Incapacidad manifiesta

Óscar G. Chávez

L a efervescencia electoral en boga ha posibilitado la aparición de material gráfico y sonoro que apuntala el surgimiento de algunas noticias que han generado que vuelva a ser lugar común el tema de la libertad de expresión abordada en los medios de comunicación impresos o electrónicos dentro del ámbito local.

El trasfondo del material que aparece y llega a conocerse, sin considerar el que derivado de su contenido mismo no se hace del conocimiento público, es una arma de dos filos para los comunicadores de deciden dar entrada a la noticia en cuestión.

Son precisamente el uso y difusión de estos materiales los que generarán comentarios contra los medios de comunicación que hacen énfasis en la invasión de la intimidad del o los personajes centrales de la noticia.

Sin aventurarnos a abordar el ya muy trillado debate sobre la línea frontera entre la vida pública y privada de las figuras públicas, podemos ser de la opinión que el acto deja de ser privado, y por ende parte de la vida privada, en el momento que alguno de los involucrados de manera directa dentro de éstos, decide darlo a conocer públicamente.

En este sentido ocioso resultaría cuestionar la labor cotidiana de los diarios con alto contenido de nota roja al hacer públicas impactantes imágenes fotográficas relacionadas con la inseguridad imperante en nuestro entorno, o bien con el infortunado deceso en forma violenta de algún ciudadano. El calificativo de ocioso es empleado en el entendimiento que el órgano difusor bien podría señalar que la imagen captada es del dominio público desde el momento en que el incidente que la produjo, ocurre dentro de un espacio del mismo tipo.

Situación similar puede ser aplicada a las llamadas fotografías de barandilla, en las que el presunto culpable se convertirá anticipadamente en culpable del acto que se le imputa por el simple hecho de aparecer su imagen –obtenida en una dependencia pública– inmersa en la crónica noticiosa.

Aquí el debate será entre la violación a la intimidad y la libertad de expresión; sin embargo regreso a lo señalado líneas atrás y considero que lo íntimo es aquello que ocurre en espacios inmediatos a nosotros y que por naturaleza del acto mismo, podemos atrevernos a afirmar que éste nunca será del conocimiento de extraños a éste, en la medida que decidimos –al momento de gestarlo– que así permanecería.

Dentro de esta categoría pueden mencionarse todos aquellos que ocurren al resguardo de un entorno íntimo como puede ser el hogar. Sin embargo en algunas ocasiones lo ahí ocurrido podrá salir de esta categoría por el simple hecho de permitir grabaciones en audio y/o video, o la captación de imágenes fotográficas.

Vienen a colación la difusión mediática de tres noticias que han sido colocados dentro de la categoría de escándalos, por lo que ocurre en torno a los personajes que participan de manera directa en los sucesos referidos, a partir del momento de ser difundidos.

Las referencias son concretas: la participación del connotado panista potosino Alejandro Zapata Perogordo, en una reunión con tintes de convivencia en las que imperó el alcohol y comercio sexual con mujeres que han hecho de la actividad su forma de vida; la asesoría logística que vía telefónica, y a cambio de generosa gratificación, proporcionaba el anterior director de la Policía Estatal, al candidato a la alcaldía de Soledad, en contra de los grupos perredistas que campean en ese municipio; y el caso de violencia familiar en que se vio involucrada como actora principal hace varios años, la hoy contendiente a la gubernatura Sonia Mendoza.

En el primero de los casos los alcances de la difusión del video ya fueron analizados y partiendo de esos señalamientos podemos considerar que si bien las grabaciones posiblemente no fueron obtenidas con el consentimiento de los participantes, éstos viven de dineros públicos, por tanto, fuera del ámbito doméstico –el del hogar–, la mayoría de sus gastos deberían estar sometidas al escrutinio y análisis públicos. Al margen de lo anterior, todo apunta a que el material probatorio fue puesto en circulación por una facción adversa, dentro del mismo partido, a la de los asistentes.

En el asunto de las grabaciones telefónicas de las conversaciones sostenidas entre el teniente coronel José Luis Urban y el aspirante a una alcaldía, si bien el medio difusor nunca hizo del conocimiento público las formas en que obtuvo los audios, resulta interesante cuestionarnos en qué momento una grabación obtenida de manera ilícita –en el entendido que ésta sí atenta contra la intimidad por el hecho de haber interferido una conversación privada–, debe hacerse pública por estar relacionada con un tema de interés primario.

Bajo esos criterios, es posible que quizá quien tuviera la última palabra en lo tocante a la pertinencia o no de la difusión del audio, fuera la opinión pública en primera instancia, y en segunda, pero de mayor valía, la instancia gubernamental que decidió solicitar y aceptar la renuncia, o el cese del jefe policiaco. ¿Por qué actuar de esa manera si se trata de un material ilegal en definitiva? No necesita mayor claridad el caso; la difusión fue si no legal, al menos pertinente, e ilustró el que la dirección de la policía estatal se encontrara en manos de un militar corrupto y sin principios. Mercenario al mejor postor.

El caso de la senadora con licencia, y aspirante a la gubernatura, es un ejemplo que ilustra a la perfección el hecho que la información que se ha logrado mantener en mediana reserva, en algún momento, y de acuerdo a los intereses de los involucrados, ésta seguirá conservando o no, la etiqueta que ha logrado mantener.

Una escena de violencia familiar ocurrida fuera de las fronteras del hogar, y en la que se vio involucrada no sólo la parte contraria que fue la que decidió hacer pública la denuncia de los hechos, también –aunque con las reservas del caso– la policía municipal de la localidad en que se dieron los hechos, mismos que en su momento fueron dados a conocer y que dada la importancia local del personaje, habían logrado mantenerse prácticamente ocultos.

Curiosamente el desenlace de este material no es una respuesta contundente que demuestre la participación o la ausencia de la candidata en el ámbito de la noticia, es su aseveración de la campaña de desprestigio en su contra que se ha orquestado desde uno de los partidos opositores y en la que La Jornada San Luis, por ser el medio que lo dio a conocer, se encuentra involucrada en la misma.

Este desacierto táctico de la contendiente, viene a sumarse al cometido cuando desacreditó las afirmaciones del abogado Eduardo Martínez Benavente, quien hizo del conocimiento público una aparente disposición de recursos depositados en el juzgado de Matehuala, por parte de la entonces trabajadora del mismo Sonia Mendoza. Nunca aportó pruebas que desmintieran lo afirmado, sólo fueron su dicho y las amenazas de demanda por difamación.

Frustrante resulta para aquellos que de alguna forma ejercen labores relacionas con el entorno periodístico, que su participación objetiva sea señalada como un contubernio con un ente externo a ellos; sólo así puede entenderse que cuando la incapacidad de argumentación se ve superada por lo irrefutable de las pruebas aportadas, la salida fácil será señalar una guerra desigual que apunta al ataque político o de género, perpetrado a través de los medios. Nada más decepcionante que un aspirante a un cargo público que coarte de alguna manera la libertad de expresión de un individuo o de un medio de comunicación, ya que de resultar éste electo, el desenlace será imaginable.