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¿Qué tan nueva es la nueva política económica del gobierno?

Arturo Huerta González

El documento del Presidente sobre “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, no tiene nada de nuevo. Es lo mismo que se ha venido instrumentando desde los años ochenta. Desde 1983 ha venido predominando el superávit primario (gasto público menor que la recaudación, excluyendo el pago de la deuda), lo cual ha reducido el tamaño y participación del Estado en la economía y ha incrementado la intervención de la cúpula empresarial en la infraestructura y en los sectores estratégicos, los cuales antes eran exclusivos del Estado. El actual gobierno mantiene dicha política y es la causa de que no hayamos crecido en el 2019 y estamos en una situación de debilidad para encarar la pandemia. Ahora, con la fuerte caída del precio internacional del petróleo, de las exportaciones y del turismo, así como de la especulación de salida de capitales que está generando la pandemia, peor le irá a la economía nacional de seguir dicha política fiscal. A pesar de que dice que “sería un absurdo insistir en aplicar” el modelo neoliberal, “para enfrentar la actual crisis”, en los hechos, lo hace. El discurso es uno, y los hechos son otros. La autonomía del banco central y la austeridad fiscal son políticas neoliberales y además el gobierno actual mantiene el libre comercio y libre movilidad de capitales que son también políticas neoliberales donde el Estado dejar de regular al sector externo y le deja al mercado dicha tarea, donde se favorecen las empresas transnacionales y el capital financiero. Ello nos ha llevado a tener una política a favor del sector financiero y a tener menos industria, a perder la autosuficiencia alimentaria, a aumentar el desempleo y la economía informal, a bajos salarios, y a déficit en el sector externo, que han aumentado nuestra dependencia de entrada de capitales. Ello ha obligado al gobierno a trabajar con alta tasa de interés y recortes presupuestales para evitar presiones sobre precios y el tipo de cambio, lo cual solo favorece a los dueños del dinero, a costa de que ello actúe contra el crecimiento económico y el empleo. Por lo tanto, no hay nada nuevo en lo económico en la 4ª. “T”. Seguimos con más de lo mismo.

El documento dice que “ahora existe una auténtica independencia del poder político respecto al poder económico”. Si fuera así, ¿por qué el gobierno no expande el gasto público para contrarrestar la caída de exportaciones y del consumo e inversión privada y así evitar mayor contracción económica?, ¿por qué no se baja la tasa de interés a 0.0% o 0.25% como muchos otros países? El gobierno no lo hace porque cree que ello sería inflacionario y podría provocar que el capital financiero se salga del país, debido a que éste pierde si se devalúa la moneda. De ahí que sigue subordinado a los intereses del sector financiero y mantiene alta la tasa de interés para que no se afecte la rentabilidad de su capital. ¿Por qué el gobierno no regula el movimiento de capitales para evitar su salida y que especulen contra el peso? Si se evita la salida de capitales, podría bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público para impulsar la actividad económica y la generación de empleo. ¿Dónde está la independencia del manejo de la política económica a favor de los intereses nacionales? Y su respuesta es que las políticas “contra cíclicas” (aquellas que se dirigen a contrarrestar la caída de exportaciones y del consumo e inversión privada) son neoliberales. Parece no darse cuenta o no quiere darse cuenta de que los gobiernos neoliberales, en contexto de crisis, claman por mayor participación del Estado en la economía como ya está aconteciendo–, por mayor gasto deficitario y por bajas tasas de interés para poder salvar la economía. El Presidente dice que ello solo ha favorecido a los ricos y ha aumentado la desigualdad del ingreso. Eso ha ocurrido, pues en la mayoría de los casos los gobiernos responden a los intereses de los poderosos, pero ese no sería el caso del actual gobierno. Las políticas de disminución de la tasa de interés e incremento del gasto público deben actuar a favor de preservar la planta productiva y el empleo, que son la fuente de generación de riqueza, necesaria para el desarrollo. El propio documento reconoce que “debe crearse riqueza porque no puede distribuirse lo inexistente o lo que no se tiene”. Por lo tanto, no debe decir que “no habrá rescates o subsidios” a las empresas, y que se va a rescatar primero a los pobres. El problema es que los pobres más que becas o limosnas, necesitan empleos bien remunerados, y para ello hay que preservar e incrementar la capacidad productiva, por lo que no hay que dejar quebrar a las empresas productivas, pues de no apoyarlas se acentuará la desindustrialización, se contraerá más el crecimiento potencial de la economía y su capacidad para generar riqueza, empleo y bienestar. No se podrá sacar a flote a la economía y remontar la crisis con la política social y con los macro proyectos del aeropuerto, los trenes y las refinerías, ni con el T-MEC, que favorecerá solo a EU. Hay que preservar la planta productiva que ha costado décadas construir y que se está destruyendo y de continuar ello, vamos a una severa crisis, por lo que los objetivos de combate a la pobreza y a la desigualdad del ingreso, quedarán en buenos deseos.

El documento señala que “si se aplica la austeridad como forma de gobierno, puede convocarse también a la colectividad a convertirla en una forma de vida”. Si bien hay que erradicar los privilegios, prebendas y el dispendio, el problema es que si se generalizan los recortes del gasto, se contrae demanda, y por lo tanto la producción y el empleo. El gobierno no puede abrocharse el cinturón y gastar menos en momentos en que están cayendo las exportaciones, el turismo, el consumo e inversión privada y disminuirán las remesas por el desempleo en EU, y si a ello se suma el menor gasto e inversión pública, más disminuye la demanda y la actividad económica.

ahuerta@unam.mx
Profesor del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1975.