A los indígenas debe consultárseles

María Elena Yrízar Arias

Desde la llegada de los españoles al territorio de la Huasteca potosina en 1522, los grupos étnicos que allí vivían fueron sometidos, saqueados, desposeídos de sus tierras, esclavizados y enviados a algunas islas de las Antillas, lugar donde fueron cambiados por ganado, que a su vez trajeron a la zona. Hay registros históricos interesantísimos, donde se da cuenta que en Coxcatlán, Hernán Cortés fue gravemente herido por algunos indígenas que lo enfrentaron. Así, los españoles, poco a poco se fueron apoderando de toda esa rica región que originalmente pertenecía a los grupos étnicos, que fueron marginados, echados a las laderas de los cerros y lugares inaccesibles. En realidad no fueron conquistados, fueron sometidos, que es diferente, y así, muchos indígenas viven en condiciones marginales, son pobres de los pobres. En nuestro estado viven 248 mil 196 indígenas, que corresponden al 10 por ciento aproximadamente de los habitantes en el estado, según datos del Inegi.

El 8 de julio de 2010 fue promulgada la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, que establece la obligatoriedad del gobierno a consultarlos, pero resulta que el actual gobierno del estado convocó a consultas ciudadanas para recibir propuestas con el objetivo de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo SLP 2015-2021, que se celebraron del 21 de octubre al 19 de diciembre de 2015. Pero parece que no fueron convocados los grupos étnicos en forma específica, ya que la convocatoria fue para los ciudadanos en general, para participar en forma directa en ese ejercicio de consulta ciudadana, y como ya existía la Ley de Consulta Indígena potosina, al parecer tampoco se aplicó esta ley para conocer el sentir, pensar y anhelar de esta parte de la población indígena, que resulta ser marginada por el idioma y las condiciones de vida pobres. Como algunos líderes indígenas no estuvieron conformes con el proceder del gobierno y porque dentro del nuevo plan no existe ningún rubro específico dirigido a los indígenas o haciendo alusión a ellos, entonces acudieron a hacer efectivas sus garantías constitucionales a través de tres juicios de garantías, también conocidos como amparos.

Desde el 13 de abril pasado se difundió en los medios de comunicación que representantes de los diversos grupos étnicos integrantes del Consejo Consultivo Indígena acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a interponer su queja en contra de la entonces directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Margarita Viñas Orta, por el supuesto acoso en contra de ellos, ya que Viñas Orta, en lugar de apoyarlos, se dedicó a tratar de convencerlos para que se desistieran de los juicios de amparo que promovieron en contra del gobierno por no haberlos incluido en el Plan Estatal de Desarrollo, entonces, fue acusada de hostigar directamente en sus domicilios a los consejeros indígenas, acompañada de policías. Este lunes 9 de mayo, en conferencia de prensa, consejeros indígenas ratificaron su postura de continuar con los juicios de amparo, para obligar al gobernador Juan Manuel Carreras a cumplir con su compromiso con el Consejo Consultivo Indígena, y acepte la omisión cometida y se reponga el proceso de consulta. Ese mismo día 9, Viñas Orta fue destituida y sustituida por Raúl de Jesús González Vega, ex síndico y ex presidente municipal de Coxcatlán.

El enojo de los indígenas no ha sido calmado por la destitución de Viñas, ellos se sienten discriminados por el gobernador del estado, tal como lo manifestaron en la conferencia de prensa del lunes 9 y publicada en La Jornada San Luis, donde dijeron que “quieren una respuesta a los reclamos indígenas, les preocupa que el gobernador se conduzca con soberbia, odio y racismo –dijo el consejero indígena– y nos menosprecie, valiendo un cacahuate nuestros acuerdos”.

En este asunto de los indígenas, el gobierno tiene una responsabilidad histórica y de justicia social, que no se puede ni debe ignorarse. Ellos son potosinos como cualquiera ciudadano y deben ser tomados en cuenta.

El no haberlos consultado pudo haber sido un caso de falta de sensibilidad política o de ignorancia de la misma ley y de los compromisos del gobernador por parte de quienes organizaron las consultas, que se les nota que no saben de este tema; los indígenas no son ciudadanos de segunda ni personas que nos parezca muy natural que vivan marginados. Son ciudadanos iguales a nosotros, por lo tanto, se necesitan operadores políticos con experiencia, que tejan fino. Deben respetarlos y trasformar sus circunstancias como un acto de eficacia de que tienen sus garantías constitucionales, sin necesidad de hacerlas efectivas mediante juicios de amparo.

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