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10 junio, 2016
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Irregularidad y desacato de los gobernantes

Carlos López Torres

La conformación de un escenario político de centro-derecha en el país, fortalecido con los resultados de las pasadas elecciones, con porciones mínimas de gobiernos de izquierda, con una sociedad que, habiendo reaccionado electoralmente para propiciar el voto de castigo hacia el partido tricolor, perdedor indiscutible de la pasada contienda, no es garantía de un verdadero cambio democrático por el que amplios sectores de la sociedad hemos venido luchando.

Más aún, la precariedad del estado de derecho, reflejado en la discrecionalidad, arbitrariedad, irregularidades y desacato a las disposiciones legales diversas, aprobadas por los mismos gobernantes, afectando sensiblemente derechos individuales y sociales en aras de un progreso que no se ve ni se concreta de manera tangible, obliga a los ciudadanos a intervenir más organizada y permanentemente en la vida pública en los más diversos niveles, ahí donde se toman las decisiones y se diseñan acciones de gobierno sin consulta alguna, cuya justificación tiene que ver más con intereses políticos de grupo o de partido, que con el bienestar real de la población.

Casos como el del confinamiento de desechos tóxicos en rancho Palula, municipio de Santo Domingo, cuya escandalosa falsificación de firmas de cuatro regidores de la administración pasada en esa demarcación, denunciada por los ex ediles, se llevó a cabo mínimamente con el conocimiento del ex alcalde, aunque el Congreso del Estado y la ASE no se preocuparon por comprobar la legalidad de esa supuesta autorización. Ojalá intervengan de inmediato.

O el reconocimiento por parte de la Segam de que existen en la entidad buena cantidad de empresas que funcionan de manera irregular en relación con la normatividad existente, relacionada con la seguridad y el uso de protocolos que impidan la emisión de contaminantes, así como la tolerada tala y contaminación de aguas y tierras, no es sino una especie de mea culpa simulado que confirma lo que en la práctica todos sabemos: que el desacato y la llamada “autorregulación” de las empresas se ha ido imponiendo a ciencia y paciencia de los gobernantes.

El hábito del alcalde capitalino, cuya iniciativa nadie niega aunque mantiene ocupados y preocupados a sus competidores de cara a 2018, no sólo es muestra de un ejercicio arbitrario del poder, sino de su proclividad hacia prácticas de dudosa legalidad como el escandaloso caso de los medicamentos y más recientemente el de la no licitación de purificadoras de agua que, con el uso de recursos públicos, funcionan en diferentes rumbos de la ciudad, cuyos habitantes reciben cotidianamente agua turbia y contaminada por las inservibles y añejas tuberías citadinas.

El ocultamiento de información y la actuación por vía de hecho de empresarios y autoridades ha llegado a límites que obligan a los ciudadanos afectados a intervenir de manera directa para impedir la invasión de sus tierras y explotación irracional de sus recursos. Tal es el caso de los indígenas de la comunidad de Cruztitla, localidad del municipio de Xilitla, municipio gobernado por los azulinos, quienes valientemente impidieron el paso una empresa que se negó a mostrar su identidad y nunca presentó documentos que avalaran el inicio del fracking o perforación de la tierra, que pretendían iniciar de inmediato sin mediar explicación alguna. ¿Quién autorizo esa acción? ¿Qué proyecto se pretende llevar a cabo en esa región? El gobierno está obligado a aclarar.