Información, participación y justicia ambiental

Renata Terrazas

Por varios años, organizaciones civiles a lo largo y ancho de América Latina trabajaron por la creación de un acuerdo regional para garantizar el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, firmada en 1992. Esta declaración es un primer esfuerzo de los países de América para orientar sus acciones encaminadas al desarrollo bajo estándares más garantistas del derecho a un medio ambiente sano de la población.

Si bien varios países realizaron varios cambios en su diseño institucional y sus marcos normativos, la realidad es que más de 25 años después, se necesitan hacer ajustes para garantizar la adecuada implementación de los ideales de esta declaración.

Uno de los elementos más relevantes y fundamentales para un adecuado ejercicio de nuestro derecho a un medio ambiente sano es la garantía del principio 10, el cual busca que todas las personas accedamos a información, participemos en las decisiones y accedamos a la justicia en temas ambientales.

Es importante porque si bien México ha dado pasos agigantados para garantizar el acceso a la información, hay mucho por hacer para garantizar la participación de las personas en procesos de toma de decisiones y, sobre todo, para avanzar en el acceso a la justicia ambiental. Ya sea porque la implementación de las leyes que castigan los delitos ambientales en México es aún muy pobremente realizada, o porque nuestros defensores ambientales, así como las comunidades que buscan detener el deterioro ambiental del que son víctimas, son perseguidas y negadas en su derecho de acceso a la justicia.

El 27 de septiembre de 2018 varios países de América Latina firmaron el Acuerdo de Escazú, entre ellos México, –que por mucho tiempo mantuvo en secrecía las discusiones y parecía que se resistía a firmar–. Sin embargo, la fecha pactada llegó y junto con países como Brasil, Argentina, Panamá, Uruguay, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, nos sumamos a este importante acuerdo ambiental de la región que tiene al centro de sus propuestas habilitar la participación de las comunidades que involucren decisiones sobre su ambiente.

Ello es de vital importancia porque en la región latinoamericana se desarrollan conflictos socioambientales dado que proyectos entendidos malamente como proyectos de desarrollo, desplazan a personas de sus comunidades, eliminan los medios de subsistencia de la población, contaminan la tierra y el agua de la región y se aplica siempre una justicia a modo que beneficia a los dueños del capital y perjudica a las personas que exigen justicia.

Ejemplo de esto es el caso de la contaminación del Río Sonora, el cual a la fecha continúa contaminado, afectando la salud de sus habitantes y con un impacto terrible para la economía de la región. En comparación, el castigo a la empresa responsable significó una multa que representa 1% de sus ganancias de un año y la creación de un fideicomiso secreto del cual se sabe prácticamente nada.

Es de esperar que este acuerdo sea implementado por nuestro gobierno y ayude a reducir los problemas que enfrentamos en todos los frentes; ya sea por habitantes del desierto sudcaliforniano que luchan por evitar que la minería a cielo abierto envenene sus aguas, por comunidades que viven cerca del último río limpio que tenemos en México que busca evitar la creación de una presa o las comunidades que no quieren ser despojadas de sus tierras por la construcción de un proyecto que beneficiará sólo a unos cuantos.

Es nuestro turno de conocer el Acuerdo y exigir su adecuada implementación en México. Las decisiones que afectan el medio ambiente son decisiones de todas y todos nosotros, no podemos seguir dejando que unos cuantos que buscan enriquecerse a toda costa tomen las decisiones por nosotros. ¡Es momento de participar por la salud del ambiente y nuestra propia subsistencia!