Jaime Nava
Aparentemente el alcalde de la capital desea hacerle justicia a las tradicionalmente vejadas arcas municipales al convertirse en el Robin Hood potosino bajo la premisa de que para sacarnos del bache, como prometió en campaña, hay que: “quitarle a los ‘ricos’ para darle a los pobres”. Con ese propósito en mente, el presidente municipal que menos habla en las sesiones de Cabildo, instruyó a quienes le deben sus quincenas a que aprobaran la propuesta de aumentar el valor catastral de las viviendas de los curros de San Luis.
Sin perder su estilo político atemporal Ricardo Gallardo Juárez piensa que al dividir a la ciudadanía levantando un muro económico su popularidad y el proyecto electoral que encabeza lograrán afianzar los futuros votos de un sector de la población sin la necesidad de gastar en garrafones, despensas, útiles o tortillas. Intentar capitalizar el resentimiento social, generado por administraciones anteriores, provocando más resentimiento, división y clasismo, en lugar de favorecerlo puede resultarle contraproducente.
Antes de su elección, Gallardo Juárez conocía el estado de las finanzas del municipio y supo de la existencia de un padrón de deudores de predial en el cual aparecían las empresas y los potosinos que más le debían al ayuntamiento. Ha pasado un año desde que asumió la presidencia municipal y no se conoce ningún procedimiento que haya iniciado y/o concluido con la intención de recuperar el dinero que, durante trienios, otros como él dejaron sin cobrar.
2017 año de la recaudación, parece ser el mensaje que el alcalde les envía a los ciudadanos con el aumento al predial y la promesa de que los operativos antialcohol –tan cuestionados en Soledad de Graciano Sánchez– serían recurrentes en las calles de la capital. Además hay que sumarle la serie de mensajes atribuidos a elementos de la policía vial quienes temen que el director de Policía Vial, Leobardo Aguilar Orihuela, “comience a cobrar cuotas a los policías de la corporación”, según una nota publicada ayer en La Jornada San Luis.
Los mensajes aseguran que tanto Aguilar Orihuela como Julio César Pérez Ramírez de Fuerzas Municipales llegaron a la administración municipal: “por haberle hecho un gran favor a su hijo mientras estuvo en prisión, y que usted (Gallardo) por ello les dio carta abierta para despacharse con la cuchara grande cuando seguridad pública sea de ellos”.
En defensa de los funcionarios salió el vocero oficial de la gallardía, Marco Antonio Aranda Martínez, quien desestimó los mensajes de los policías por tratarse de “anónimos”. Después el secretario general del ayuntamiento declaró que no podría decir ni siquiera si Leobardo Aguilar Orihuela laboró en el penal de Ocampo, Guanajuato, y ahí fue donde conoció a los Gallardo. Con absoluta muestra de cinismo dijo: “no tengo la menor idea, yo nunca entré al penal y si hubiera entrado le podría decir, no porque esté en mi tierra quiere decir que conozco a los policías”.
¿Qué podemos esperar de un ayuntamiento donde los funcionarios de primer nivel no se conocen entre sí? Marco Antonio Aranda Martínez debería pedirle a “don Ricardo” –así le dice él– que le presente a sus amistades para que la próxima vez que le pregunten pueda emitir una respuesta a la altura de la ciudadanía para la que, supuestamente, gobiernan.
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@JaimeNavaN
