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México debe liberar a Nestora Salgado, como demanda ONU: Laura Castellanos

Nestora Salgado

Laura Castellanos

El gobierno mexicano debe pronunciarse y acatar la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que exige de forma contundente la liberación de Nestora Salgado García.

La exigencia de la ONU parte del análisis hecho durante un año de la detención y la privación ilegal de la libertad de la ex coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, realizada por militares, marinos y policías estatales el 21 de agosto de 2013, así como de todo su proceso penal.

Nestora lleva encarcelada dos años y medio por haber realizado las funciones que como policía comunitaria le estaban atribuidas: detuvo a adolescentes señalados como narcomenudistas y a un funcionario del ayuntamiento local acusado de manipular la escena de un doble homicidio. Sin embargo, ella es la que está presa por los delitos de secuestro y homicidio.

El documento realizado por un equipo de cinco expertos independientes de la ONU revela la magnitud de las violaciones al debido proceso de la tlapaneca: no sólo se le arrestó sin orden de aprehensión y se le confiscaron sus documentos, sino que se le aisló durante un año impidiéndole ser asistida por un abogado y que fuera puesta a disposición de un juez.

Que este órgano internacional de los derechos humanos intervenga a favor de la libertad de la comandanta, acontece un año después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera al gobierno mexicano resolver los atropellos jurídicos en su contra y atender las condiciones inhumanas en las que la recluyó por un año en aislamiento total en un penal de Nayarit.

A la indígena no sólo la tuvieron en una celda con iluminación permanente y negándole el acceso a agua limpia, además de que no le permitieron recibir visitas familiares. Tampoco la proveyeron de medicamento a pesar de que tiempo atrás sufrió un accidente que la dejó casi cuadrapléjica, por lo que la aquejan fuertes dolores en la espalda y necesita rehabilitación.

A pesar de que tiene la doble ciudadanía mexicana-estadunidense, ni eso la salvó de enfrentar un proceso judicial que la ONU ha cuestionado severamente en su resolución.

Si bien el 31 de marzo de 2014 un tribunal federal en Guerrero ordenó su excarcelación inmediata, por considerar que su actuación como parte de la policía comunitaria de Olinalá era de conformidad con la legislación local y estaba autorizada por el Estado mexicano, ella siguió en reclusión.

Aunque finalmente la justicia federal terminó absolviéndola, la procuraduría estatal emplazó entonces nuevos cargos en su contra a partir de las mismas acusaciones. Es decir, se le ha juzgado dos ocasiones por los mismos sucesos. En su resolución la ONU expresa su asombro: “es desconcertante y vulnera el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos”.

A partir de que la CIDH solicitó al gobierno mexicano medidas cautelares en su favor, a Nestora se le trasladó al penal femenil de Tepepan. No obstante, su abogado Ricardo Lagunes comenta que sigue sin recibir la atención médica adecuada para sus padecimientos.

Nestora es la mujer que ha tenido el cargo regional más alto como parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).  Esta red de comunidades indígenas, surgida a fines de los años ochenta en la Montaña guerrerense, es emblemática en la defensa del territorio contra el crimen organizado, el despojo de sus recursos naturales y contra la explotación minera. En Guerrero se han emitido más de 700 concesiones mineras, siete de las cuales están en Olinalá.

¿Qué intereses poderosos afectó Nestora para que el gobierno estatal y federal violenten sus derechos de forma tan brutal? ¿Su encarcelamiento tiene como objetivo frenar la expansión de la CRAC en el norte del estado? ¿El asunto de fondo es el control del territorio?

Lagunes piensa que la liberación de Nestora podría resolverse sin necesidad de que interviniera el Tribunal Superior de Justicia. Dice que bastaría con que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) se desistiera de las acusaciones en su contra y sobreseyera el caso.

El gobernador guerrerense Héctor Astudillo Flores, por el contrario, se ha mostrado omiso en hacerlo, al igual que lo ha hecho el gobierno federal. La resolución de la ONU a favor de Nestora, no obstante, los obliga a pronunciarse y a atender la exigencia de su excarcelación.

El Grupo de Trabajo de la ONU turna ahora el caso de la tlapaneca al relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes de la organización internacional.

Si la espiral de impunidad contra Nestora continúa, la presión internacional crecerá contra los ya muy desprestigiados gobiernos mexicano y guerrerense. Mientras tanto, la salud de esta luchadora social disminuye en la reclusión, lejos del territorio que se dispuso a defender.

JSL
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