La justicia apremia en la Fiscalía General, en la de anticorrupción y hasta en el Congreso

María Elena Yrízar Arias

Parece inédito el giro que está dando la voluntad política del gobernador del estado potosino Juan Manuel Carreras, ya que la intención de actuar de inmediato en contra de muchos delincuentes de cuello blanco se refleja tanto en la Fiscalía General del Estado  como en la Fiscalía Anticorrupción de proceder a dar trámite a las diversas denuncias que recibiera oportunamente y que no se les había dado el trámite legal conducente.

El combate a la impunidad además de ser una postura del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, también debe ser una decisión inteligente del gobernador potosino, primero para cumplir la ley y segundo para reivindicarse como un gobernador fuerte.

Muchos de esos delitos se les atribuyen a funcionarios públicos, a cinco ex diputados de la pasada Legislatura local, por el delito de peculado, falsificación y uso indebido de la función pública, por el caso de la utilización de facturas de empresas “fantasmas” para justificar el pago de apoyos a personas de escasos recursos, un caso denunciado tiene que ver hasta con una persona muerta que recibió dinero y todavía tuvo la amabilidad de mandarle agradecer por escrito como acuse de recibo de dinero, desde luego desde el más allá. Aunque con los documentos falsos, lo situó en el más acá, reviviéndolo. Hasta ese grado llegaron estos sujetos llamados representantes populares, para robarse el dinero. No se puede soslayar más tiempo la sensación de alcahuetear la corrupción que tanto daño ha hecho.

El fiscal Jorge Vera Noyola, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, ya inicio el trámite legal correspondiente a las denuncias que había recibido en contra del ex diputado de Salinas, José Luis Romero Calzada, y de Dulcelina Sánchez de Lira, ante la Fiscalía General de Justicia, responsabilidad del fiscal Federico Garza Herrera, por los delitos de peculado en agravio del Congreso del Estado; la citación a declarar de los indiciados tendrá lugar para fin del presente mes, donde los inculpados  deberán responder sobre los hechos que se les atribuyen como constitutivos del delito y se inicien las carpetas de investigación.

También resulta insólito que ayer varios jueces y magistrados presentaron por escrito y adjuntando pruebas de los hechos en que fundamentan, para solicitar juicio político en contra del abogado Juan Paulo Almazán Cue, presidente del Poder Judicial (jefe inmediato de estos denunciantes) y del Consejo de la Judicatura, por abuso de poder, ejercicio indebido de las funciones públicas y violaciones a los derechos humanos. Lo anterior lo dieron a conocer en la rueda de prensa, donde hicieron mención de que entregaron 144 fojas de pruebas

Otra noticia que ha sido recibida con buenos ojos es que la Auditoría Superior del Estado denunció a la Fiscalía General del Estado, a algunos ex funcionarios de esa institución, que desempeñaban funciones administrativas, por los delitos de peculado, uso indebido de la función pública y asociación delictuosa.

La denuncia se relaciona con el desvío de las aportaciones económicas que fueron descontadas a los empleados de la institución, pero que a partir de 2015 nunca llegaron a la Dirección de Pensiones Estatal. Según la denuncia se señala que el daño causado de la ASE entre los años 2015 y 2017, asciende a casi 34.5 millones de pesos, monto que en junio de 2017 fue señalado Osiel Yudiche Lara, responsable de la Dirección de Pensiones, quien oportunamente requirió a la ASE por esa cantidad de dinero, por concepto de pagos atrasados de las cuotas correspondientes a esa oficina de Pensiones.

Si bien el gobernador tiene en puerta su cuarto Informe de Gobierno, su postura de proceder a poner orden y echar a andar los organismos de justicia, está acorde con la propuesta de la Cuarta Trasformación Política Nacional.

Combatir la corrupción y la impunidad es un deber que tienen todos los gobiernos. Los tiempos políticos han cambiado y la ciudadanía demanda que se aplique la ley, que se combata la corrupción y la impunidad principalmente. Si se ve que la decisión de poner orden es eficaz. Es lógico, la misma justicia apremia, no importa que sea con fines políticos. Nomás con que se dé. Eso es una buena señal.

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