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Los problemas se ahondan con los recortes presupuestales, así como con la baja de todo tipo de salarios y prestaciones laborales

Arturo Huerta González

El gobierno de la 4ª. “T” con sus recortes presupuestales, con el despido de trabajadores del sector público, así como con la disminución de los salarios y aguinaldos a los funcionarios de gobierno, ha estado contrayendo la demanda, como la producción, lo que acentúa el desempleo, presiona a la baja los salarios, y hace que continúe la crisis.

El gobierno no puede seguir insistiendo en la austeridad fiscal para evitar caer en deuda. Ésta sigue creciendo como consecuencia de la caída de la actividad económica derivada de los recortes presupuestales, que le lleva al gobierno a recaudar menos, por lo que sigue el déficit fiscal y creciendo la deuda. Entre enero y septiembre de 2020, el monto de la deuda del sector público federal se incrementó 13.1% y el saldo de la deuda pasó de ser 44.7% del PIB en diciembre de 2019 a 53.5% en septiembre de 2020. (Datos de la SHCP)

Es preferible que el gobierno gaste más y recurra a deuda (a baja tasa de interés) para reactivar la economía, lo que le permitiría recaudar más, con lo que reduciría el déficit fiscal y el monto de la deuda.

El gobierno debe preocuparse por generar empleo, así como evitar el quiebre y cierre de empresas, debido a que está disminuyendo la capacidad productiva y no debe buscar sus objetivos de equilibrio fiscal y reducción de la deuda que no los consigue disminuyendo el gasto.

Los recortes presupuestales y la falta de apoyo a las empresas, como a los desempleados, está ocasionando fuertes caídas de la inversión y consumo. En agosto de 2020 en relación al mismo mes de 2019 la inversión fija bruta trae una caída de 16.6 % y el consumo en el mismo periodo ha caído 13.1%. El nivel de la economía en agosto, apenas alcanzó al observado en marzo de 2014. (Inegi) Ello a su vez ha disminuido la disponibilidad crediticia. En septiembre, el saldo de la cartera de crédito vigente al sector de comercios fue 9.2 por ciento menor respecto a lo otorgado en el mes de abril de este año. A pesar de la liquidez que Banxico otorgó en abril a la banca por 750 mil millones de pesos para que expandiera el crédito, éste ha caído debido al menor ingreso de empresas e individuos, que no configura condiciones de reembolso, por lo que la banca se ha favorecido con los fondos recibidos por Banxico. La menor disponibilidad crediticia agrava los problemas financieros de las empresas y de ahí el mayor quiebre de empresas y el crecimiento de la cartera vencida, que terminará afectando a la banca.

No se puede dejar a las empresas a las libres fuerzas del mercado en el contexto de crisis, debido a que por sí solas no tienen condiciones de superar sus problemas. Toda crisis ha demandado mayor intervención de los bancos centrales y del gobierno en la economía, a través de inyectar mayor liquidez al sector productivo y bajar tasa de interés, como mayor gasto público, para abaratar deudas e incrementar demanda, empleo e ingresos de empresas e individuos para retomar la dinámica de acumulación. Pero ello no pasa por la cabeza de los funcionarios de Banxico y de la SHCP y de ahí la crisis que enfrentamos.

El gobierno no tiene restricción financiera para gastar. El banco central puede acompañar el mayor gasto público para generar empleo y apoyar la planta productiva y así retomar la actividad económica, y ello no sería inflacionario, debido a que contamos con alto desempleo y capacidad ociosa ante la caída de exportaciones y del consumo y del gasto público, por lo que se podría incrementar la producción y evitar alza de precios.

Los problemas no se resuelven como muchos proponen, entre otros el FMI, que se deben aumentar impuestos, sobre todo al consumo y que se debe ampliar la base impositiva, como disminuir la informalidad e incrementar impuestos locales, para supuestamente así reducir la deuda pública y financiar inversiones necesarias y el gasto social. El problema es que los impuestos vendrían a contraer más la demanda y la actividad económica. Tampoco se resuelven los problemas a través de establecer un sistema nacional de seguro por desempleo. Lo que los desempleados y pobres quieren, son empleos bien remunerados, y no dádivas del gobierno. Para disminuir la informalidad se requiere de crecimiento económico sostenido y de mayor empleo formal, para lo cual el gobierno debe gastar más.

La Concanaco ha señalado que la definición del salario mínimo general para el 2021, deberá tomar en cuenta el entorno económico actual. Dice que “se debe encontrar un punto de equilibrio entre lo que se puede y lo que se desea”. Ello deja entrever que las empresas dirán que no se puede incrementar los salarios más allá del crecimiento de precios, debido a los problemas de acumulación que enfrentan. Banxico siempre se ha opuesto al aumento de salarios por considerarlos inflacionarios. El problema es que de seguir bajos los salarios, junto a las altas tasas de desempleo y los recortes presupuestales, como las caídas de exportaciones, del consumo e inversión, seguirá contraída la demanda y por ende la actividad económica. Los empresarios y el gobierno deben entender que la actividad económica depende del comportamiento de la demanda, y si ésta no crece a través de salarios, empleo y gasto público, no se mejorarán los ingresos de empresas e individuos, ni se mejorará la recaudación tributaria y seguirán viendo incrementados sus niveles de endeudamiento, tanto el sector privado, como el sector público, con los consecuentes problemas de insolvencia.

ahuerta@unam.mx
Profesor del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1975