Los ambulantes dan gracias a Gallardo por haberlos unido
27 noviembre, 2015
Enfrentará Arturo Escobar una acusación por delitos electorales
27 noviembre, 2015
Renata Terrazas *
El México que pretende crear instituciones democráticas está fallando en un tema fundamental, o quizá, lo esté haciendo bien para quienes ejercen el poder político y pretender mantenerlo.
La cara de las instituciones, la voz y, de hecho, el cerebro de éstas, recae en sus titulares. Son éstos quienes dibujan el camino que las instituciones habrán de seguir, más allá del diseño plasmado en ley. Son los titulares quienes marcan el paso y la dirección de las instituciones, y por ende, señalan los alcances del propio proceso democratizador.
En el caso de las diferentes dependencias de los poderes ejecutivos, el nombramiento de sus titulares recae en el jefe del Ejecutivo. Este proceso, discrecional, se entiende dado que la responsabilidad de la conducción de todas las dependencias del Ejecutivo recae en su titular, ya sea el presidente de México o gobernadores, según sea el caso.
Sin embargo, para las instituciones que fueron creadas como órganos reguladores del poder, el proceso de selección de sus titulares no debería hacerse de manera discrecional. Designar a un juez, a un titular de un instituto de transparencia, de comisiones de derechos humanos o de institutos electorales, tendría que ser un proceso transparente, abierto a la participación y que fomentara el diálogo para seleccionar al mejor perfil.
De manera muy desafortunada, el proceso de designaciones públicas en el país es opaco, cerrado y suele favorecer no a los mejores perfiles sino a los amigos de quienes ejercen el poder.
Los casos más recientes son los procesos de selección de dos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el del rector a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La tentación de que el presidente de la república y los partidos políticos impongan a su candidato, en ambos procesos, es mayúscula.
En el caso de la UNAM, la reacción de la comunidad universitaria y sectores de la sociedad civil fue feroz; a toda costa, se buscó evitar la imposición del candidato de presidencia. La razón de ello es notoria, la autonomía de la UNAM es directamente proporcional a la distancia que el rector tenga de los poderes políticos.
Para cualquier otra institución reguladora del poder sucede lo mismo. En la medida en la que los titulares de los institutos de transparencia, electorales o las comisiones de derechos humanos, sean cercanos a los partidos políticos, gobernadores y sus intereses, tendremos instituciones débiles que permitan la impunidad y corrupción en el país.
No importa el diseño en ley de una institución si quienes dirigen dicha institución carecen de independencia del poder político. En ley hemos construido instituciones fuertes que son celebradas alrededor del mundo, el problema es que éstas, en muchos casos, se encuentran capturadas.
La forma más sutil de captura se encuentra en la intervención en los procesos de designación. Y para lograrlo, lo más sencillo es llevar a cabo procesos cerrados, en donde el dedazo del ejecutivo o el acuerdo partidista sean los criterios de selección.
En papel, los institutos de transparencia son tan fuertes que garantizan la apertura de información de los gobiernos. Y, al hacerlo, permitirían que actos de corrupción quedaran formalmente al descubierto. Este rol tan importante es entendido como una amenaza para quienes por años han ocupado puestos públicos y se han beneficiado con ellos. Por ello, la tentación de controlar las decisiones de los institutos mediante el control de sus titulares, les resulta evidente.
Estos intentos de captura los vemos también en el caso de la SCJN. El órgano encargado de interpretar la Constitución y consolidar los marcos legales del país está en riesgo de sucumbir a las manipulaciones del presidente de la República Mexicana, a través del Senado. De igual forma que con la UNAM, diversas voces se han alzado para señalar este atentado contra la democracia.
La relevancia de la Corte y del proceso de designación de los ministros es suprema. Las dos personas que integren el pleno serán decisivas para los pasos subsecuentes en la construcción de un estado de derecho. Si priva el criterio del presidente sobre los intereses de todas y todos, estaremos cediendo ante los intentos de concentración de poder del titular del Ejecutivo federal.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
