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La tragedia del río Sonora a dos años

Renata Terrazas*

Este 6 de agosto se cumplieron dos años de uno de los mayores desastres ambientales en México en donde los ríos Bacánuchi y Sonora fueron contaminados con residuos tóxicos, por parte de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México; con afectación directa a un aproximado de 24 mil personas que dependen de ambos ríos para acceder al agua.

El desastre ambiental no se redujo a la población afectada sino que tuvo un impacto sobre el medio ambiente y la actividad económica de por lo menos siete municipios de las riberas que dependen del agua para el ganado y la siembra.

Las consecuencias de la que fue llamada la peor tragedia ambiental en México han sido onerosas para la población y el medio ambiente y muy limitadas para la empresa responsable. Las multas impuestas a Grupo México fueron de 23.5 millones de pesos y 2 mil millones de pesos para la creación de un fideicomiso con el objetivo de remediar, reparar y compensar daños ambientales y a la salud, causados por el derrame.

Para una empresa que explota uno de los mayores yacimientos de cobre, con una cifra reportada en 2014 de 200 mil toneladas de producción y exportación de cobre y con capital contable para el mismo año de $11,607 millones de dólares (1); la cantidad impuesta como multa y para la creación del fideicomiso es poco significativa.

Aún cuando la cifra es a todas luces pagable, se ha señalado que Grupo México ha incumplido con los compromisos derivados de su irresponsabilidad en el manejo de desechos tóxicos. La propia gobernadora del estado de Sonora aclaró que la empresa no ha cumplido con el abastecimiento de agua para las poblaciones afectadas al no construir las plantas potabilizadoras y con la atención médica de las personas enfermas por el derrame al cerrar la unidad médica que los atendía.

En una nota de una revista mexicana de negocios publicada días después de la tragedia ambiental, con un claro objetivo de demostrar las bondades económicas de la empresa, señalaron que la derrama económica mensual producto de explotación del subsuelo era de aproximadamente mil millones de pesos mensuales. Si bien esta cifra debe manejarse con cuidado dado que habrá que corroborar su veracidad y comprobar quiénes son los beneficiarios de dicha derrama, también es necesario verla a la luz de las afectaciones a la economía local.

El discurso actual de quienes impulsan los megaproyectos es sobre los supuestos beneficios económicos que traen consigo; de manera tautológica repiten que generan empleos y movilizan las economías, sin embargo la realidad es otra. Los beneficios económicos se concentran en un reducido grupo de empresas pertenecientes a élites económicas que bajo la venia de políticos corruptos explotan los recursos y trasladan los costos a la sociedad.

El caso del río Sonora es ejemplificativo de esto. Los más de 24 mil habitantes de la zona deben seguir pagando los efectos de un río contaminado y la franca violación de sus derechos humanos mientras Grupo México continúa consolidándose en sus operaciones en el país y la región latinoamericana.

A dos años, el río no ha sido saneado, miles de personas no tienen garantizado su derecho al agua, las economías de la región se encuentran detenidas y el desastre ambiental continúa.

Conocer lo que sucede es prácticamente imposible ya que la información relacionada con el fideicomiso y la aplicación del plan de remediación siguen siendo las grandes ausentes aún cuando el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ha ordenado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregar estudios, resultados y el plan de remediación entregado por la empresa.

Grandes discusiones tenemos que dar en un país que se continúa construyendo sobre la desigualdad, en el que empresarios que destruyen un territorio pueden salir impunes mientras que la sociedad paga sus irresponsabilidades y avaricia.

Ojalá que la discusión de esta tragedia ambiental no se dé cada año en donde sólo hagamos un recuento de los daños. Justicia para las comunidades afectadas y alto a la impunidad de empresarios voraces es lo que debemos exigir.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación