiere de diseñar una política fiscal para recaudar más impuestos y con ello conseguir mejores objetivos colectivos que logren impactos positivos en la comunidad. Esto puede ser un axioma en el mundo de la política real: el político busca el voto, y entonces no va incrementar ningún impuesto que le arriesgue a perder a sus votantes.

Lo anterior, resulta en México un fuerte dilema. Ya que tenemos ingresos fiscales con una muy alta dependencia de los ingresos petroleros, pues estos aportan más del 30 por ciento a los ingresos federales . Y a la vez, una muy baja recaudación pues esta representa solo un 19.6 por ciento, cuando en el promedio de los países de la OCDE es de 33.7 por ciento . Y la situación es de mayor preocupación si nos dirigimos al plano estatal y municipal; pues entre los 2,445 municipios, existe una brutal asimetría entre municipios urbanos, altamente poblados y con altos niveles de crecimiento y desarrollo económico que recaudan más; en relación con municipios, que tienen pocos habitantes y escaza actividad productiva; y por tanto recaudan menos, y dependen de las transferencias del gobierno federal, que en ocasiones son: ¡el 95 por ciento de sus ingresos totales! Y en el caso de los Estados su promedio nacional de ingresos estriba entre el 10 y 12 por ciento, el resto lo aporta la federación .

Este dilema va tomando forma si reflexionamos sobre a quiénes se cobran impuestos y que implicaciones existen derivadas de esto. Ya que por un lado, se pueden cobrar impuestos de manera progresiva; es decir, cobrar más a quien tiene más, o acumula una mayor riqueza. Y por otro lado, cobrar un determinado porcentaje a toda la población de un país, sin importar si gana más o menos dinero; es decir, gravar en mayor medida el consumo de bienes y servicios, en vez de la renta individual de las personas.

Lo anterior, genera un intenso debate en torno a si es justo o no el cobro de este tipo de impuestos. El punto central, es que estos tipos de políticas impositivas generan distintos equilibrios e incentivos. Ya que por un lado, quien defiende el denominado impuesto al consumo, o como se le conoce según el concepto anglosajón “flat tax ”, argumenta que este impuesto genera incentivos en los contribuyentes para que estos ganen más dinero, porque no serán penalizados con una tarifa impositiva mayor que grave sus ingresos. Por lógica se infiere que este impuesto resulta favorable para los más ricos, ya que pueden consumir a pesar de que los bienes sean gravados con una alta tasa al consumo. Y esto afecta en consecuencia al más pobre, ya que los precios de los bienes y servicios que consuma serán altos. En contra parte el impuesto progresivo, tiene la lógica de que aporte más, quien más gana en el mercado. Y en consecuencia, el argumento en pro de este tipo de impuesto (“progressive tax ”); es que implica una media redistributiva, ya que tal recaudación que se hace a los más ricos, se utilizará para financiar sistemas de seguridad social que utilizan los más pobres, y el gasto público en general.

Las anteriores, es pertinente aclarar, son solo dos formas de diseñar estructuras fiscales de entre muchas otras posibles. Lo relevante en esto, es que el tipo de estructura fiscal que se adapte en cualquier país, es de manera ineludible una decisión política.

 Ahora bien, otro problema respecto a los impuestos y la política real, estriba en cómo se manejan los impuestos y en que se gastan. Y en nuestro país este es un serio problema. Pues si existe corrupción en las instituciones públicas y el manejo del dinero no es transparente, nada garantiza que el destino de los recursos no se utilice en desvíos inaceptables como el enriquecimiento ilícito, o en engrosar clientelas electorales de entre la población pobre, es decir, en lucrar políticamente con su pobreza. Además, esta corrupción institucional y de algunos políticos profesionales, termina repercutiendo de forma lamentable en servicios públicos precarios e ineficientes.

En síntesis, lo anterior revela que el problema está en cómo se desempeñan las instituciones del Estado que manejan el dinero público, y que calidad de servicios ofrecen a su población. Entonces, el meollo del asunto, no es tanto a quién y cómo se cobren los impuestos; sino, empero, cómo estos son utilizados, en beneficio de quién y para qué, o pensando en cuáles objetivos se destinan. Es por ello por ejemplo, que en sociedades como las nórdicas se cobran elevados impuestos al consumo , pero a pesar de esto, sus instituciones y políticos profesionales funcionan bien, y con bajos niveles de corrupción; y por ello ofrecen servicios públicos de calidad y destinan sus recursos al desarrollo integral y calidad de vida de sus habitantes.

En conclusión. Los impuestos nunca están desligados de la política. Pasan por las decisiones políticas que los distribuyen y se manejan en las instituciones públicas, y del desempeño institucional depende tener servicios eficientes y economías funcionales. Es por ello que es muy importante exigir como ciudadanos un manejo transparente de las finanzas públicas.

Y como una humilde propuesta personal, sugiero que para el futuro electoral a mediano plazo; el ciudadano tenga especial cuidado en reflexionar los planteamientos de los políticos acerca de cómo manejará, y a qué rubros piensa destinar el dinero público. Ya que en buena parte, esto indica las prioridades públicas que tendrán los gobiernos, y si se considerará la eficiencia y calidad de los servicios públicos que plantean, en pocas palabras el tipo de sociedad que se pretende lograr.

Así como el politólogo, Harold Lasswell sugería que la política radica en observar quién obtiene qué, cuándo, y cómo. Esta observación de Lasswell puede ser también una efectiva brújula para orientarnos sobre lo que se hace con nuestros impuestos y a su vez, exigir mejores resultados y mejores contraprestaciones de estos.