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Sobre los derechos colectivos en San Luis

Guillermo Luévano Bustamante

Apenas la semana pasada, Miguel Ángel Guzmán, coordinador el Movimiento Social por la Tierra en San Luis Potosí (MST) denunció un intento del gobierno del estado por articular un frente en contra de los comuneros de La Palma a fin de evitar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Agrario que dotó del estatuto de Comunidad al que antes fue Ejido la Palma.

Ayer, en manifestación pública y con toma de camino incluida, los ejidatarios de La Pila denuncian el incumplimiento de la sentencia agraria respectiva y el adeudo de diversos pagos por la transferencia de tierras cercanas al Parque Industrial Logistik.

También ayer la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, Francisca Reséndiz, denunció el hostigamiento del que nuevamente es víctima por parte de los aparatos de seguridad y procuración de justicia estatales.

En donde sí se pronunció el gobernador Carreras respetuoso del criterio judicial fue en el caso del desconocimiento al derecho a la sindicación a policías y personal de seguridad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presuroso el gobernador dijo que ofrecerá un programa para mejorar la situación laboral del personal de policía y seguridad en general.

En los procesos ante la justicia federal el mismo gobierno estatal continúa litigando contra el reconocimiento del derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí, no sólo por la inobservancia gubernamental de la Ley de Consulta Indígena sino por la insistencia oficial en desconocer a las comunidades y poblaciones originarias sus derechos políticos, sociales y culturales.

En el caso del basurero tóxico en Santo Domingo, la constante ha sido la inacción del Ejecutivo estatal que so pretexto de tratarse de un asunto de ámbitos diferentes, permisos municipales primero, luego autorizaciones federales, deja hacer y deja pasar las irregularidades, la impunidad, la corrupción, la devastación. Es decir, como no hay competencia jurídica, el gobernador se desentiende de sus obligaciones políticas. Hay un conflicto socio-ambiental de enorme envergadura en ciernes y las autoridades estatales prefieren descargar las responsabilidades en el argumento administrativo de la competencia. Se declaran abiertamente incompetentes.

¿Qué de común hay en estos hechos? El desconocimiento de los derechos colectivos de personas trabajadoras, de comunidades indígenas, de núcleos agrarios o ejidales. La política estatal de negación a los derechos sociales al trabajo, a la participación política, a la tierra. Esta indiferencia estatal por los derechos colectivos conlleva de fondo una promoción por la precarización del trabajo, por la exclusión de las personas ya vulneradas en su esfera jurídica.

Y apenas lleva ocho meses el gobernador del estado en el cargo

@guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.