Presupuesto cerrado

El secretario de Finanzas de San Luis Potosí, José Luis Ugalde, ha depositado ya en el Congreso del Estado el paquete fiscal para la entidad respecto al 2016. Previamente, el Gobernador aseveró que no habría, en su propuesta, incrementos ni creación de nuevos impuestos. Con lo lastimada que se encuentra la economía doméstica sería un agravio mayúsculo incluir nuevas asignaciones tributarias a la ciudadanía, pero tampoco se acompaña la propuesta de gasto del Poder Ejecutivo de un plan de disminución de percepciones o de ejercicio austero.

El secretario de Finanzas afirmó, además, que no sólo tiene confianza de que su propuesta sea aprobada puntual y fielmente por la asamblea potosina, sino que incluso tiene certeza sobre ese hecho. Es decir, da por sentado que no habrá ajustes que deriven de las deliberaciones propias que tendría que llevar a cabo el Poder Legislativo, en ejercicio de una atribución Constitucional soberana. No, se da por hecho que el Congreso dará simplemente trámite a las indicaciones del gobernador, a la vieja usanza.

Aunque poco pueden hacer las cámaras legislativas locales en la orientación de la economía, es menos aun lo que intentan. Si bien su función principal según la Constitución es la elaboración y modificación de normas jurídicas también deben servir como órgano de fiscalización y control político del Ejecutivo. Y ya que la producción de leyes no es una tarea a destajo, considero que en las condiciones actuales de excesos y actos arbitrarios del Ejecutivo, la función de contra peso es sumamente requerida.

El establecimiento del mecanismo de “presupuestos participativos” en el marco jurídico local podría contribuir a la democratización del gasto público. Así como no basta que la transparencia permita a la ciudadanía saber en qué gastan el dinero las y los funcionarios si no se acompaña de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y sanción de los usos indebidos de los recursos públicos, del mismo modo la ampliación de presupuestos a gasto social y a desarrollo económico es insuficiente si no involucra a la ciudadanía destinataria.

Desde hace ya por lo menos tres décadas, otros países de América Latina como Brasil y Argentina, han incluido en sus instituciones de democracia ciudadana a los presupuestos participativos que son vías para que la sociedad contribuya a las decisiones que determinan en qué y cómo ha de ejercerse una parte del gasto público, especialmente el de contenido social y de servicios.

No es definitivamente una solución final a los problemas de desigualdad, que más bien son resultado del modelo económico, pero si podrían paliar la creciente deslegitimidad sobre el uso del dinero que utiliza la administración pública. Pero sobre todo, tiene valor en la medida en que contribuye a democratizar una de las funciones que tradicionalmente realiza de manera unilateral y cerrada la elite gobernante.

@guillerluevano