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Julio Hernández López

La renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del sindicato nacional de trabajadores petroleros ha reavivado la esperanza popular de que haya castigo a los grandes corruptos del país. La ostentación, por parte del secretario general de uno de los sindicatos más poderosos del país, de la riqueza mal habida y la constante exhibición de su impunidad amparada por gobiernos priistas y panistas a lo largo de veintiséis años de imperio, hicieron del personaje (nacido en Tampico, Tamaulipas, 76 años atrás) uno de los receptáculos más afinados del repudio popular.

La caída de un dirigente sindical poderoso no ha sido, sin embargo, un hecho que altere a profundidad el esquema de relaciones de esos organismos con el poder político en turno. Los ejemplos de Joaquín Hernández Galicia y Elba Esther Gordillo muestran que la sustitución de liderazgos puede quedar solamente en tácticas gubernamentales basadas en las circunstancias del momento. Ahí están los casos de Carlos Salinas de Gortari quien, decidido a asentar su poder tachado de espurio en 1988, dio un manotazo judicial y militar en Ciudad Madero, Tamaulipas, para advertir mediante la Quina el castigo que correspondería a quienes desde el sistema hubieran apoyado o consideraran apoyar el conato de insurrección electoral encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas; Enrique Peña Nieto, necesitado de despejar el camino a su plan de reforma educativa, no titubeó en castigar a la lideresa Gordillo que pretendía retar de forma obstructora el poder de Los Pinos. Ahora, Romero Deschamps no será obstáculo para el desarrollo de los planes petroleros del sexenio en curso.

Vale advertir, por otra parte, que la plantilla de personajes relevantes alcanzados por el conato justiciero de la llamada Cuarta Transformación no ha alcanzado aún al primer nivel o al círculo realmente más cercano a Enrique Peña Nieto, el responsable político e histórico de la combinación de corrupción, injusticia e ineficacia que desfondó al país, según la narrativa trágica que día a día es desplegada ante azorados escuchas nacionales desde tribunas gubernamentales.

Podría decirse que, hasta ahora, los dardos en busca de justicia han pegado en blancos colaterales o no estratégicos: Juan Collado, el abogado de las élites que no es único ni insustituible; Rosario Robles, pieza casi de cacería judicial obligada en este sexenio en función de agravios acumulados; Medina-Mora, el ministro cuya caída permitirá al obradorismo conseguir blindaje numérico de votos ante eventuales golpes judiciales  y ahora Romero Deschamps, cuya gran corrupción no está asociada a ningún grupo presidencial corrupto sino a todos los que le tocaron en razón de calendario.

Sin embargo, la trascendencia de estos casos (Collado, Robles, Medina-Mora, Romero) habrá de depender del impacto que tengan en las estructuras casi institucionalizadas de corrupción y abuso en que se han montado: acabar con los bufetes jurídicos dorados que mediante tráfico de influencias garantizan triunfos en litigios a los poderosos sería una consecuencia plausible en el caso Collado; terminar con el robo de recursos públicos y el uso de recursos asistenciales para fines partidistas, en cuanto a Robles; depurar al poder judicial federal, si se habla de Medina-Mora.

Y el desmantelamiento del aparato de control criminal del sindicato petrolero, en el caso de Romero Deschamps, pues no bastará con el seguimiento judicial (¿blando, rígido?) de las denuncias ya presentadas: hay émulos de Romero, Romeritos, en las secciones sindicales petroleras, y hay Romerotes en las administraciones pasadas de Pemex y en sus firmas afiliadas o concurrentes. La lucha contra la corrupción debe ir más allá de ciertos personajes, por más emblemáticos que sean, e ir a fondo y con sentido de trascendencia histórica. ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.