Jaime Nava
La palabra gallardía se ha puesto de moda últimamente tanto para identificar presuntos actos anticipados de campaña y la promoción personal de la imagen de Ricardo Gallardo Juárez o su “proyecto” político como, igualmente, para que funcionarios perredistas den lecciones sobre la existencia de la polémica palabra en el diccionario y sus distintas acepciones. Lo que han omitido mencionar es que, al menos para los funcionarios de esta administración, la palabra gallardía puede significar: privilegio.
Ejemplo de ello es el director de Relaciones Públicas del ayuntamiento, Fernando Abud Sarquis, que en sus últimos viajes a la ciudad de México gastó más de 47 mil pesos. Monto que el empresario conocido como Tatis aparentemente gastó pero que le fue reembolsado por el ayuntamiento de la capital en dos pagos: el primero por ocho mil 437 pesos y el segundo por 39 mil 128 pesos, ambos pagados el pasado 18 de agosto.
Viajar con dinero público no es extraño para el Tatis Abud, durante el trienio como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez del mismo Gallardo Juárez emplearon cantidades similares en varias ocasiones para llevar a cabo “reuniones de trabajo”. En enero de 2012 Gallardo Juárez y Abud Sarquis desembolsaron 36 mil pesos para visitar juntos Long Beach, California. En marzo de ese año Abud Sarquis y Judith Villalobos acudieron a la ciudad de México, para lo cual necesitaron 30 mil 909 pesos.
Fernando Abud Sarquis ocupa el cargo correcto en la administración municipal. La capacidad de Abud Sarquis para aprovechar las “relaciones públicas” con los personajes de la vida política que tienen posibilidad de asignar contratos millonarios le valió para que el actual delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Sigona Torres, le adjudicara de manera directa millones de pesos repartidos en diferentes contratos con el común concepto de “servicio de intendencia y lavado de ropa”.
Otro funcionario privilegiado es Juan Manuel Navarro Muñiz, director de Desarrollo Social, el cual también recibió en agosto 47 mil pesos como reintegro por siete conceptos variados: la “adquisición de cámara fotográfica” o el “reembolso de cja chica” (sic); sin embargo, llama la atención que en la lista de egresos uno de esos siete pagos sea por la cantidad de 10 mil 21 pesos, con número de folio 2746, a nombre de Navarro Muñiz, pero donde debería indicarse el concepto que originó la supuesta restitución se encuentra un espacio en blanco.
Al festival de reembolsos se unieron el titular de Alumbrado Público e Imagen Urbana, Juan José de la Garza Hernández, a quien le entregaron 30 mil 990 pesos, mientras que al director de Seguridad Pública municipal, Antonio Garza Nieto, le regresaron a su cartera 18 mil 840 pesos después de un viaje, la compra de refacciones, y gastos “de pago de tal”, según aparece en la lista de egresos de agosto.
Nuevamente el discurso de la “quiebra” municipal no coincide con el flujo de billetes que demuestran las cuentas públicas del ayuntamiento capitalino. Es difícilmente creíble que un municipio en crisis financiera pueda restituirle a sus funcionarios tales cantidades de dinero con facilidad. ¿Qué pensarán los pequeños y medianos proveedores que desde hace meses esperan el pago de productos o servicios prestados? ¿Seguirán como testigos impasibles de los abusos que se cometen en su contra? Pronto lo sabremos.
“Mi apellido es Gallardo no gallardía” le mandó decir en público el alcalde al Ceepac, mejor dicho, al consejero Martín Faz Mora, horas antes de que apareciera un audio donde el propio Faz Mora le planteaba a un reportero la posibilidad de entregarle documentos sobre el procedimiento que ese consejo electoral lleva en contra de los posibles actos anticipados de campaña que se interpretan de la uniformidad en el mensaje que comparten los ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, el PRD y sus diputados.
No piensen mal, “está en el diccionario” y, como es lógico, de todas las palabras posibles una fuerza “divina” –diría Patricia Véliz– los iluminó a todos para que eligiesen la palabra: gallardía. Y ni empiecen con que es grave la compraventa de audios privados o la intervención telefónica. La culpa es del consejero por intentar que la ciudadanía se enterara de la existencia de un acuerdo que obliga al ayuntamiento a despojarse de la gallardía y que los demás consejeros del Ceepac intentaron dejar bajo llave.
¡¿Cómo se atreve ese consejerillo a salirse de la fila de los garrafones?!
Han pasado 263 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.
¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos
¡Ni un día más en el silencio, ni un día más sin Carmen Aristegui!
@JaimeNavaN
