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Renegridos y epígonos

Federico Anaya Gallardo

Viví en San Luis Potosí entre 2007 y 2009. En alguna ocasión, para entregar una documentación, debí tomar un taxi en varios viajes. Al borde de llegar a mi primer destino, el conductor prefirió cruzar la calle porque un individuo de mala pinta estaba en la esquina. Cuando regresé al vehículo para continuar nuestra ruta, el taxista me comentó que nunca sobra tomar precauciones. Aproveché para señalarle que ser precavido no debía llevarnos a discriminar. (Después de todo, lo que yo estaba entregando era un documento de la comisión estadual de derechos humanos.) El taxista me aclaró que él no discriminaba y aprovechó para contarme cómo había aprendido su lección.

Esta es la historia del taxista y cómo aprendió a no discriminar.

Dijo el conductor: “—Un día estaba yo muy presionado porque no había tenido suficientes servicios. Entonces, un muchacho renegrido me solicitó servicio. Yo desconfié mucho, nada más de verlo. Pero la necesidad se impuso. Resultó que, igual que Usted, necesitaba entregar cosas y me pidió varios viajes”. Yo le pregunté al conductor que por qué le dijo renegrido. Me contestó: “—Pues porque andaba vestido todo de negro, con unas bototas de suela gruesa. Así vestido pues yo no le confiaba. Pero ya ve la necesidad.”

Resulta que a lo largo de los tres o cuatro viajes que hicieron, el muchacho le fue contando qué era lo que estaba repartiendo. Eran materiales acerca de la Minera San Xavier, en los que se explicaban las razones por las que el proyecto era ilegal y afectaba a todos los habitantes de la ciudad. El taxista, que tendría unos sesenta años, me dijo: “—Yo no podía creer que así como se veía todo malo el muchacho fuera él tan inteligente. Me convenció de lo que decía y me dejó algún material que luego yo compartí con mi familia”.

Yo le pregunté al taxista que si él había oído hablar del Doctor Nava. Me dijo que por supuesto, que él lo había visto hablar en público y hacer campaña. Y me lo describió: “—Vestido siempre muy normal y muy decente”. Le dije: “—¿Y si el muchacho renegrido estuviese vestido como el doctor?” Me respondió: “—¡Pues más caso le haríamos!”

De nueva cuenta, las tres legitimidades weberianas… Importa el mensaje (lo racional-legal) pero también el modo en que se transmite (lo tradicional) y el carácter del mensajero (lo carismático). El éxito del navismo en sus dos ediciones (1960s y 1980s) fue reunir en una sola persona las tres fuentes de potencia política. Pero este éxito ha resultado también una pesada carga para la sociedad potosina.

El último navismo subrayó mucho más la legitimidad racional-legal. Su proyecto de inclusión de lo que ahora llamamos “sociedad civil” pasó de la condescendiente invitación del gobernador a participar en patronatos (por ejemplo, los de los hospitales y asilos públicos), a normas de observancia general. San Luis Potosí fue uno de los lugares adonde surgió el reclamo de ciudadanización de los órganos electorales. En los 1990 y 2000 la comisión de derechos humanos potosina empezó a experimentar con consejos ciudadanos plurales designados en bloque junto con la ombudsperson –lo que permitía que diversos sectores de la sociedad quedasen representados y acompañasen mensualmente a la persona titular.

Más abajo (y a la izquierda, pese a todo), el navismo potenció las juntas vecinales como espacios de participación ciudadana. Esas juntas, igual que los patronatos, tendían a ser espacios de representación de las personas notables pero, en cada barrio. Más arriba (y a la derecha, pese a la buena intención), ese navismo se convirtió en norma constitucional con la reforma de 1996. Hoy nadie lo recuerda, pero entre 1996 y 2003 se incluyó en la carta magna potosina que los pueblos indígenas eran sujetos de derecho público (Artículo 9 fracción VI), que sus “derechos históricos [están] manifiestos … en sus comunidades indígenas a través de sus instituciones políticas” (Artículo 9 fracción II) y que cada uno de los cuatro pueblos (Teének, Xi’oi, Nahua y Wirrarika) se organiza en comunidades que “son aquellas que forman una unidad política, social, económica y cultural; asentadas en un territorio y que reconocen autoridades” (Artículo 9 fracción III). Nada mal.

Salvo… que al elevar estas buenas ideas al rango constitucional se les alejaba, paradójicamente, de la lucha popular. Robo de banderas, que le llaman. Un ejemplo de lo que digo se dio con la Universidad Comunitaria de San Luis Potosí (UNICOM) creada por decreto el 14 de diciembre de 2002. Se señaló que su sede estaría en Tancanhuitz, en la Huasteca. De acuerdo con el decreto de la UNICOM, el gobierno del estado buscaba “establecer nuevas bases educativas para el San Luis Potosí del siglo XXI” mediante un “nuevo modelo de universidad comunitaria de carácter público” que hiciera de “los sectores organizados de la comunidad protagonistas esenciales del proceso educativo, entendiendo y practicando la educación como una tarea compartida de la sociedad en su conjunto, apoyándose en la cultura y voluntad de progreso de los habitantes de la región en que incide.” (Considerandos del decreto de creación).

La Junta Directiva, que sería la “autoridad suprema” de la UNICOM (artículo 10 del decreto) se conformaría por ocho personas: el Secretario de Educación potosino, el Rector y seis representantes de los municipios de la Región Huasteca (con excepción de Ciudad Valles), organizados en tres subregiones. Los representantes de cada subregión son “designados por el conjunto de los correspondientes titulares del Ejecutivo Municipal” (artículos 10 fracciones I, II y III). Se sobreentendía que los miembros representantes de las subregiones serían seleccionados por los alcaldes a partir de procesos comunitarios de reconocimiento y que de esta manera se aseguraría la participación de los sectores organizados de las comunidades de la zona. Sin embargo, ese objetivo se traicionaba al ordenarse que los seleccionados debían tener como mínimo título a nivel licenciatura (artículo 11 fracción II del decreto) y que el cargo no sea remunerado (artículo 12 del decreto).

Peor: para 2010, el rector de la UNICOM residía en la capital del estado, adonde se encontraban también las oficinas administrativas de la institución. Notar este cambio de eje gravitacional de Tancanhuitz a San Luis Potosí capital. Es el equivalente geopolítico del cambio conceptual del navismo-movimiento popular (1991) a navismo-proyecto constitucional (1996). La declaración solemne de principios en las cartas magnas no sirve de nada si las sociedades siguen desgarradas por los abismos de clase y casta heredados del pasado. ¿Cuántos licenciados indígenas teének, xi’oi, nahua o wixaritari había que pudiesen postularse y servir como miembros honorarios de la Junta Directiva de a UNICOM? El número tendía a cero. Y por ello a nadie le molestó que la sede de una institución de intención comunitaria en la región indígena del Estado se trasladase a la lejana y urbana capital.

Del mismo modo, las instituciones soñadas por las y los navistas que corearon el himno de los esclavos de Verdi se volvieron “propiedad” y “coto exclusivo” de licenciados, maestros y doctores que tenían conexiones adecuadas para llegar a los puestos que se iban abriendo… en el órgano electoral, en la comisión de transparencia, en la institución “x” o “y” que las nuevas teorías de gobernanza iban creando… Cosa interesante esta de sustituir participación ciudadana, movilización popular o gobierno popular por una palabra que recuerda siempre a las contradanzas tan queridas de las aristocracias en el siglo de las Luces. En el modo se ve la intención.

Padrón Moncada criticaba la cooptación del primer navismo por el gobernador diazordacista Rocha Cordero en los 1960. Lo que ocurrió luego de 1993 fue más interesante y más grave. El segundo navismo triunfó y se convirtió en decreto constitucional. Acto seguido, las viejas élites se amoldaron pro-forma a la letra de la ley. Luego se encargaron de vaciar de contenido social las normas. En 2008, la comisión estadual de derechos humanos debió emitir una recomendación porque, en Tamasopo, todas las instituciones habían olvidado consultar a las comunidades indígenas Xi’oi del lugar para organizar la explotación turística del territorio.

Una década más tarde, nos enteramos de una ecuación corrupta que hermanaba a todos los partidos políticos en la legislatura del Estado. El escándalo llevó a la eliminación del fuero de los altos funcionarios, pero inmediatamente los partidos y el gobernador pactaron designar a un fiscal general autónomo que no hiciese nada. No hay fuero, pero tampoco hay acusaciones.

Este ambiente de triunfo podrido es el de los epígonos del Buen Doctor. Administran su nombre y las instituciones creadas en su cauda. Pero no pueden inspirar fervor ni entusiasmo. Y, del mismo modo que sus oponentes priístas, panistas, perredistas, han caído en la corrupción estructural, en la inconsistencia política y… en el descrédito.

¿Habrá aún “muchachos renegridos” que salven la tarde y convenzan al Pueblo Potosino?

agallardof@hotmail.com