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La pérdida de confianza en las instituciones

Renata Terrazas*

Hace treinta años nos enfilábamos a lo que se convertiría en las elecciones más polémicas de la vida moderna del país. Sin profundizar en el contexto bien conocido por todas y todos, lo que fue evidente en las elecciones de 1988 fue el fraude electoral realizado sin tapujos, en la cara de una comunidad política que salió a las calles a intentar cambiar el estado de las cosas.

Era de conocimiento común la forma en la que el partido hegemónico gobernaba, cooptaba, capturaba, reprimía y mentía, con tal de mantenerse en el poder. Era un secreto a voces el corrupto actuar del Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo la caída del sistema en 1988 fue también la caída del velo que cubría los fraudes electorales.

Fue un momento catalizador que dio pie a la construcción de instituciones que garantizaran el desarrollo de elecciones limpias, justas y equitativas. La década de los noventa significó una apuesta al sistema electoral y creación del actual Instituto Nacional Electoral (INE) que nació con el propósito de evitar futuras caídas del sistema.

La creación del INE, aunada a una serie de medidas liberalizadoras comenzadas a finales de la década de los setenta, permitió la llegada de la oposición al poder con el nuevo milenio y parecía que asegurar la alternancia como algo cotidiano en el nuevo México democrático.

Después llegó 2006 y con él la sospecha de un nuevo fraude electoral que junto con las múltiples denuncias de compra de votos, desvío de recursos para campañas políticas e inequidad en la transmisión de la imagen de los candidatos según los acuerdos con las televisoras.

La falta de legitimidad del INE derivado a su deficiente papel como árbitro electoral y organismo garante de los derechos políticos incrementa con procesos de designación de sus consejeros plagados de irregularidades que apuntan a acuerdos entre las camarillas del poder para el reparto de cuotas.

Desde siempre, en México nos hemos encargado de desmantelar instituciones que pudieran funcionar como contrapeso al poder, así se llamen INE, Cámara de Diputados, Senado o Poder Judicial –entre tantos muchos otros-.

Ante las continuas crisis que tenemos ofrecemos la solución de creación de instituciones y marcos normativos de avanzada. Ya a inicios del siglo XX, una revolución derivó en la más hermosa y garantista constitución del mundo que, a la fecha, sigue sin implementarse en gran medida. Y así continuamos hasta el día de hoy donde tenemos pendiente de implementar un flamante (no tan) nuevo sistema penal desde 2008, un complejo sistema de garantía de derechos producto de la reforma de 2011, un sistema nacional de transparencia de 2014, un sistema nacional anticorrupción de 2016, etcétera.

Después de más de un siglo acumulando experiencia en los fracasos de la implementación legal y los diseños institucionales, deberíamos ser capaces de dar una discusión amplia y dibujar una ruta para no dejar que los sistemas de justicia, transparencia y anticorrupción se vayan por la borda.

Lo que es evidente es que tanto los poderes que tradicionalmente han desempeñado un papel menor en el país –Legislativo y Judicial-, así como los organismos públicos autónomos, tienen un mandato más allá de sus funciones legales y es el de crear confianza entre la ciudadanía.

Hoy por hoy observamos los efectos de acuerdos a puertas cerradas entre organismos públicos autónomos y partidos políticos para darse licencias en el ejercicio desbordado del poder, vemos a un poder judicial que continúa actuando en una lógica de favores hacia la clase política y atestiguamos el actuar de congresos funcionando como títeres del gobernador o el presidente en turno.

No se puede gobernar sin confianza y hoy en día la gente no confía en sus gobiernos, y no confiamos porque nos espía, nos reprime, nos desaparece. Uno de los ejercicio más colaborativos que se han diseñado entre sociedad y gobierno y que cuenta con el aval de una comunidad internacional, acaba de sucumbir ante las acciones depredadoras de un gobierno que no sabe gobernar.

Las acusaciones de espionaje que detonaron la salida de las organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para Gobierno Abierto (AGA) son de gran gravedad ya que demuestran la imposibilidad de construir puentes con un gobierno que busca imponerse en todo momento y no deja espacio para el diálogo, para la deliberación.

Hace muchos años que no vivíamos un gobierno tan autoritario que desde 2012 sólo se ha encargado de cerrar los espacios de diálogo con sociedad civil y de construir un halo de desconfianza. El reto para 2018 será reconstruir confianza en una ciudadanía vapuleada, burlada, espiada, reprimida.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación