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Políticos y Autonomía Universitaria

Federico Anaya Gallardo

En comentario previo dije que las IES públicas con autonomía son un tipo muy especial de organismo constitucional autónomo (OCA) porque en su seno hay comunidades de académicos, estudiantes y trabajadores. La exposición de motivos de la iniciativa presidencial que llevó a la reforma constitucional de 1980 en materia de autonomía universitaria decía que el Estado debía “respetar irrestrictamente la autonomía para que las instituciones de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean sustento de las libertades.” Explicaba que las IES autónomas debían “responsabilizarse primeramente ante las propias comunidades y en última instancia ante el Estado.”

Acaso la tragedia más grande del multi-sistema universitario de México es que, en lugar de haberse desarrollado para potenciar las libertades de cada una de sus comunidades académicas, la red institucional que lo ensambla de facto privilegia la comunicación de las élites burocráticas. El dictum de 2014 del ex rector uacemita Manuel Pérez Rocha sobre ANUIES no era injusto. Para él, ANUIES ha sido un mecanismo de control centralista que atenta contra la autonomía universitaria desde al menos 1970. La historia personal de los últimos dos secretarios generales ejecutivos de ANUIES demuestra una íntima relación institucional entre ANUIES, las élites políticas y el gobierno federal.

En octubre de 2012, ochenta rectores de IES reunidos en Puebla designaron a Jaime Valls Esponda vicepresidente del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), un sub-organismo de la ANUIES, elogiando “el desempeño de la Universidad Autónoma de Chiapas en el rubro de la educación, la capacidad de organización que ofrec[ía] para celebrar la XL sesión del organismo” en Tuxtla Gutiérrez en mayo del siguiente año (2013). En la ceremonia estaban presentes el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y el subsecretario federal para educación federal, Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Eso bajo una administración federal panista. (https://www.jornada.com.mx/2012/10/13/politica/016n2pol) Detrás de los elogios recibidos por Valls en Puebla, sin embargo, no había una carrera estrictamente universitaria ni académica. Entre 1990 y 2004 (14 años) Valls prestó sus servicios en las secretarías federales de Hacienda, Educación Pública y Comunicaciones (bajo administraciones priísta y luego panista). En 2005, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrero (un político con una consistente carrera priísta) le invitó a ser tesorero municipal, cargo que Valls ocupó hasta 2006 –cuando Sabines aceptó la postulación del PRD para el gobierno de Chiapas. Sabines ganó y gobernó Chiapas de 2006 a 2012; Valls fue su secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable en 2006 y 2007. En este último año, Valls fue postulado candidato de la coalición liderada por el PRD para el ayuntamiento tuxtleco. Valls fue alcalde de la capital chiapaneca de 2007 a 2010. En este último año, Valls cumplía veinte años de servicio público ligado a la política partidista. Fue entonces que, con el público apoyo del gobernador Sabines, fue designado rector de la UNACh en 2010. En resumen, de los treinta años de su carrera pública, sólo el último tercio ha estado ligado al sistema universitario –y ello, siempre como alto funcionario –no como parte de una comunidad académica.

Vuelvo a la ANUIES. En su XL sesión de 2013 fue electo secretario general ejecutivo Enrique Fernández Fassnacht. En contraste con Valls Esponda, Fernández Fassnacht fue académico de tiempo completo en la UAM por dos décadas (1975-1996). En ese periodo, durante 11 años ocupó diversos cargos académico-administrativos en esa IES, desde coordinador de laboratorios (1977-78) hasta secretario general de la universidad (1989-1993). Las siguientes dos décadas de su carrera (1996 a 2013) están muy ligadas a la federal Secretaría de Educación Pública –específicamente al subsistema de IES politécnicas que se consolidó finalmente en el TecNM. Lo anterior, bajo una administración priísta y dos panistas. Con esta carrera fue que Fernández llegó a ANUIES. Sin embargo, no duró en este encargo ni siquiera dos años. En noviembre de 2014 fue designado director general del IPN bajo una administración federal priísta –con la encomienda esencialmente política de enfrentar y controlar el movimiento estudiantil provocado por el autoritarismo de la anterior titular, Yoloxóchitl Bustamante Díez. (http://www.educacionfutura.org/a-cinco-anos-del-movimiento-todos-somos-politecnico/)

Un dato más. El secretario general ejecutivo de ANUIES que impulsó el documento sobre seguridad del que hablé en mi comentario previo, se llama Rafael López Castañares (periodos 2005-2009 y 2009-2013). Antes había sido rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y posteriormente ha sido director general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL, periodos 2014-2018 y 2018-2022). Hugo Aboites ha demostrado claramente que CENEVAL es una institución engañosa: tiene la forma de asociación civil y, por lo mismo, es en teoría un ente privado. Pero igual que ANUIES está encargada de una función pública: la evaluación y certificación de conocimientos.

En resumen: los cuadros directivos de ANUIES son destacados funcionarios del Viejo Régimen –que siempre escamoteó a las comunidades universitarias el ejercicio serio y pleno del auto-gobierno académico. ¿Cómo es que ahora encontramos a algunos de ellos en la trinchera contraria?

Analicemos con atención la defensa que ha hecho ANUIES de la autonomía universitaria en los quince meses de la Administración López Obrador.

En junio de 2019, el actual rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UASin) se quejó de que en su entidad federativa y en otros tres Estados (México, Veracruz y Baja California Sur) se habían presentado iniciativas ciudadanas para cambiar la ley orgánica de la universidad. (https://www.jornada.com.mx/2019/06/23/sociedad/029n1soc) El funcionario denunció que “cualquier individuo puede armar una propuesta y decir de qué manera quiere que cambien las universidades orgánicamente. Es muy respetable la opinión … pero no cuando esto se hace sin tomar en cuenta primero a las instancias universitarias.” Junto a la defensa de la autonomía tenemos un discurso anti-ciudadano. En este caso específico, con todo, la cuestión es más compleja, pues al menos una de las iniciativas ciudadanas sinaloenses sobre la UASin es apoyada por un exrector, Héctor Melesio Cuén Ojeda (2005-2009). Cosa interesante, en 2016 Cuén fue candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano y un partido estadual fundado por él mismo. Quedó en segundo lugar con 26% de la votación. El caso sinaloense es representativo de muchas entidades federativas, en las cuales el segundo cargo político más codiciado por las élites estaduales, después de la gubernatura, es la rectoría de la universidad estatal. Más allá de la complejidad política del caso, ANUIES difundió las declaraciones del rector de la UASin e hizo “un llamado a los congresos de los estados a abstenerse de reformar las leyes orgánicas de los planteles autónomos.”

Para enero de 2020, ANUIES denunciaba que en otros tres estados (Colima, Puebla y Aguascalientes) las legislaturas amenazaban con reformar las leyes orgánicas de sus universidades autónomas. (https://www.jornada.com.mx/2020/01/08/sociedad/033n1soc) ANUIES insistió entonces en que la normatividad universitaria sólo debería ser cambiada por las propias casas de estudio. Días más tarde, varios rectores protestaron por la reciente reforma a la UANay –en la que se quitaba a la universidad la administración de su patrimonio. A las siete universidades en peligro que ANUIES ya había señalado se sumaron las de Guanajuato, Michoacán, Morelos, Jalisco e Hidalgo. (https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/estados/023n1est)

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) declaró que las iniciativas para reformar leyes orgánicas universitarias deben “surgir de los propios universitarios” recordando que “el pueblo de Guerrero y los universitarios pagaron un costo muy alto (19 personas murieron) en 1960, cuando se conquistó la autonomía universitaria mediante un movimiento estudiantil-popular”. Aparte, señaló que la ley de la UAGro obliga a consultar a la comunidad. (https://www.jornada.com.mx/2020/01/13/estados/026n2est) Semanas después, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQro) declaró que “la autonomía universitaria ha sido siempre una tentación para los diferentes gobiernos, por lo que su defensa es una labor y tarea constante de las comunidades de estas casas de estudio”. (https://www.jornada.com.mx/2020/02/06/sociedad/035n3soc)

A finales de febrero de 2020, Valls Esponda, a nombre de la ANUIES señaló que también en Puebla y Sonora se pretendían aprobar reformas que afectaban la autonomía universitaria. Así las cosas, este movimiento a favor de la autonomía de las IES públicas estaduales abarcaría casi la mitad de los estados federados. Paradójicamente, el 19 de febrero de 2020, Valls Esponda había felicitado al gobernador de Chiapas por nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACh) publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Febrero. Valls afirma en su felicitación que la reforma “consideró los resultados de la consulta realizada a toda la comunidad universitaria”. Sin embargo, al revisar los considerandos de la nueva ley, sólo se dice que la nueva norma estuvo “enriquecida por las propuestas recibidas en los foros de consulta que se realizaron con integrantes de la comunidad universitarias (sic), en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, Chiapas” y que “es importante destacar además la participación recibida por vía electrónica.” Estas consultas, a decir de algunos académicos, no fueron muy extensas ni muy profundas. Cabe sospechar que la calificación de una reforma “buena” o “mala” depende de los vericuetos de la política estadual.

Sólo en algunos casos las reformas han tomado seriamente en cuenta a las comunidades universitarias. En la sección de considerandos de la nueva ley de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), publicada en el Periódico Oficial del Estado suriano el 5 de abril de 2016 (casi un lustro antes del actual debate), cinco páginas se dedican a dar cuenta detallada del debate de tres congresos generales universitarios en los cuales se debatió la reforma que luego fue aprobada por la legislatura estadual. Acaso tiene que ver que en el viejo Sud hubo un movimiento estudiantil-popular y que la autonomía universitaria costó 19 vidas.

agallardof@hotmail.com