Más familias excluidas

A vivir a otro lado
De nuevo comandancia

M ientras que más agrupaciones de corte conservador y religioso se unen para presionar en contra del matrimonio igualitario en el estado, ahora la Iglesia católica, a través de su vocero Juan Jesús Priego Rivera, arremetió contra las familias no convencionales que tan presentes están en el país, en las que a pesar de ya tener descendencia, los hijos permanecen con sus padres o permiten la intervención directa de estos en su vida familiar.

Este tipo de familias, que sería casi la cuarta parte de las de todo el país, según estudios del Inegi difundidos en febrero de este año, quedarían excluidas, al igual que los homosexuales, del sacramento del matrimonio, debido a lo que consideró el vocero como una “falta de madurez”.

Mientras tanto, las asociaciones que pugnan contra el matrimonio igualitario, además de seguir esgrimiendo el interés de los menores de edad como una de sus causas, ahora también pretenden usar la de la “identidad cultural” de la institución del matrimonio, de manera muy semejante a la que utilizan para defender la permanencia de la fiesta brava en el estado, pese a las disposiciones de protección a los animales.

Ahora incluso llegan a proponer la consulta ciudadana, un instrumento democrático que ha sido desechado sistemáticamente por los partidos en el poder, cuando se trata de votar alguna ley que podría ser lesiva a los intereses de la ciudadanía, como las alzas a los impuestos, las reformas a la Constitución o los endeudamientos. Estas decisiones suelen tomarse incluso sin consultar a los legisladores que las votan, mediante acuerdos cupulares y entre partidos, votándose en bloque.

A pesar de los buenos números que la administración presume, el secretariado ejecutivo de la Secretaría de Gobernación federal reveló que sólo en el estado hubo mil 354 hechos violentos, relacionados con delitos del fuero común. Estos fueron según el informe en robos comunes como a casa habitación, negocios, o particulares, se presentaron 282 a mano armada o con el uso de la fuerza, mientras que en carreteras 19 fueron efectuados bajo estas mismas condiciones.

En tanto, los asesinatos ascienden a un total de 743, efectuados con dolo, mientras 91 fueron culposos o sin intención de por medio. En cuanto a los secuestros, dos casos fueron reportados en San Luis Potosí; y delitos sexuales o violaciones se registraron 87. Estas cifras contrastan con las del año pasado, cuando para estas fechas el registro alcanzó las 548 denuncias por robo con violencia.

Y esto, sin contar con los números que las asociaciones civiles reportan, las cuales, según estimaciones, llegan a ser hasta el doble de delitos.

Con el avance de los días la comandancia centro, la cual recuperó su nombre ahora que su finalización es inminente, será entregada, según Marco Zavala, regidor de la comisión de Seguridad Pública de la alcaldía capitalina, “en tiempo y forma”, pues sólo faltan, de acuerdo con el edil, pequeños detalles en la construcción y decoración.

Esto hace que ahora la única salida para los padres de familia que se mantienen inconformes con dicha edificación, sea que el presidente municipal electo, Ricardo Gallardo Juárez, cumpla su palabra que en cuanto inicie su administración cambie la vocación del edificio, pues ante los vecinos y paterfamilias aseguró que le dará un uso social a la construcción, como de guardería o centro comunitario, aunque por su parte, ya preparan más acciones legales en contra en caso de que no se pueda cambiar su uso. Después de todo, son recursos del Subsemun, especiales para obras que tengan que ver con la seguridad, por lo que la alteración en los planes podría causar sanciones a la administración capitalina.

Badajazos

Gerardo Cabrera Olivo, titular de Protección Civil estatal, advirtió que es necesario hacer nuevos estudios geológicos para actualizar el mapa de riesgos de la capital, en cuanto a las fallas geológicas se refiere. “El mayor riesgo en este caso recae sobre viviendas que estén encima del fenómeno geológico, o en su defecto, que estén mal cimentadas”, aseguró, por lo que debe establecerse un protocolo tanto de prevención como de acción para cuando se presente en las zonas de riesgo un incidente de este tipo.

Afirma Federico Ángel Badillo Anguiano, diputado local, que se ha demandado a la empresa responsable de retrasos en obras hospitalarias en todo el estado, particularmente tres, una en Ciudad Valles, otra en San Luis Potosí y otra en Rioverde. Aunque omitió el nombre de la empresa, aseguró que se trata de 155 millones de pesos los que podrían haber sido mal ejercidos, causando estos retrasos.