¿La mano de Govea?

No es el final de la historia
Ni por la grande ni por la chica
Otros en la mira

Ricarlos I

A yer por la tarde, la Procuraduría General de la República dio una conferencia de prensa en la que aclaró el operativo efectuado para detener al alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, quien en ese mismo momento fue señalado como probable responsable de delitos de delincuencia organizada y haber efectuado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esto, la posibilidad de que el aspirante a la gubernatura pueda contender por cualquier partido ha sido echada por tierra, e incluso pone también en la mira a funcionarios de su administración, al PRD estatal y a los socios que tuvo durante su gestión al frente del municipio conurbado con la capital potosina.

Pero su historia no empieza con su llegada al poder, sino con su antecesor, su padre, Ricardo Gallardo Juárez, quien desde el principio de su administración fue seriamente cuestionado por haber removido casi a la totalidad de los policías municipales, por “ser de poca confianza”. Ungido como alcalde luego de administraciones priístas, panistas y perredistas caracterizadas por el saqueo de los recursos municipales, que incluso derivó en investigaciones y detenciones contra ex presidentes soledenses, y por la inseguridad rampante que golpeaba al lugar, mantuvo un gobierno de corte popular, enfocado en reforzar programas asistenciales e incluso “acercar” al gobierno a la población, con acciones tan suigeneris como los policías y tránsitos municipales disfrazados de Santa Claus.

Cabe recordar que fue en estos años en que ocurrió el punto más álgido de la “guerra contra el narco” declarada por Felipe Calderón a nivel nacional, lo que convirtió regiones enteras del estado en campos de batalla entre los grupos delictivos dedicados al tráfico y venta de estupefacientes, y la capital del estado y su área conurbada, como el municipio de Soledad, se vieron inmersos en este conflicto. No eran pocas las voces que acusaban a los tres niveles de gobierno de estar coludidos con el narco. Al gobierno soledense, se le señalaba específicamente de mantener en su territorio a Los Zetas, cuyos supuestos tratos con el gobierno gallardista habrían asegurado un poco de paz en comparación con la capital, donde llegó a haber balaceras en pleno Centro Histórico durante el día y la tarde.

Además, Ricardo Gallardo Juárez dirigió buena parte de sus esfuerzos finales al frente del ayuntamiento soledense para asegurarse que su sucesor fuera Ricardo Gallardo Cardona, conocido coloquialmente como El Pollo, dado que la familia tiene negocios relacionados con la avicultura y su padre usó como slogan político “Gallardo, ¡qué gallo!”, durante su carrera política.

Una vez instalado Gallardo Cardona en la presidencia municipal, aumentó el gasto social de manera exponencial, manteniendo declaraciones críticas al gobierno estatal priísta y creando más programas asistenciales, como las purificadoras de agua gratuitas, los planes de inclusión de jóvenes banda en ligas deportivas y talleres artesanales, y entregas de despensas gratuitas en zonas marginadas.

Sin olvidar, claro, un dispendio notablemente mayor al de su padre en propaganda en medios electrónicos e impresos, haciendo de su primer informe de gobierno una suerte de “fiesta popular” con baile y grupos en vivo. Todo mientras el Cabildo soledense aprobaba cada plan y proyecto propuesto por él, sin resistencia de ningún tipo por parte de la oposición local, situación que denunciaran previamente analistas políticos y ex miembros del PRD estatal.

Este gasto en múltiples programas hizo que comenzaran a circular rumores sobre el posible uso de dinero ilícito, con el cual se pretendía hacer de suficiente capital político para presionar por lugares en el PRD y candidaturas en los comicios de este año. Pero nunca hubo una denuncia formal o sustentada con suficiente fuerza, como para causar una investigación o la intervención de las autoridades. Todo sólo eran dichos y pláticas callejeras. El control ejercido sobre los empleados del gobierno municipal, sus declaraciones y el manejo de sus informes de prensa también causaron especulaciones, pues se afirmaba que todos estaban trabajando al unísono para dar una imagen impoluta a la ciudad, e incluso los agentes de tránsito soledense, señalados anteriormente a nivel nacional como mordelones y corruptos, evitaban hasta cierto punto crear una mala imagen al gobierno.

De esta manera, el poder acumulado en el PRD hizo que su posición al interior fuera más que favorable para conseguir una candidatura ya fuera en el Poder Legislativo local o federal, o incluso ir “por la grande”, el gobierno estatal. A su vez, su padre comenzaba a cabildear en el partido una posible candidatura para buscar la presidencia municipal de la capital. Una situación que parecía ya casi un hecho, con los cambios de dirigencia en el PRD estatal, en el cual varios de sus colaboradores y allegados ocuparon puestos clave para alimentar estas aspiraciones. Se llegó a hablar incluso de que su madre, María del Pilar Cardona, sería la candidata al gobierno municipal soledense este 2015, tratando de preservar el poder dentro de la familia.

Pero, entonces ocurrió el incidente de Iguala, en Guerrero, un municipio gobernado por un perredista, en el que 43 normalistas rurales fueron levantados por la policía municipal y de los cuales sólo se tiene la certeza de la muerte de uno, mientras se desconoce el destino de los 42 restantes. Este caso tuvo tal impacto, que el PRD debió deslindarse del asunto e incluso inició un protocolo de investigación contra todos los gobernantes emanados de ese partido.

De esta manera, el PRD comenzó a exigir a sus militantes en el poder cuentas claras. Previendo esta situación, Gallardo Cardona ya había ordenado constancias y conseguido papeles que avalaran su probidad en el gobierno, papeles firmados por las autoridades financieras y judiciales estatales y federales, donde se declaraba al alcalde libre de investigaciones o acusaciones por malversaciones o delitos. Hasta una prueba de polígrafo presumió, certificada por peritos de la Procuraduría estatal.

Nada de esto fue suficiente, y la cúpula nacional perredista, buscando recuperar credibilidad a nivel nacional, presionó a las autoridades federales para que investigaran más a fondo, y de ello resultaron los cargos que hoy le imputan a Gallardo Cardona y que le mantienen en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, en Sonora.

Aunque, no es el final de la historia, pues ahora en los mismos canales de información informales donde se advertían de estas situaciones, ha comenzado a circular la teoría de que dicha presión del partido del sol azteca contra Ricardo Gallardo Cardona, es resultado de la influencia que otro potosino, Eugenio Govea Arcos, ha aplicado para evitar la candidatura del alcalde con licencia.

Eugenio Govea es un político que previamente militó en el Partido Acción Nacional, alcanzando una curul como senador de la República y compitiendo por la candidatura a gobernador en 2009 contra Alejandro Zapata Perogordo. Al ser este elegido como abanderado albiazul, fue parte de los múltiples panistas que por desencanto, falta de oportunidades o enfrentamientos con la dirigencia nacional, abandonaron dicho instituto, y se adhirió al partido Convergencia, rebautizado después Movimiento Ciudadano.

En 2012 quedó como diputado local plurinominal por ese mismo partido, y desde entonces no ocultó sus aspiraciones por contender por la gubernatura, esta vez del lado izquierdo del escenario.

Un lado que no le es desconocido, puesto que está casado con Claudia Corichi García, senadora perredista zacatecana e hija de la ex gobernadora Amalia García, quien en su gestión llevó un corte muy semejante al de Ricardo Gallardo, sólo que a nivel estatal. De la misma manera que el soledense, enfocó el presupuesto del estado en programas asistencialistas, espectáculos gratuitos y festivales, y propaganda en diarios locales y nacionales. En años recientes, se ha acusado a Amalia García de quebrantos al erario de aquel estado, además de haber permitido la llegada de la delincuencia organizada, lo que en su momento convirtió el límite entre Zacatecas y San Luis Potosí en un sitio donde con una base diaria, se localizaban restos humanos, descuartizados y expuestos en hieleras en la carretera federal que conecta a las dos capitales.