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Ley Electoral a modo de subsistencia de Óscar Vera y Eugenio Govea

María Elena Yrízar Arias

Las próximas elecciones políticas a celebrarse el 6 de junio de 2021 son de suma importancia porque iniciará el proceso electoral 2020-2021 en la primera semana de septiembre próximo. Las elecciones serán para gobernador del estado, diputados federales, diputados locales y los 58 municipios y sus cabildos en el estado de San Luis Potosí.

Para estar preparados para este importante proceso electoral, el Congreso de los diputados locales debía hacer algunas reformas a la Ley Electoral del Estado, para estar acordes con la Ley Federal y las circunstancias sociales y políticas que hay en nuestro territorio. Pero, para reformar la Ley Electoral potosina existió un bloque opositor de diputados de los partidos políticos Conciencia Popular, Movimiento Ciudadano y PAS con integrantes de Morena, que no querían que se diera la reforma política-electoral como se había proyectado inicialmente, en que se destacaba la eliminación de las alianzas partidarias, disminución de 40% de las participaciones económicas a los partidos e inclusión de grupos indígenas a la Legislatura.

Hay que destacar el hecho de que el domingo pasado en la sesión ordinaria del Congreso estatal se había presentado el referido dictamen sobre las reformas electorales, para ser votado, pero fue retirado del orden del día. Desde luego por la presiones del grupo opositor, que al retirar el dictamen, ganaba tiempo para seguir discutiendo los puntos que no les convenían, como es el caso de que no se aumentara el porcentaje del 3.0 al 3. 7 por ciento de los votos ciudadanos y que sigan vigentes las alianzas partidistas, en las cuales dos o más partidos podrán presentar candidaturas en alianza sin mediar una coalición; ya que así subsisten los partidos pequeños. Lo contrario sería el fin para los diputados Óscar Carlos Vera Fábregat y el mismo Eugenio Govea Arcos, quienes son los beneficiarios directos de que no cambie la ley, porque bien saben que no subsistirían.

El martes pasado, algunos diputados del PRI-PAN y PT llegaron a un acuerdo con los inconformes para que el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales fuera incluido para anteayer en la última sesión ordinaria, en la orden del día del Congreso local, lo que aceptaron, porque ya habían llegado a un arreglo parlamentario, como una victoria a sus argumentos e inteligencia para dominar la situación y no exponerse a perder el registro de sus partidos políticos ante el Ceepac, lo que sería el fin para ellos, pues se les acabarían las diputaciones plurinominales y las reelecciones hasta tres veces. Pues es obvio que sus intereses estaban en peligro.

Los señores diputados, integrantes de la LXII Legislatura aprobaron este martes la nueva Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, la cual al ser votada cumplió con el plazo legal de 90 días previos al arranque del proceso electoral y regirá los comicios de 2021.

Durante la votación hubo intervenciones de las diputadas Paola Alejandra Arreola Nieto del PT y Vianey Montes Colunga del PAN, quienes se refirieron en sus discursos a los avances que tendrá la nueva legislación en temas de paridad de género y prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres.

El texto legal, con ajustes a modo y en beneficio de los partidos “pequeños”, fue votado y aprobado con 24 votos a favor, una abstención del mismo Óscar Vera Fábregat (que no se entiende para qué se abstuvo de votar si había discutido y argumentado los cambios propuestos hasta que los convenció) y un sufragio en contra, que previamente había dicho en tribuna por la diputada María Isabel González Tovar, del PRD, quien al parecer argumentó que por la “duda razonable” que le causó la publicación de una fe de erratas (corrección) por parte de la directora del Periódico Oficial del Estado, María del Pilar Delgadillo, de quien dijo que siguió instrucciones precisas del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías para forzar a que la reforma electoral quedara dentro del plazo legal.

La sesión fue tan tersa, que bien reflejó que los diputados habían estado discutiendo y cambiando el dictamen hasta la madrugada de ese día, la prueba de ello es que temprano se supo que no estaba terminado el dictamen con las modificaciones que exigieron Govea y Vera y que con su experiencia parlamentaria, convencieron a sus compañeros para que el dictamen aprobado tuviera claro el porcentaje sin moverse y que se puedan seguir las alianzas entre partidos. No tenía caso discutir lo que había comenzado desde el domingo hasta el amanecer del martes. En otras palabras, ya estaban estos puntos debidamente amarrados, así como se dice en el argot parlamentario.

En términos generales la reforma a la Ley Electoral tiene los lineamientos para los procesos electorales, Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la regulación de los derechos, obligaciones y competencias de los actores en los procesos; y ante una eventual inobservancia, sanciones que permitan erradicar acciones contrarias a los valores democráticos que deben prevalecer. La participación firme de las mujeres en la vida política a través de mecanismos que permitan la accesibilidad a los puestos públicos. Se define y establece la violencia política de género, en el Capítulo II, “De las Medidas Cautelares y de Reparación en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género” y el proceso sancionador.

En materia de discapacidad, se dispondrá el uso de plantillas en Braille, para las boletas electorales, y con etiquetas en el mismo sistema para identificar las urnas, para personas con discapacidad visual. Hay algunas propuestas novedosas.

En los artículos transitorios de esta Ley Electoral se indica que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá elaborar lineamientos con acciones afirmativas en favor de los grupos y comunidades indígenas en la entidad, así como de las personas discapacitadas, ello derivado de la imposibilidad de llevarse a cabo las consultas correspondientes debido a la contingencia sanitaria, por lo que es necesario contar con tales disposiciones en favor de estos grupos. En el caso de prevalecer la contingencia sanitaria o eventualidades emergentes en materia de salud pública, deberán tomarse las previsiones y medidas necesarias para salvaguardar la salud de quienes participen en la jornada electoral.

Este cambio del dictamen original constituye un segundo revés para el Gobierno del Estado, el primero fue echarle abajo la pretensión de endeudar al estado y ahora se montaron en su macho, tanto Govea como Vera, y se salieron con la suya. Así es que allí en el Congreso, tendrán para rato con estos diputados, hasta se van a reelegir por la vía plurinominal. Más nos vale que nos acostumbremos a ellos.

mariaelenayrizararias@gmail.com