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Lo que distingue a la educación superior

Federico Anaya Gallardo

El 19 de septiembre de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y aprobó la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena acerca del caso presentado ante la Justicia Federal por Cinthya Daniela Espino García, quien en 2014 pidió garantías en contra del cobro de cuotas a estudiantes por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Nicolaíta). El caso llegó al máximo tribunal por su interés. En ese momento, la educación superior impartida por el Estado no era gratuita a nivel federal; pero en Michoacán la constitución estadual había sido reformada en 2010 para ampliar la gratuidad hasta el nivel universitario. La Nicolaíta se defendió alegando que no estaba obligada a la gratuidad pues es una universidad autónoma. La Suprema Corte resolvió que la Nicolaíta, pese a ser autónoma, era parte del Estado michoacano y por lo mismo, estaba obligada a cumplir el mandato de la Constitución estadual. También resolvió que la gratuidad de la educación superior pública concedida por la carta magna michoacana no violentaba la Constitución federal, puesto que los estados pueden ampliar garantías (principio de progresividad).

Desde 2019, la gratuidad en la educación superior impartida por el Estado es una garantía a nivel federal, pero los resolutivos del caso que cito siguen siendo importantes porque, como hizo la Nicolaíta entre 2014 y 2018, las IES públicas siguen buscando excusas para denegar ese derecho a su estudiantado. Por otra parte, la sentencia en Espino vs Nicolaíta es relevante porque el ministro ponente aprovechó el caso para hacer un análisis detallado de los distintos tipos de educación (básica, media superior y superior) previstos en la ley.

El ministro Gutiérrez encontró que el primer párrafo del Artículo 3 de la Constitución federal califica de obligatorios los tipos de educación básica y media superior –pero no la superior. Desde 2019, existe un “mandato de obligatoriedad” para el tipo superior en la nueva fracción X del Artículo 3 de la Constitución federal –pero la redacción constitucional aún reconoce el increíble retraso que tiene nuestra sociedad en este ramo: casi dos tercios de la población no tienen acceso a la educación superior.

En la sentencia del caso Espino vs Nicolaíta se propone una explicación muy razonable a la separación que hace el Artículo 3º Constitucional entre educación básica y media superior, por un lado; y la educación superior, por el otro. La sentencia de la Corte afirma: “el contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria (básica y media superior) es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática” (párrafo 73), porque la educación “es una condición sine qua non para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales; para el funcionamiento de un bien público de gran relevancia como lo es una sociedad democrática de tipo deliberativo; además de un bien indispensable para el desarrollo de una pluralidad de objetivos colectivos (científicos, económicos, sociales, ecológicos, culturales, etc.) y, por ello, un aspecto indisociable de un estado de bienestar” (párrafo 74). Toda persona debe tener acceso al menos a 13 años de educación, desde el preescolar hasta el bachillerato. Ese es el mínimo indispensable de una sociedad igualitaria y democrática. Sin ese piso igualitario, sería imposible ejercitar la “autonomía personal y, por ende, … ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad” (párrafo 75).

En cambio, “en lo tocante a la educación superior, su contenido no está centrado en la formación de autonomía personal (la distribución de un bien básico), sino en la materialización de un plan de vida libremente elegido, por lo que este tipo de educación tiene como finalidad la provisión de herramientas necesarias para concretarlo” (párrafo 85). A diferencia de los otros tipos de educación, la superior “está enfocada en la generación y transmisión de conocimientos especializados vinculados con distintas profesiones sociales y campos del conocimiento, así como el desarrollo de habilidades necesarias para tal efecto, por lo que debe imperar la libre enseñanza, como principio rector, entre otros” (párrafo 88).

En este esquema, las y los jóvenes que llegan a las aulas universitarias ya tienen los elementos generales y universales para comprender el mundo, mismos que se les proveyó en igualdad en su educación básica y media superior. En los cursos de las IES esa juventud debe forjar sus planes de vida y discernir cómo es que se insertarán responsablemente en la sociedad. ¿Por qué es tan importante en este punto la libre enseñanza? Porque el otro objetivo de la educación superior, nos dice el ministro Gutiérrez en su sentencia, es “la obtención de determinados objetivos colectivos, como el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, el fomento de actividades económicas, el desarrollo industrial y agrícola, el fomento de la cultura, etc., por lo que las obligaciones de promoción del Estado no pueden desvincularse de estas finalidades sociales cuya maximización beneficia a la sociedad de manera difusa” (párrafo 87).

Por lo anterior es que a nivel universitario se insiste tanto en temas como: (1) la libertad de las y los estudiantes de escoger su carrera profesional (e incluso la currícula específica); (2) la libertad de cátedra e investigación; (3) la libertad de creación y difusión de las ideas; (4) la libertad de vincularse imaginativamente con la sociedad; y (5) la libertad para auto-gobernarse. De las cinco libertades que enumero, las dos primeras son en principio propias de sectores específicos de la Universidad (estudiantado y profesorado), pero si se les mira con atención, todas son derechos de la comunidad universitaria en su conjunto. Son los más caros contenidos de la autonomía universitaria.

En su libro La Autonomía Universitaria en la Constitución y en la Ley (IIJ-UNAM, 2005) Sergio García Ramírez afirmó que la autonomía universitaria era un derecho humano porque se requiere garantizar “la independencia de la educación pública superior en aras de la formación personal del individuo” (p.109). Se trata que la autonomía establezca  un “reducto de la pluralidad en la cual se refugia el derecho del individuo a coincidir y a diferir –es decir, para ‘ser individuo’…” La autonomía es una “garantía institucional para el ejercicio de ciertos derechos y libertades individuales, la subordinación de esa universidad a determinada cultura oficial o a un pensamiento rector único constituyen un límite a la libertad con que deben proceder el docente y el estudiante en materia de expresión, información y crítica” (p.111) Esta libertad le garantiza a la sociedad la formación de cuadros profesionales diversos, plurales y críticos –aptos para enfrentar realidades complejas.

Hoy en día, la Constitución General ya mandata la gratuidad de la educación superior pública e impone a las autoridades de los tres niveles de gobierno avanzar en su obligatoriedad. El análisis del derecho humano a la educación hecho por la Suprema Corte en Espino vs Nicolaíta es útil para los debates universitarios en curso: La subsecretaría federal del ramo ha propuesto para su discusión un anteproyecto de Ley General de Educación Superior; la SEP federal avanza en la creación de un nuevo sistema de IES públicas (Universidades del Bienestar Benito Juárez). ¿Cómo se abordan en estos proyectos los problemas de la gratuidad y la obligatoriedad?

La sentencia de Espino vs Nicolaíta puede consultarse en
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-09/AR-170-2016-180907.pdf

agallardof@hotmail.com