La rendición de cuentas como cura para la ineptitud

Renata Terrazas*

La urgencia de habilitar mecanismos de rendición de cuentas y hacer válidos los que existen es notoria cuando nos encontramos noticias como la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca a un jefe de Estado que decapita opositores o la devastación de manglares de Cancún con aval de las autoridades, por mencionar algunas.

El cansancio de la población ante las decenas de noticias sobre actos de corrupción, en donde políticos y empresarios implicados no son sancionados, nos sume cada día más en un fango de impunidad que deviene en una tremenda desconfianza de la sociedad hacia las instituciones.

En días pasados el presidente Peña Nieto entregó al jefe de Estado de Arabia Saudita la Orden Mexicana del Águila Azteca, la noticia se recibió con total desagrado e indignación. Tal reconocimiento está reservado para personas con aportes a la humanidad o a la nación mexicana, es decir, personas que abonen a la construcción de un mundo más justo o más bello, sin embargo, en este caso la entrega se realiza a un personaje que días antes ordenó la decapitación de 47 personas, entre las cuales se encontraban opositores a su gobierno.

Si el Consejo de la Orden, encargado de evaluar y dictaminar la procedencia de las propuestas de candidatos, aprobó la entrega del reconocimiento al rey saudí, es decir, el proceso se realizó con apego a la ley ¿puede llamarse a rendir cuentas a los integrantes del Consejo?

La respuesta tiene que ser afirmativa, sin embargo, el único posible mecanismo sería mediante el Senado, quien puede llamar a comparecer a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, quien como integrante del Consejo y cabeza del sector encargado de mantener las buenas relaciones con otros países, sería la principal responsable de la decisión de entregar la Orden.

El mecanismo de comparecencias, para quien haya tenido la oportunidad de observar alguna, suelen ser aburridas sesiones llevadas a cabo a manera de trámite o intercambios de improperios que derivan en monólogos sin sentido. En ambos casos, el intercambio de información es prácticamente nulo y quienes comparecen no suelen dar suficiente información ni justificar sus acciones, y como siempre, después nada sucede.

Además del mecanismo limitado de comparecencias, la ciudadanía se encuentra excluida del proceso; sólo podemos ser observadores desde la televisión de un montaje teatral sin resultados convincentes, sin aporte al debate y sin hacer rendir cuentas a nadie.

¿Qué le queda a la ciudadanía que entiende como una infamia la entrega de una condecoración que, en nuestro nombre, se le entrega a un perfecto violador de derechos humanos? Siempre estará el enojo vertido en redes sociales, la mofa hacia el presidente y la crítica a la incapacidad de una secretaria que siempre ha sido una cuota política; todas ellas prácticas inútiles que únicamente alimentan el enojo y desconfianza de la población hacia sus instituciones.

Otro caso es la reciente actuación de las autoridades en el manglar de Tajamar, en el cual, con la autorización de la secretaría encargada de proteger al medio ambiente, la Semarnat, se permitió que decenas de hectáreas de manglar fueran devastadas para la construcción de un proyecto inmobiliario.

Llama la atención que si la devastación fue legal y en pleno cumplimiento a las disposiciones de las autoridades ambientales, ésta se llevara a cabo de madrugada y con granaderos rodeando los trabajos de la maquinaria que al tiempo que destruía los manglares cercenaba la fauna del ecosistema.

Tales acciones parecían ser realizadas al margen de la ley y en contra de las disposiciones de las autoridades, sin embargo en las últimas horas nos hemos enterado que en 2005 el permiso para destruir Tajamar fue dado por la Semarnat. Las preguntas a contestar son varias, entre las cuales está la necesidad de saber si los permisos fueron dados legalmente. La respuesta de la autoridad ambiental que menciona que se actuó con apego a la ley impacta cuando se observan las imágenes de la destrucción y los múltiples animales asesinados.

Es imperante tener pleno conocimiento del proceso, acceder a la información detrás de las decisiones que llevaron a entregar el permiso y llamar al secretario de la Semarnat a que rinda cuentas por la devastación de Tajamar. Entre las preguntas que deberá contestar está la que indique las acciones que su secretaría llevó a cabo para la protección de la fauna del lugar y que justifique como la devastación del manglar atiende a un bien público mayor que su preservación.

Los casos de ineptitud entre las cabezas de gobierno son varios, en esta ocasión los más notorios fueron los de Claudia Ruiz Massieu y Rafael Pacchiano, ambos criticados al momento de su nombramiento por su inexperiencia, la cual esta semana ha quedado de manifiesto.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación