Plagio, una parte del problema

Directora del Colsan, cuestionada
Acusaciones de cacicazgo
Camioneros, listos para incumplir

M ientras los profesores de educación básica inician sus movilizaciones para protestar por la aplicación de una evaluación que podría dejarlos sin empleo, con un sindicato y autoridades educativas enviciados y con poca confianza, también en el ámbito de la educación profesional y privada el escándalo de El Colegio de San Luis, una institución reconocida y premiada, ha removido sus cúpulas, con las denuncias a nivel nacional de plagio en diversos trabajos profesionales, y la cerrazón de los directivos a aclarar la situación.

Al respecto, lo único que ha circulado es una supuesta disculpa a nivel interno de la institución a los demás investigadores afectados, difundida después electrónicamente a modo de filtración, en la que Juan Pascual Gay aceptaba la falta de que Guillermo Sheridan lo acusaba en su columna de El Universal.

El texto del mensaje es el siguiente: “Estimados colegas: a propósito de lo publicado por el Dr. Sheridan en el Universal el día de ayer, martes 30 de junio, quiero comentar que antes de su publicación le escribí al autor aceptando la falta de la que me acusaba e informándole de que me encontraba fuera de México.

”Lamento sinceramente el daño causado tanto a cada uno de los investigadores y compañeros de trabajo como a la institución misma Atentamente Juan Pascual Gay”.

Pero este asunto está lejos de ser el problema. Según conversaciones que se han tenido con miembros de El Colegio de San Luis, la casa de estudios e investigaciones está regida por un cacicazgo encabezado por la directora Isabel Monroy Castillo, además de un grupo de colaboradores y “padrinos políticos” que la han vuelto intocable con el pasar de los años.

Esto habría convertido, según esos declarantes que prefieren guardar por ahora su identidad, al colegio en una mera fachada para negocios académicos, siempre beneficiando sólo al grupo afín a los intereses tanto empresariales como políticos de la directora Monroy, y tomando el trabajo de otros para hacer negocio.

Situaciones semejantes a las ocurridas también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuando a la Escuela de Ciencias de la Comunicación se le acusó de plagio para un libro publicado con dinero universitario, en perjuicio de la de la investigadora Leticia Jonguitud.

Desafortunadamente, parece una situación frecuente en la investigación potosina, pues los últimos años también el IPICYT se ha visto envuelto en controversias sobre grilla contra investigadores muy reconocidos a nivel mundial, como los hermanos Terrones, especialistas en nanotecnología que no sobrevivieron al ambiente que ellos mismos denunciaron como “corrupto y manipulador” al interior del instituto científico.

Han pasado ya varios meses desde la orden a los permisionarios de camiones para que se coloque en todas las unidades una cámara de vigilancia, tanto para supervisar el trabajo de los operadores como para tener pruebas gráficas en caso de asaltos contra ellos mismos o los usuarios del transporte público. Una y otra vez se alargó el plazo, e incluso se dieron términos para que cierta cantidad de unidades lleven el aparato.

Aún así, a más de un año de que se aprobara la colocación, y aún siendo parte de las condiciones para subir el costo del pasaje, muy pocos camiones las tienen, y los permisionarios encabezados por Margarito Terán,siguen dando pretextos como la falta de liquidez para poder colocarlas, e incluso dicen que de nada servirían si no están conectadas al C4 de la policía estatal.

A pesar de eso, son los primeros en la lista para la licitación del próximo sistema de transporte urbano, al que las autoridades estatales se niegan a llamar metrobús. Es por eso que surge la pregunta: ¿si no son capaces de cumplir con un requerimiento que hoy es ley, por falta de dinero, qué garantía pueden tener para dar un buen servicio en el nuevo sistema de movilidad?