Para las muchas leyes, muchas muelles

Carlos López Torres

En este país de virreyes de todos los niveles, uno y el resto de los pobladores que nos acompañan en este bien portado solar tunero, de plano hemos dejado de sentir entusiasmo alguno el escuchar que se anuncia como la panacea contra la corrupción la aprobación de una serie de medidas legislativas, cuando en la práctica la experiencia nos enseña que sólo se trata de continuar dándole atolito al malhumorado ciudadano.

Apenas se han entregado a la Comisión de Vigilancia de la Legislatura local los resultados de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de los 58 ayuntamientos de la entidad y los organismos descentralizados correspondientes al ejercicio 2015, y mire lo que son las cosas en materia de cumplimiento de la ley, muchos alcaldes nuevos no sólo se han quejado de haber encontrado una serie de irregularidades administrativo financieras heredadas, sino que han iniciado su mandato con el incumplimiento de las disposiciones legales sobre el nombramiento de los contralores.

Ello es, por supuesto, indicativo de una actitud aviesa de esos alcaldes, quienes no obstante haber jurado en su toma de protesta que respetarían y harían respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan, todavía es tiempo que se niegan a cumplir con lo establecido de que los contralores serán nombrados por la primera minoría. La intención del incumplimiento es clara: mantener la vieja costumbre discrecional de despacharse con la cuchara grande.

Aunque tal actitud obedece a la permanencia de arcaicas prácticas relacionadas con la decadente cultura política que permea las anémicas instituciones, lo cierto es que dichas actuaciones se repiten una y otra vez, uno y otro trienio, uno y otro sexenio, toda vez que el mensaje de quienes supuestamente están para servir a sus representados es reiterativo en cuanto a consentimiento e impunidad se refiere de estos hechos francamente delictivos.

En efecto, no es sorprendente, por ejemplo, que exista un enorme rezago relacionado con la penalización de ex funcionarios de todos los niveles a quienes se les ha encontrado todo tipo de irregularidades en sus respectivas cuentas públicas, derivadas de la discrecionalidad con la que ejercieron el cargo en su momento; la consabida apuesta por el olvido finalmente se impone aunque la burla de que son objeto los ciudadanos perdure como la institucionalizada corrupción.

A unos cuantos meses de iniciado el mandato del gobernador Carreras López, sin que se conozca el verdadero estado financiero, administrativo y de obra pública pendiente; sin que se nos haya presentado un diagnóstico existente derivado del pésimo ejercicio que le antecedió, resulta que ya echamos las campanas al vuelo sobre la inminente derrota de la corrupción, cuando es del dominio público el desastre dejado en las corporaciones de seguridad pública que en la práctica mantienen a la entidad con altos índices de incidencia delictiva.

Más aún, en el caso del sistema educativo, usado por el titular del Ejecutivo como trampolín político, la simulación relacionada con los comisionados y aviadores que aún se mantienen pese al triunfalista discurso de supuesto avances contra la corrupción en la SEGE, según denuncia acreditada por maestros de la CNTE, que no ha sido desmentida. Estos botones de muestra son indicadores de que el muelleo político mínimamente impide que caiga todo el peso de la ley sobre los beneficiarios del sistema.