Multas a Samuel y MC

• Abusos para “ganar”
• ¿Ninguna elección anulada?
• El caso Gallardo Cardona

Julio Hernández López

A la hora de cerrar la presente columna se había aprobado en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) la imposición de una multa de casi medio millón de pesos a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, y de 55.4 millones de pesos al partido que lo postuló, Movimiento Ciudadano.

La decisión del INE, tomada por ocho votos contra tres, seguramente será recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá la última palabra, ya sea para confirmar, modificar o rechazar la determinación de este jueves o incluso para devolverlo al INE en aras de ajustes o ejecuciones.

El fondo del asunto es interesante, pues sanciona el ejercicio de la esposa de García, la “influencer” Mariana Rodríguez, con actividad empresarial en campañas publicitarias en redes sociales, por poner esos servicios, fiscalizables, a favor de su esposo-candidato como si no tuvieran un obligado impacto en el monto de los gastos de campaña (recuérdese el uso del juego de palabras, “fosfo fosfo”, y todas las argucias propagandísticas con barniz de “buena onda”).

Las indagaciones del INE abordaban anoche un punto más complicado, el relacionado con las aportaciones irregulares, con fuerte tufo delictivo, de dinero para la campaña del mencionado Samuel García. La suma de hechos punibles coloca a las autoridades electorales, instituto y tribunal, ante la decisión de imponer más multas (lo cual ayuda al INE a compensar las mermas presupuestales recientes) o ir más allá y, en la línea de lo sucedido en cuanto a las candidaturas morenistas a gobernadores de Guerrero y Michoacán (por montos e infracciones notablemente menores), se atreviera el instituto a definir puntualmente la base jurídica (en específico, en el tema de la fiscalización) que propiciara que el tribunal se decidiera a anular esos procesos electorales adulterados y convocar a nuevos comicios.

Un dilema parecido, anular o solo multar, estaba anoche por ser enfrentado por el INE en el caso de Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador electo de San Luis Potosí al que se ha acusado de rebasar ostentosamente el límite de gastos de campaña, además de la sistemática comisión de actos ilegales en el terreno comicial.

Gallardo Cardona fue postulado por el negocio de las cuatro mentiras (el Partido Verde Ecologista de México), aunque en los hechos Morena y aplicadamente su dirigente formal, Mario Delgado, le convirtieron, con acciones y omisiones, en el candidato real del partido guinda, dejando de lado el historial judicial del mencionado Gallardo, quien no fue declarado inocente de los delitos federales que se le imputaron, pues fue puesto en libertad por fallas procesales clásicas cuando se aceita la maquinaria juzgadora para favorecer a alguien.

El tema recurrente en este ajetreo cíclico de las autoridades electorales es el abuso del dinero, como motor real de las campañas, la propaganda, la movilización de seguidores el día de las votaciones y el aprovechamiento de otros servicios y bienes para esos propósitos partidistas.

Comprar triunfos electorales, sin mayor consecuencia que eventuales multas, por cuantiosas que parezcan, es un buen negocio. La agresiva corrupción sistemática en el ejercicio de cargos públicos o de representación popular tiene como primera fase la “inversión” de fondos subterráneos para llegar a esos sitiales de poder y, desde ahí, pagar los favores recibidos, con altos réditos.

Astillas: En Guaymas, Sonora, fue asesinado ayer el periodista Ricardo López, director del portal InfoGuaymas, quien había denunciado amenazas de muerte en su contra. El lunes recién pasado, en Morelia, Michoacán, fue ejecutado Abraham Mendoza, conductor de un programa informativo radiofónico. Hay tres detenidos y las autoridades han dicho que hasta ahora no encuentran un móvil relacionado con lo periodístico… ¡Hasta el próximo lunes!