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La autonomía universitaria según la Suprema Corte

Federico Anaya Gallardo

Para Sergio García Ramírez, la autonomía universitaria es una garantía institucional o instrumental. Su existencia permite un ambiente en el cual las universitarias y universitarios ejercen una constelación compleja de derechos humanos. Por ejemplo, la persona estudiante elige libremente su carrera para forjar su proyecto de vida; la persona docente presenta libremente sus ideas; la persona investigadora busca libremente respuestas a sus inquietudes científicas. Para que estas personas puedan dedicarse a lo anterior requieren de un espacio dedicado exclusivamente a las tareas académicas que, en cuanto entorno institucional, esté liberado de intereses políticos, partidistas, religiosos y comerciales.

En los ejemplos que mencioné se perfilan las dos primeras de las cinco funciones esenciales de toda institución de educación superior (IES), se llame o no “universidad”: (1) formar profesionalmente a sus estudiantes (docencia) y analizar sistemáticamente sociedad y naturaleza (investigación). Junto a ellas, toda IES tiene una función que la relaciona con el resto de la sociedad –pues no debe ser torre de marfil: (3) prestar servicios culturales a la sociedad (difusión-vinculación). Pero, para lograr todo lo anterior, una IES debe (4) asegurar la capacitación de su personal (formación docente-académica) y (5) prestar de manera eficiente, hacia dentro de sí misma, los servicios educativo-universitarios necesarios para que estudiantes, docentes e investigadores puedan trabajar en libertad.

La última de las funciones que menciono se refiere a la capacidad de auto-gobierno que debe tener toda IES. Esta facultad ha sido analizada en diversos casos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en marzo de 2010 sentó varias jurisprudencias a través de su Primera Sala. En la tesis 1ª/J.19/2010 analizó los alcances de la autonomía universitaria y destacó que el Artículo 3 Constitucional confiere a las IES facultades de auto-formación y auto-gobierno para determinar planes y programas de estudio, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio (liga 1).

En otra tesis (1ª/J.20/2010) que lleva el título “Universidades Públicas. Competencias que derivan de su facultad de autogobierno”, la Suprema Corte determinó que esas competencias “son las siguientes: a) Normativas, que se traducen en la aptitud de expedir normas generales que permitan regular todas las actividades relacionadas con el servicio educativo y la promoción de la investigación y la cultura; b) Ejecutivas, referidas al desarrollo y ejecución de los principios constitucionales, de las leyes expedidas por los órganos legislativos y las normas que las universidades emiten; c) Supervisión, que implican la facultad de inspección y control para supervisar la actividad que desarrollan por sí, o por conducto de cualquier órgano adscrito a la casa de estudios, esto es, pueden realizar inspecciones y evaluaciones de tipo administrativo, académico, científico, técnico y operativo, a fin de comprobar que se respeten los principios constitucionales, legales y universitarios; y d) Parajudiciales, que se refieren a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, siempre que constitucional o legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario” (liga 2). Es decir, la autonomía transfiere a la IES funciones de naturaleza legislativa, ejecutiva, jurisdiccional y de contraloría.

Lo anterior no se entiende a cabalidad si no recordamos que las IES son comunidades académicas, ayuntamientos de estudiantes, profesoras y trabajadoras. Esto ilustra el principal defecto del Anteproyecto de Ley General de Educación Superior, que es omiso en desarrollar las líneas que la Suprema Corte ya ha determinado como interpretación del mandato constitucional en la materia.

Las IES no son “Estados dentro del Estado” pero sí deben funcionar como repúblicas académicas que se autogobiernan responsablemente. El ejercicio del auto-gobierno es, por otra parte, una experiencia esencial en la formación de las y los estudiantes. Hay quienes piensan que la juventud es “inmadura” para las tareas de gobierno académico –y con este pretexto les deniegan la ciudadanía académica. Desconocen que la madurez se construye ejerciendo derechos; y que los intereses legítimos del estudiantado obligan –en el mediano plazo– a sus representantes a ser serios y razonables. He tenido la oportunidad de comparar el carácter de jóvenes egresados de IES con espacios robustos de participación estudiantil, con el de egresados de IES sin esos espacios. La personalidad de los primeros es notoriamente más compleja que la de los segundos. Su ética de participación también es mayor. La necesidad de una razonable participación estudiantil debería estar consagrada en la ley que regule la educación superior.

Cada una de las IES, organizada como robusta república académica, debería discutir seriamente cuál es la mejor manera de formar a las y los estudiantes; cuál es el mejor modo de responder a la problemática de la sociedad; y cuáles son las prioridades de investigación en ciencia y tecnología. Una de las ventajas de la autonomía es que no puede haber un modelo único de IES. Mientras más modelos se determinen, mayor será el servicio que el sistema de educación superior rendirá a nuestra sociedad.

Un ejemplo de lo anterior es el debate acerca de la “no-especialización temprana”. Manuel Pérez Rocha, rector fundador de la UACM, cree que las y los estudiantes deben tener amplia libertad para escoger su trayecto curricular. Este modelo es usual en el sistema estadunidense de college de cuatro años, que entrega a la sociedad profesionales con aptitudes y conocimientos variados y flexibles que pueden adaptarse mejor a las cambiantes condiciones del mercado laboral. La especialización en profesiones (los ejemplos clásicos son Derecho y Medicina) viene más tarde, en cursos que pueden durar entre dos y tres años más (graduate school). Esta propuesta ha sido trabajada en México junto con las ideas de interdisciplina –fomentando el diálogo entre saberes. Un resultado de la no-especialización temprana y la interdisciplina ha sido la formación de un cuerpo de investigadores capaz de fundar nuevas instituciones y programas académicos que atienden mejor los problemas viejos y nuevos de nuestra sociedad.

En contrario, también es verdad que México sigue necesitando –y con urgencia– de cuadros profesionales en las disciplinas clásicas (médicos, abogados, contadores). Para satisfacer esta demanda social, el modelo de especialización inmediata (en escuelas de Medicina, Derecho y Contaduría), con cursos de 4 a 5 años, es más expedito.

¿Qué es mejor? Una autoridad central, única, uniforme, no lo decidirá bien. La decisión tiene que ver –dice la Suprema Corte– con la autonomía universitaria que la Constitución recomienda. Una autonomía ejercida por quienes tienen interés legitimo en el gobierno de la IES: estudiantes, académicas y trabajadoras. Como decíamos en 1986-1990 en el CEU: ¡Todo el poder a la Academia!

Las ligas de este artículo:

Liga 1:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=164876&Clase=DetalleTesisBL

Liga 2:

https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/jurisprudencial-primera-sala-jurisprudencia-200298003

agallardof@hotmail.com