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Corrupción
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La transapariencia en el sector energético

Renata Terrazas*

Comúnmente escribo sobre temas de transparencia, los avances de los últimos años y los pendientes que tanto en los marcos normativos como en la práctica han quedado. Siempre ante el reconocimiento de la construcción de un piso mínimo bastante elevado, la crítica tiende a ir sobre los huecos legales, las constantes tentaciones de las dependencias de ocultar la información, y todos los vericuetos que los gobiernos recorren con tal de permanecer en la opacidad y secrecía.

El título de esta columna se basa en un constante error ortográfico mío, cuando al redactar cualquier texto mi mano izquierda le gana a la derecha y mi disgrafía se hace presente, trastornando un concepto en su propia burla: la transapariencia como la intención oculta de las autoridades de aparentar ser transparentes para mantener oculta la transa.

El sector energético, el manejo de los recursos naturales y la protección al medio ambiente se están convirtiendo en el patito feo de la transparencia. Poco a poco se acercan al grupo de dependencias que han convertido en una constante la forma de mantener sus acciones y decisiones en la opacidad.

La primera gran incongruencia que hay que reconocer son las leyes secundarias de la reforma energética, las cuales privilegian los espacios de opacidad bajo los cuales se tomarán decisiones sobre el sector extractivo y energético. Estas leyes contienen artículos inconstitucionales que atentan contra el derecho a la información, el cual se encuentra consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política Mexicana.

Bajo falsos conceptos de lo que es seguridad nacional, se reserva información que permitiría a la sociedad conocer la toma de decisiones de las autoridades, los proyectos aprobados para el manejo de recursos naturales y su impacto en el medio ambiente y en las comunidades que afectan directamente.

Todos los avances que en materia de transparencia se han dado en los últimos años están negados para temas como la seguridad o el manejo de los recursos naturales. Como ejemplo de ello, en lo que va del año, 203 solicitudes han reservado parcialmente la información y las principales dependencias que lo han hecho son: la Comisión Federal de Electricidad, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua.

La constante de estas dependencias es el manejo de los recursos naturales, de manera específica, el del sector energético. Para como están las cosas, resulta muy complicado, sino es que imposible, conocer a detalle información sobre la asignación de áreas para la exploración y explotación realizadas a la iniciativa privada.

Es completamente de asombro que en la llamada época de la transparencia, en México no podamos acceder a información sobre el manejo del recurso más importante para la economía mexicana, como lo es el petróleo. Conocer si la su explotación se realizará en beneficio de la población, si las empresas que ganaron la asignación de áreas de explotación tienen un adecuado entrenamiento y conocimiento del tema, y, sobre todo, si son capaces de responder ante posibles desastres naturales.

Poco a poco el sector energético se va cubriendo de un halo de opacidad bajo el cual legaliza la corrupción y la irresponsabilidad. Ya sea con el abuso de la causal de reserva, con la creación de un marco legal que contradice las leyes de transparencia o con la creación de la figura del recurso de seguridad nacional, se ha construido una pared infranqueable para que los mexicanos sepamos qué se hace con nuestros recursos naturales, a quiénes beneficia su explotación y si ésta se hace de manera sustentable.

La transparencia en el sector energético parece ser la próxima frontera, cual muro de Adriano, será donde se dé la batalla entre la construcción de un México democrático, abierto y donde las decisiones se hagan de cara al público, o un México autoritario que beneficie a las élites político-económicas.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación