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Ni eficiencia ni transparencia
La chamba que no hizo la ASE
Cero a la izquierda en el Congreso

La Auditoría Superior de la Federación se encargó de realizar los trabajos de fiscalización de las cuentas públicas municipales que la Auditoría Superior del Estado no pudo –o no quiso– realizar eficientemente. El resultado pone al descubierto la opacidad y poca diligencia con la que el ayuntamiento de San Luis Potosí ha manejado los recursos públicos en contraste con los discursos y la imagen que promueven desde sus redes clientelares.

De los miles de millones de pesos que recibe anualmente la capital del estado, la Auditoría Superior de la Federación únicamente revisó el uso de dos programas: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Durante 2016 la administración que encabeza Ricardo Gallardo Juárez recibió 424 millones 736 mil 100 pesos de Fortamun y 73 millones 167 mil pesos de FISM; sin embargo, la ejecución de esos recursos, según la ASF, no fue eficiente, transparente ni “apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”. En números, la suma de irregularidades detectadas por la auditoría asciende a 420 millones de pesos.

Al conocerse los resultados publicados por la ASF el director de Desarrollo Social del ayuntamiento, Juan Manuel Navarro Muñiz, minimizó y mintió respecto a los porcentajes de los recursos revisados por la auditoría. El funcionario aseguró que por primera vez en la historia de San Luis Potosí se habían auditado el 100 por ciento de los recursos de los programas Fortamun y FISM, declaración que es falsa puesto que la ASF no fiscalizó la totalidad del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

A pesar de que Navarro Muñiz confía en que serán capaces de solventar las observaciones hechas por la auditoría la tarea será complicada o casi imposible toda vez que en prácticamente 9 de cada 10 pesos se detectaron irregularidades donde, de acuerdo con la ASF, existe “probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal”. Uno de los casos más alarmantes es la falta de documentos que comprueben que más de 67 millones de pesos fueron utilizados para el pago de nómina del personal de seguridad pública. O los casi 300 millones de pesos que se emplearon en pagos “que exceden el monto contratado sin estar autorizados”.

No debe olvidarse que en enero de 2016 el ayuntamiento firmó el contrato OM/001/2016 con la supuesta proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz. En dicho documento se estableció que se le podrían entregar hasta 20 millones de pesos provenientes del Ramo 33; es decir, la partida presupuestal de donde se obtienen los recursos del Fortamun. Fue precisamente esa adquisición de medicinas la que despertó la atención de la Auditoría Superior de la Federación y gracias a la cual la administración municipal debe comprobar dónde quedaron más de 400 millones de pesos.

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Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, oficial mayor del Congreso del Estado, continúa confirmando que su presencia es irrelevante y, básicamente, innecesaria, pues desde que fue nombrada no hay un solo asunto polémico del que no se deslinde.

Ahora le tocó confirmar que, mientras lo ordenen los diputados, el dinero del Poder Legislativo puede usarse hasta para pagar servicios a vehículos que no forman parte de la flotilla. Por alguna razón, en septiembre de este año, el tristemente célebre Manuel Barrera Guillén andaba de paseo por Monterrey cuando se le averió el automóvil en el que viajaba y tuvo que ser remolcado por una grúa hasta San Luis.

Los nueve mil 520 pesos que costó la grúa, Barrera Guillén se los cargó al Congreso del Estado y nadie dijo nada, ni siquiera le preguntaron si su viaje se debió a alguna actividad relacionada con sus funciones.

(Redacción: Jaime Nava)