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México S.A: Dinero mata democracia

reforma energética

Prácticamente no convencen a nadie (el reparto de despensas a cambio de credenciales de elector o la compra directa de votos no son señales de “adhesión” a la causa), cada día acuden menos ciudadanos a las urnas (51 por ciento, como promedio, de abstención en los comicios más recientes), el estercolero de las campañas es repugnante, a los candidatos les sobra voracidad y les faltan propuestas, y los partidos siempre juegan con las mismas fichas quemadas, pero el hecho es que el costo financiero (el político es más que notorio) de las elecciones no deja de incrementarse, tanto el relativo a la organización de las mismas como el de los recursos públicos canalizados a las empresas disfrazadas de partidos.

Año tras año miles y miles de millones de recursos públicos se canalizan a los partidos políticos y a las supuestas autoridades electorales, y para los mexicanos de a pie los resultados son nulos. Cada elección que pasa, de los bolsillos ciudadanos (toda la fiesta se paga con los impuestos) salen más y más recursos para la denominada “fiesta democrática”; ellos pagan, les pasan la factura por el tiradero que dejó el mandatario saliente y nunca son invitados al festín.

Lo anterior, desde luego, les importa un bledo a las desacreditadas empresas políticas que se limitan a estirar la mano para recibir jugosas cantidades de recursos públicos (más los privados, que no son pocos) en su intento por ganar más posiciones y, por lo mismo, obtener mayores montos económicos.

Sólo para la memoria, vale mencionar que entre 2000 y 2015 de las arcas públicas salieron alrededor de 215 mil millones de pesos (las cifras son de la Cámara de Diputados; las “contribuciones privadas son aparte) para “financiar” a los partidos políticos y organismos electorales (sólo a nivel federal; en los estados también estiran la mano), y allí están los resultados.

Entonces, como en este espacio se ha cuestionado, ¿las empresas políticas y las denominadas instituciones electorales realmente valen y desquitan el oro que los mexicanos gastan en ellos? ¿Los ciudadanos se merecen un trato así? Obviamente no, pero a ellos les vale y muestra de ello es que en vísperas de los comicios el 52 por ciento de los candidatos a puestos de “elección popular” no habían rendidos cuentas, ni lo hicieron, de acuerdo con la información del Instituto Nacional Electoral.

Sirva lo anterior para conocer el costo promedio por voto emitido en las recientes elecciones para gobernador, con cargo al bolsillo ciudadano: poco más de 586 pesos cada uno, alrededor de ocho salarios mínimos por sufragio. El cálculo original ubicaba dicho costo en alrededor de 286 pesos, pero la señora abstención, como siempre, fue la que se impuso, pues en promedio 51 por ciento de los votantes potenciales no acudió a la “fiesta democrática”, aunque en casos como el de la Ciudad de México superó 70 por ciento.

Entre reparto y reparto para el fin descrito se distribuyeron alrededor de 8 mil 500 millones de pesos (monto mayor al presupuesto 2016 autorizado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el doble del correspondiente a la Secretaría del Trabajo), con el cual se cubrirían las necesidades de

autoridades electorales, partidos políticos y la infraestructura y logística para los votantes potenciales, que se acercaban a 30 millones en las 12 entidades en las que se elegiría gobernador y otras menudencias. Alrededor de 4 mil 500 millones se quedaron en las “autoridades electorales” y el resto, cerca de 4 mil millones, en las empresas políticas.

Se “comieron” todos los recursos públicos, pero la señora abstención dejó fuera de la jugada a más de la mitad de dichos votantes, y el costo, de por sí elevado (el doble de lo gastado en los comicios de 2010 en las mismas entidades de la República y en juego idénticos cargos de elección), se disparó, y todo para que el ciudadano decidiera entre los mismos, es decir, entre fichas quemadas y un ejército de chapulines. Tal vez el caso más ilustrativo de esta “fiesta democrática” es Veracruz y dos de sus “alternativas”: el ciudadano elegía a un Yunes o a otro Yunes.

Yen el de la Ciudad México la señora abstención arrasó: 71 por ciento de los votantes potenciales no asistieron a las urnas, de tal suerte que la Asamblea Constituyente estará representada, por decirlo así, por sólo tres de cada 10 habitantes ciudadanos. Y ello también es un decir, porque de las cien personas que la integren 40 no serán producto del (escaso) voto, sino del dedazo del presidente de la República (que designará a seis), del jefe de Gobierno (seis adicionales), de la Cámara de Diputados (14) y de la Cámara de Senadores (otros 14).

De hecho, hasta donde llega el conteo, de esos cien constituyentes sólo uno ganó como candidato independiente y es bombero. El pastel restante se reparte entre los partidos y las instancias gubernamentales mencionadas.

La propaganda oficial (Instituto Electoral del Distrito Federal) lo pinta todo color de rosa, con tremenda brocha manipuladora: “queremos acompañarte durante todo el proceso; hagamos un trato: nosotros te damos la información necesaria y tú te encargas de leerla, infórmarte y compartirla. ¿Hecho?”

Y en el colmo, uno de los partidos políticos que menor votación obtuvo el pasado domingo para efectos de la Asamblea Constituyente, el Revolucionario Inc, será uno de los que mayor representación tenga en ella. ¿Por qué? Pues porque así lo decidieron en las cámaras de Diputados y Senadores (en la primera designaron “asambleístas” a los tricoloresen funciones María de la Paz Quiñones Cornejo, Enrique Jackson Ramírez, María Esther Scherman Leaño y César Camacho, y en la segunda a Raúl Cervantes Andrade, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Enrique Burgos García, Lisbeth Hernández Lecona, Joel Ayala Almeida y Yolanda de la Torre Valdez; faltan los cuatro de Los Pinos).

¿Resultado? El partido que obtuvo mayor votación, Morena, sólo tendrá 22 asambleístas; el PRI, que a duras penas alcanzó cinco posiciones, finalmente contará con 21; el PAN libró siete, pero le regalan otras siete, y el PRD que con 19 puestos se encuentra por debajo de Morena, finalmente tendrá 29 curules (entre ellas los de los Chuchos) y será –por obra y gracia del sistema político, y no de los ciudadanos– la “fuerza mayoritaria” en la Asamblea, siempre puesta al servicio de la concertacesión.

LAS REBANADAS DEL PASTEL

Además de mágicala nueva fórmula ecológica es muy equitativa: para poder circular todos los días hay que tener coche nuevo, y para tener uno de éstos hay que tener dinero en un país donde prácticamente nadie lo tiene. ¿Así o menos contaminante?

Carlos Fernández Vega
Carlos Fernández Vega
Autor de la columna México SA de La Jornada. Presidente del Comité Editorial de filiales y franquicias de La Jornada.