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¿La consulta popular como medio de control constitucional?

Papeleta para la Consulta Popular elaborada por el INE

Guillermo Luévano Bustamante

Bien hecha, una consulta popular podría constituir un medio más de control constitucional. Y por bien hecha no me refiero solo a la redacción de la pregunta, sino al despliegue previo al ejercicio consultivo. En México tenemos una buena experiencia, al menos en el discurso, en las consultas en materia indígena, que son formas imperfectas y cuestionadas, pero relativamente funcionales de promoción de la participación política. En particular, en San Luis Potosí se cuenta con una ley de consulta indígena que previene un mecanismo relativamente sencillo que puede ser replicable, con reservas, a distintos ámbitos. Y como en muchas ocasiones el problema no es solo la falta de regulación, sino la deficiencia en la aplicación de una existente. Que una consulta funcione parece ser más un asunto de voluntad política, y no solo de quien convoca, sino de quien la organiza.

El 1 de agosto de 2021 se realizará la consulta popular promovida por el presidente de la República, avalada por el Congreso de la Unión y validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con la ley en la materia.

La pregunta a consultar es larga, es cierto, y quedó planteada en los siguientes términos:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Para muchas personas, abogadas incluso, el ejercicio es extraño y hasta innecesario. “La ley no se consulta, se aplica y ya” se repite con frecuencia en los espacios de opinantes periodísticos o en las aulas virtuales de las facultades de Derecho, desde una perspectiva puramente normativista. Se olvida o se desconoce que los caminos que conducen a la creación de las pautas que conforman los sistemas normativos no son solo los trámites legislativos de parlamentos, sino que, sobre todo, las leyes son productos de procesos históricos. En todo caso también las diligencias y sesiones de los órganos deliberativos no son pura técnica legislativa, son acuerdos –o desacuerdos– políticos.

La ley recoge entonces consensos o disensos, casi siempre de elites políticas y económicas, y no necesariamente en “lenguaje de abogados”. Nuestro sistema jurídico no requiere que los congresos se conformen solo por profesionales del campo jurídico, que son quienes “crean” las leyes, se supone que son representantes de la sociedad. ¿Por qué se demerita la consulta para la prosecución de la justicia? El ejercicio no es inusual. Y no es solo un mecanismo jurídico, es fundamentalmente político, porque el Derecho no es solo la ley, es sobre todo un campo de disputa política: en América Latina se ha utilizado cuando se discuten ampliamente procesos de justicia transicional.

En México hay procesos consultivos que no concitan escozor, porque no suelen ser efectivos ni controvierten decisiones hegemónicas de largo alcance. Además de la propia Ley Federal de Consulta, hoy en el debate, cuando menos tenemos consulta indígena, consulta en materia ambiental, consulta a personas con discapacidad, consulta respecto a los planes de gobierno.

Cuando hay relaciones de poder profundamente desiguales la ley no basta para asegurar la justicia. Cualquier persona que haya tenido experiencias de reclamos legítimos por violaciones a sus derechos humanos frente a los órganos del Estado sabrá de qué hablo: pueden interponerse denuncias que suelen empantanarse por falta de “voluntad política” o incluso detenerse por consigna de agentes públicos o privados que inciden con mas contundencia en la procuración de justicia que las personas o comunidades afectadas.

Pero si la ley no basta por sí sola, la consulta tampoco es suficiente, en todo caso hay que profundizar en los mecanismos de participación política y de conformación plural de la ley. Y no solo deberíamos procurar que el origen de la legalidad supere los oxidados medios por los que se produce, también hay que profundizar en la diversificación de sus modalidades de control y garantía.

Hasta ahora la sociedad dispone de pocos medios de control del bloque de constitucionalidad, más allá de la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, las personas como ciudadanas, o incluso agrupadas en comunidades, apenas contamos con el juicio de amparo y los juicios para la protección de derechos políticos. ¿Qué tal si afinamos de tal modo el proceso de consulta popular para que se convierta en un medio colectivo de control constitucional?

La abogacía formalista repudiará esta idea sin más, pero puede constituir un dique frente al abuso del poder político y económico que proteja los derechos humanos de las personas y comunidades víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

Voy a participar en la consulta y creo que la población mexicana debería hacerlo. Con ello, por sí solo, no vamos a remediar las graves violaciones a derechos humanos del pasado pero puede ser el inicio de un otro camino, largo pero necesario, hacia la justicia en este país.

Guillermo Luévano Bustamante
Abogado de derechos humanos
@guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.