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País de leyes no cumplidas ni acatadas

Carlos López Torres

A propósito del centenario de la promulgación de nuestra Constitución Política, las y los millones de mexicanos sistemáticamente agraviados por el incumplimiento de sus preceptos, hemos sido testigos en diversos momentos de cómo el manejo faccioso, interesado, y el uso de quienes han ejercido el poder en diferentes niveles, sólo ha servido para convalidar todo tipo de arbitrariedades, desacatos y violaciones a nuestras leyes y la Carta Magna misma a la que se le rinde tributo retórico.

En el marco de la celebración estatal del centenario de la Constitución General de la República, el procurador general de justicia del estado, Federico Garza Herrera, dijo en su alocución que se requiere una mejora en la legislación mexicana como una forma de independencia económica, política y social y el encuentro de caminos que lleven al país a ser más justo, consciente de sus desigualdades como nación, respetuoso de sus derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por nuestra nación.

Lo que no mencionó el titular de la dependencia encargada de la procuración de justicia es que frente al discurso oficial prevalece la idea popular de que en este país, y por ende en la entidad, el incumplimiento de algunos preceptos constitucionales y de las leyes que de ellos emanan son cada vez más violentados o incumplidos, en el mejor de los casos.

Más aún, la desobediencia de la delincuencia y su respuesta violenta cada vez más generalizada frente a la autoridad; la falta de investigación de los innumerables ilícitos y crímenes cometidos con frecuencia contra las y los ciudadanos indefensos o presuntos delincuentes entre sí en pugna por la plaza, son un mensaje que fortalece la impunidad reinante en medio de la corrupción que campea el territorio nacional, haciendo nugatorios los derechos humanos de la ciudadanía.

No nos referimos a los grandes problemas o casos que tienen que ver con la ancestral marginación que padecen miles de indígenas en el territorio potosino, o el incumplimiento elemental de los derechos a la educación y el respeto por los derechos de las y los niños; o los relacionados con el derecho a la salud, por citar sólo algunos temas que, no obstante estar legislados no se cumplen.

Ahí está por ejemplo el incumplimiento de algunas empresas azucareras y de cítricos que no conformes con violentar la legislación relativa al equilibrio y respeto al medio ambiente, acaparan el agua mientras la carencia del líquido es evidente o, en el mejor de los casos, los usuarios tienen que consumir agua contaminada.

En algunos casos más particulares, no deja de causar hilaridad, dentro de la gravedad que ello implica, el que la autoridad municipal encargada de la seguridad se lamente de que los choferes del transporte urbano bloqueen el operativo que tiene que ver con la seguridad en el transporte urbano capitalino, aunque reconozcan que no ha habido sanciones para algunos choferes y particulares por su participación en actos ilícitos.

Ante estos hechos uno se pregunta: ¿Será que la aspiración a ser un país de leyes se conseguirá mejorando la legislación mexicana como se sugiere?