Otra obra impugnada

Otra de Juan de Dios
La realidad se impuso
Viene Melquiades

Ricarlos I

N uevamente una obra en el Centro Histórico pone en los reflectores tanto a autoridades municipales como judiciales y federales, dada la poca comunicación que se evidencia. Ahora resulta que, a pesar de que el INAH debería ser de los primeros informados cuando inicia una obra privada o pública en la declarada Zona de Monumentos Históricos del Centro, Juan Carlos Machinena ha señalado que no los toman en cuenta para nada.

En este tema en específico, se trata de una obra en una propiedad privada, pero que a pesar de eso queda dentro de la jurisdicción de la Ley de Monumentos, pues al ser declarada la zona como tal en los años 90, todas las edificaciones caen en este mismo rubro. Ha sido esta cuestión la que ha causado ya otros problemas, como la incertidumbre sobre cómo manejar las casas abandonadas, intestadas o cuyos dueños no se han hecho cargo de ellas, cuando varias presentan desgastes estructurales que amenazan a la población.

La edificación en cuestión es una casa frente al hotel Palacio de San Agustín, inaugurado hace unos pocos años por Teófilo Torres Corzo y considerado de alto perfil económico. La fachada del predio se encuentra aún completa, pero vista a la distancia se puede ver claramente una construcción nueva surgiendo de entre las paredes antiguas, como si la fachada ya fuera sólo eso, la fachada, y el resto de la construcción original ya hubiera sido derribada. Es difícil comprobarlo, las ventanas se encuentran tapiadas.

Mientras tanto, Raúl Espínola, el representante legal de los vecinos que buscan parar la obra hasta que sea revisada por el INAH, asegura que las razones esgrimidas por el juez cuarto de distrito son, cuando menos, absurdas, al no querer aplicar el amparo federal que ya se ganó. Este cuarto juez de distrito es ni más ni menos que Juan de Dios Monreal Cuéllar.

Si el nombre le es familiar, es porque ha sido mencionado en éste y otros medios con anterioridad, al haber sido el juez que dejó libre al Piolín, el asesino del agente estadunidense muerto en la carretera 57, por falta de pruebas. También es el que llevó un juicio mercantil en contra de Remy de México y falló a favor de los representados por Jaime Suárez Altamirano, ex secretario de gobierno estatal, costándole 200 millones de pesos a la transnacional, y quien también falló contra el gobierno municipal de Rioverde en el caso contra Margarito Ortiz Saldívar, de nuevo representado por Suárez Altamirano y que mantiene a la alcaldía rioverdense y al gobierno estatal gastando varios millones al año en un caso que, en palabras del actual edil Alejandro García, “fue una mentira hecha legal”.

Y hablando de fallas en la comunicación, ayer por la tarde el secretario de Gobierno dio una sorpresiva rueda de prensa vespertina en la que confirmó lo que en las redes sociales se había estado denunciando: que hay un grupo de delincuentes tratando de secuestrar menores e infantes.

Llama la atención que los encargados de la seguridad estatal y municipal se habían dedicado toda la semana a negar este asunto, defendiéndose con sus propios datos diciendo que, si no hay denuncia, no hay delito.

Además, también confirmó la captura de algunos miembros de la banda que estaba acosando migrantes y que incluso asesinó a uno, aunque al respecto prefirió no extenderse, al tratarse de un caso aún en proceso de investigación.

Y hoy, luego del medio día, el PRI presentará a su nuevo delegado del CEN en el estado. Confirmaron que se tratará de Melquiades Morales, ex gobernador de Puebla, uno de los tres nombres barajados durante la semana, junto con los también ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz, y Ulises Ruiz, de Oaxaca.

 Y mientras tanto, los vecinos del jardín Colón se han dado a la tarea de demostrar al resto de la ciudad la importancia de conservar este espacio. Anunciaron para mañana y el domingo un buen número de actividades recreativas y culturales en el lugar. Van desde simples talleres de manualidades hasta conciertos con artistas locales.

Al respecto, una de las representantes del comité, Adriana Domínguez Castillo, aseguró que estas actividades las efectúan principalmente para, en primer lugar, demostrar la necesidad de mantener el jardín como un espacio libre y de relajación en medio de la ciudad. Y en segundo lugar, fomentar entre vecinos, paseantes y comerciantes aledaños, la unidad y el arraigo con el sitio.